El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) autorizó el procesamiento del material rocoso de la mina Cobre Panamá, según informó el ministro Julio Moltó.
El funcionario destacó que la resolución final que permite remover y procesar el material acumulado en la mina de Donoso forma parte de una medida que reglamenta la actividad minera.
Explicó que esta medida, que responde a una necesidad de mitigar los riesgos ambientales derivados de la permanencia prolongada de estos materiales, es un paso clave para abordar las consecuencias del cierre de las operaciones mineras en 2023.
Se espera que esta resolución autorice el procesamiento de más de 38 millones de toneladas de material rocoso.
Este material, una vez procesado, generará alrededor de 70 mil toneladas de concentrado de cobre según ha estimado el MICI y la empresa Cobre Panamá.
Cabe recordar que en enero de este año, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la exportación de ese material rocoso y del concentrado de cobre acumulado en la mina de Donoso, aclarando que esta medida no significaba la reapertura de las operaciones mineras en el país.
En los últimos informes preliminares de la auditoría ambiental del proyecto minero de Donoso, se ha advertido sobre el riesgo para el medioambiente, del material rocoso expuesto que puede generar contaminación en el aire y en las aguas.
Lea tamibén: Auditoría de la mina de Donoso alerta sobre riesgo ambiental por material expuesto
MICI con nuevas atribuciones legales en materia minera
El Decreto Ejecutivo No. 5 publicado en la Gaceta Oficial 30497 A del 1 de abril de 2026, reglamenta las medidas para eliminar condiciones peligrosas derivadas de las operaciones mineras y otorga al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) nuevas facultades para intervenir, supervisar y ordenar acciones sobre materiales y residuos que representen riesgos ambientales o para la salud.
En específico, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) tendrá entre las atribuciones la posibilidad de realizar inspecciones, solicitar información, contratar especialistas y limitar el acceso a áreas afectadas, así como aprobar y fiscalizar los planes de manejo que presenten las empresas operadoras.
Además, el MICI queda facultado para autorizar no solo el procesamiento del material, sino también su transporte, exportación o disposición final cuando sea necesario para eliminar riesgos, lo que amplía significativamente su rol en la gestión integral de pasivos mineros.
Descargue el decreto en este enlace:
Adjuntos
101912.pdfEstas competencias incluyen también la verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento, reforzando su papel como ente supervisor en escenarios de cierre o suspensión de operaciones.
En cuanto al manejo de residuos y materiales, el decreto establece que las acciones deberán enfocarse en eliminar condiciones peligrosas como contaminación de agua, aire o suelo, exposición a sustancias tóxicas o inestabilidad geotécnica.
Para ello, se exige la implementación de un Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), que incluya medidas de remediación ambiental, estabilización de áreas afectadas y control de impactos, bajo estándares técnicos verificables.
Por su parte, el decreto establece que la empresa operadora —o la persona responsable— deberá asumir la totalidad de los costos asociados a estas medidas, incluyendo la remoción, tratamiento y disposición del material, así como garantizar la trazabilidad del mismo. También estará obligada a presentar informes periódicos certificados sobre el volumen, origen, procesamiento y destino final de los residuos, lo que refuerza las exigencias de transparencia y responsabilidad en la gestión de los riesgos derivados de la actividad minera.
