El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la conformación de un equipo interinstitucional que deberá evaluar y presentar recomendaciones sobre el futuro de la actividad minera en el país.
El equipo será encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó e integrado además por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes estarán encargados de evaluar y tomar una decisión sobre el futuro de este sector.
Navarro ha manifestado públicamente su posición antiminería. Hace un año dijo: “Le tengo buenas noticias: sobre la mina, no hay noticias (...) Veo los temas ambientales, pero ahora mismo no hay noticias; la mina no está funcionando, a Dios gracias, añadiría yo. Mi posición sobre la mina es archiconocida y, en el futuro, cuando en el Ministerio de Comercio e Industrias se tomen decisiones, se anunciarán y se consultarán con el Ministerio de Ambiente”.
La posición de Moltó, desde el Ministerio de Comercio e Industrias, ha sido enfocar el debate en que los recursos minerales son propiedad de Panamá, reconociendo que el futuro de la mina es, después de la Caja de Seguro Social, el segundo tema más importante del país.
A Chapman le han señalado que, a través de la firma Indesa, de la cual era socio, realizó un estudio sobre la mina antes de ser ministro. El titular de Economía se ha defendido advirtiendo que el análisis se centró en el impacto económico de Minera Panamá como una operación ya existente, y no en la conveniencia o no de la actividad.
En una entrevista con La Prensa en 2023, al ser consultado sobre si Panamá necesitaba la minería metálica, Chapman sostuvo que lo correcto habría sido realizar un análisis integral sobre la conveniencia de desarrollar esta actividad en el país, considerando no solo los aspectos económicos, sino también los sociales, ambientales y humanos, entre otros. Según señaló, ese análisis nunca se hizo.
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Mulino, que está de gira por Grecia, hizo el anuncio de la conformación de la comisión técnica en un video divulgado por la Presidencia de la República este jueves 4 de junio.
El pronunciamiento de Mulino se da sin que se haya entregado el informe final de auditoría sobre Minera Panamá y Cobre Panamá.
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El proyecto minero Cobre Panamá, ubicado en Colón, está cerrado desde enero de 2024 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró, el 28 de noviembre de 2023, inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá para la explotación de este recurso.
“De la misma manera que se hizo con los puertos, trabajaremos de manera responsable escuchando a quienes saben, conocen y tienen experiencia en la materia para poder tomar las mejores decisiones a favor del país y de su gente”, afirmó el presidente.
Se esperaba que a finales de mayo se entregara el informe final de la auditoría integral del proyecto Cobre Panamá, que estuvo a cargo de Minera Panamá, pero fue aplazada sin una nueva fecha definida luego de que la empresa SGS Panama Control Services Inc. (SGS) solicitara una prórroga.
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La decisión frenó temporalmente la expectativa de distintos sectores de la ciudadanía que aguardaban conocer los resultados de la evaluación técnica, ambiental y operativa de la mina.
Según el Ministerio de Ambiente, la firma consultora argumentó que requiere más tiempo para completar verificaciones de última hora y organizar los anexos que respaldan el documento final.
Este mes, en tanto, se cumple el plazo que el propio presidente José Raúl Mulino había proyectado con respecto a la reapertura o no de la mina.
El pasado mes de enero afirmó que esperaba comunicar en junio la decisión gubernamental sobre la mina Cobre Panamá.
“Yo espero y confío que para junio anunciamos al país la decisión tomada por el Gobierno” respecto a la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, declaró Mulino.
Desde el mes de abril, en paralelo, el Mici autorizó a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar el material rocoso ya extraído y expuesto en la mina Cobre Panamá, en Donoso.
La decisión fue sustentada en evaluaciones técnicas que advirtieron riesgos ambientales asociados a la exposición de más de 38 millones de toneladas de material, cuya permanencia a la intemperie podría generar drenaje ácido y afectar suelos y fuentes de agua.
La medida no implicaba la reactivación de la actividad minera, sino una acción puntual para mitigar riesgos ambientales y preservar la estabilidad del sitio.
