La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, plantó bandera desde el inicio de su gestión al referirse al conflicto comercial con Panamá y asegurar que impulsará conversaciones directas con el gobierno de José Raúl Mulino para resolver las restricciones que mantienen limitado el ingreso de productos agropecuarios costarricenses al mercado panameño.
En declaraciones ofrecidas a Telemetro Reporta, Fernández afirmó que no permitirá que continúen las restricciones que impiden el ingreso de productos costarricenses al mercado panameño.
“Voy a ser muy clara en esto: no pienso permitir, y haré todo lo que esté a mi alcance, para que Panamá cumpla con lo que corresponde. Siempre he creído que es un país de libertad y de derecho. Continuar con un bloqueo que impide recibir productos costarricenses, lácteos y cárnicos, a sabiendas de que representa una traba al comercio y afecta una relación histórica de buena vecindad, no procede en estos tiempos”, expresó.
La mandataria indicó que pretende enfocarse en resolver esta disputa en el corto plazo mediante “mesas de trabajo y conversaciones” con Mulino, con quien aseguró mantener una buena relación.
El conflicto comercial comenzó cuando Costa Rica suspendió certificaciones sanitarias a plantas panameñas de los sectores cárnico, lácteo y avícola que exportaban hacia ese mercado. Entre las empresas afectadas figuran Grupo Melo, Grupo Carnes de Coclé, Grupo Mangravita, Nestlé y Prolacsa.
Tras esas decisiones, Panamá aplicó restricciones a plantas costarricenses de productos lácteos, cárnicos y agrícolas bajo criterios sanitarios y de protección de la producción nacional, durante el gobierno del expresidente panameño Laurentino Cortizo.
Posteriormente, Costa Rica llevó el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que las restricciones violaban las normas internacionales del comercio.
Un informe emitido por un panel de árbitros bajo el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC falló a favor del país vecino.
Panamá, sin embargo, apeló la decisión del panel, por lo que el caso todavía no cuenta con una resolución definitiva.
Mientras persiste el conflicto, 26 plantas costarricenses continúan sin acceso al mercado panameño, mientras al menos ocho plantas panameñas permanecen suspendidas para exportar hacia Costa Rica.
El comercio bilateral entre Panamá y Costa Rica supera los mil millones de dólares anuales e incluye productos alimenticios, farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios logísticos.
La postura de Panamá frente al conflicto se basa en la defensa sanitaria, la reciprocidad comercial y la negociación bilateral.
El gobierno panameño sostiene que las medidas aplicadas no fueron arbitrarias, sino decisiones sanitarias y fitosanitarias adoptadas para proteger el sistema agropecuario nacional y garantizar controles equivalentes para ambos países.
Justo después de las declaraciones de Fernández, el ministro de Comercio, Julio Moltó, reaccionó en X. Precisó que, como miembro de la OMC, Panamá tiene los mismos derechos que los demás, y que esos derechos son los que está ejerciendo.
“...Nuestros productores merecen el mismo respeto que los costarricenses, y en eso estoy de acuerdo. Pero, además, las reglas del comercio deben dar oportunidades a ambas partes. Nuestro Gobierno está velando por nuestro sector productivo, y así seguiremos haciéndolo. No los dejaremos solos. Y, como he dicho antes, Panamá está en disposición de sentarse a conversar siempre sobre reglas que apliquen a ambas partes”, sentenció.
Desde el año pasado, Moltó ha insistido en que Panamá busca “reglas claras de ambos lados”, de manera que empresas panameñas y costarricenses puedan competir bajo las mismas condiciones sanitarias y comerciales.
Tras reuniones entre Mulino y el entonces presidente costarricense Rodrigo Chaves, ambos gobiernos acordaron abrir conversaciones para intentar destrabar el conflicto sin prolongar el litigio internacional.
