Excluir a la marina mercante de las exigencias para demostrar sustancia económica dentro de la reforma al Código Fiscal es una medida viable.
Así lo manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que en esta etapa del debate se están considerando las observaciones presentadas por distintos sectores del país, entre ellas las formuladas por la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), que advirtió sobre posibles afectaciones al registro de abanderamiento de buques.
“Yo me muestro a favor; me gusta la idea de que este sector [la marina mercante] sea excluido de la ley. El proceso de debate avanza a buen ritmo”, expresó Chapman durante el Congreso Internacional de Zonas Francas, que se realiza en ciudad de Panamá.
Representantes de Apademar propusieron ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional que se incluya expresamente en la ley que las sociedades panameñas propietarias de buques y sus actividades no estén sujetas a los requisitos de sustancia económica.
El gremio alertó que obligar a las sociedades vinculadas al registro marítimo a establecer oficinas en Panamá o pagar una penalidad del 15% podría afectar la llegada de nuevas embarcaciones al sistema de abanderamiento panameño.
Chapman subrayó que es posible realizar adecuaciones a la normativa para evitar impactos en este sector, el cual —afirmó— ya demuestra sustancia económica y presencia efectiva mediante cada embarcación que navega bajo bandera panameña.
Asimismo, sostuvo que, si el proyecto de reforma al Código Fiscal es aprobado durante el actual período de sesiones extraordinarias, habría tiempo suficiente para que la Unión Europea evalúe el alcance de la legislación y el cumplimiento de Panamá, permitiendo así la exclusión del país de la lista de paraísos fiscales.
Durante una sesión de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Ocando B., socio director de Deloitte, planteó que el proyecto de ley sobre sustancia económica representa una oportunidad para modernizar el sistema fiscal panameño sin abandonar el principio de territorialidad.
Ocando señaló que Panamá debe actualizar su marco normativo para alinearse con estándares internacionales, tal como lo han hecho otros centros financieros y de servicios como Barbados, Singapur y Uruguay.
Afirmó además que la sustancia económica puede impulsar la generación de empleo calificado, atraer inversión genuina y fortalecer la posición del país como plataforma internacional de servicios.
El especialista defendió la permanencia del modelo de renta territorial y calificó la propuesta como una “Territorialidad 2.0”, al considerar que reafirma la soberanía fiscal panameña.
Viaje a Bruselas
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, dijo también que la reforma del Código Fiscal no es una imposición de la Unión Europea, sino una medida para modernizar la legislación local frente a las exigencias de transparencia que existe y para seguir atrayendo inversiones.
En ese sentido, anunció que viajará a Bruselas los días 18 y 19 de mayo para reunirse con autoridades del servicio exterior de la Unión Europea y presentar la agenda de Panamá, que incluye no solo las reformas legales, sino también los avances para recuperar la tarjeta verde de la pesca y otros temas relacionados con inversiones entre el bloque europeo y Panamá.
“Esta ley confirmará ante la Unión Europea que somos un país confiable para atraer inversiones”, afirmó.
