Panama Ports Company, S.A. (PPC) dio a conocer que inició un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, en virtud del contrato de concesión vigente y conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
De acuerdo con la empresa, la decisión se tomó tras lo que calificó como una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC —filial del consorcio hongkonés CK Hutchison— y su contrato de concesión, la cual —según la compañía— se habría desarrollado durante el último año mediante una serie de acciones que le habrían ocasionado daños graves y riesgos adicionales inminentes.
En su comunicado, PPC señaló que antes de recurrir al arbitraje llevó a cabo esfuerzos para evitar una disputa legal, incluyendo consultas y comunicaciones con distintas instancias del Estado, mientras mantenía la operación portuaria y cooperaba con las autoridades. Sin embargo, indicó que dichas gestiones no obtuvieron una respuesta favorable y que las solicitudes de aclaración habrían sido desestimadas de forma reiterada.
Panama Ports Company S.A. (PPC) comunica que ha comenzado un arbitraje en contra de la República de Panamá, en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. pic.twitter.com/2QKua0mIVH
— Hutchison Ports PPC (@HutchisonPPC) February 4, 2026
La empresa sostuvo que el arbitraje se fundamenta en el contrato de concesión y en el marco jurídico que lo rige, el cual —según PPC— ha sido tratado durante casi tres décadas como un “contrato-ley”, otorgando estabilidad y seguridad jurídica a largo plazo. En ese contexto, PPC afirma que el Estado panameño incumplió obligaciones contractuales y legales, lo que derivó en la activación del mecanismo de resolución de controversias.
Cabe recordar que la noche del pasado jueves 29 de enero de 2026 se informó sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y PPC, empresa que opera los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión del Pleno de la Corte fue unánime y el magistrado ponente fue Carlos Villalobos.
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Como parte del proceso arbitral, Panama Ports Company informó que solicita una indemnización, basada en una evaluación de datos financieros relevantes, así como otros remedios que considere necesarios, al tiempo que aclaró que tanto la empresa como sus inversionistas se reservan todos sus derechos.
En el documento, PPC hace referencia a un comunicado de prensa “irregular” emitido por el Órgano Judicial, relacionado con el fallo que declara inconstitucional la Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, entre otras normas vinculadas al contrato de concesión.
Comunicado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. #panama #ojudicialpanama pic.twitter.com/LZIXhya9pi
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) January 30, 2026
La empresa señala que dicho fallo judicial aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigencia, y que su contenido resulta contrario a decisiones previas adoptadas por la Corte Suprema en relación con contratos similares al de PPC.
Según la compañía, a partir de la mañana siguiente al comunicado judicial, el Estado panameño habría anunciado y desplegado una serie de acciones orientadas a asumir el control de las operaciones portuarias, basándose en referencias a un fallo que, hasta el momento, no ha sido divulgado de manera oficial.
PPC afirma que estas acciones incluyeron visitas e instrucciones inesperadas, así como solicitudes de acceso amplio a instalaciones físicas, información comercial, propiedad intelectual y personal de la empresa, bajo el argumento de la implementación de un plan de transición de los puertos, coordinado por autoridades estatales.
Tras conocerse el fallo de inconstitucionalidad, el Órgano Ejecutivo anunció que APM Terminals Panama, filial de Maersk, se encargaría temporalmente de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras se estructura una nueva concesión.
No obstante, la empresa aseguró que ha continuado operando los puertos y manteniendo comunicación con representantes del Estado, al tiempo que solicitó acceso formal al referido plan de transición para efectos de consulta y coordinación.
En el comunicado, PPC también destacó que, junto con sus inversionistas, ha realizado importantes inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo del talento humano, las cuales —según la empresa— superan las realizadas por otros operadores portuarios en el país. Añadió que estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han contribuido al posicionamiento de Panamá como un centro logístico y portuario de relevancia internacional.
Por último, y pese a los acontecimientos descritos, Panama Ports Company reiteró su llamado al Estado panameño para entablar un proceso a fin de “proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto”.
