La pandemia, el cierre de la mina, la incertidumbre sobre la ley de intereses preferenciales en varios períodos gubernamentales, el cierre de calles y protestas y la pérdida de incentivos han provocado un descenso paulatino en la actividad de la construcción en los últimos años, lo que ha generado a su vez una pérdida de empleos que alcanza a los 40 mil desde el año 2018.
Así lo advierten estudios realizados por el Consejo Nacional de la Vivienda (Convivienda) con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que reflejan que para el año 2018 la población ocupada en el sector de la construcción sumaba 189,839 personas, para el año 2020 hubo un descenso para alcanzar las 138,729 y al término de 2025 se ubicó en 152,543 trabajadores, es decir, aún no se han recuperado los empleos perdidos hace 8 años.
El análisis presentado por el economista Eric Molino, menciona que solo en el año 2025, el valor de las construcciones se contrajo 38.8%, reflejando una caída más acentuada en Arraiján (-86.1%), Chitré (-43.3%), Panamá (-36.3%) y Santiago con una reducción de 21.7%.
Molino Ferrer agregó que actualmente, hay factores adicionales que podrían profundizar la desaceleración del sector como nuevas cargas impositivas.
Explicó que la introducción de nuevos costos, como el cobro del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) a las viviendas nuevas, impacta directamente la dinámica de compra, en un mercado que ya muestra señales de debilidad en ventas y en generación de empleo.
El especialista advirtió que, a diferencia de otros productos, la vivienda en Panamá es altamente sensible al precio, debido a su nivel de asequibilidad.
“Al panameño promedio le toma cerca de 10 años comprar una casa”, señaló, lo que implica que cualquier incremento adicional puede reducir significativamente la demanda y retrasar decisiones de compra en un contexto económico ya presionado.
A esto se suma una limitación estructural del financiamiento: el impuesto ITBI no es cubierto por la banca, lo que obliga a los compradores a asumir un mayor abono inicial.
Según se explicó, este factor puede excluir a una parte importante de la población del acceso a la vivienda, especialmente en segmentos con ingresos más bajos, donde la capacidad de ahorro ya es limitada.
Detalló que una persona que gana menos de $800 mensuales —grupo que representa una parte significativa de la población— tiene más del 50% de su salario comprometido en deudas, lo que limita su capacidad de ahorro. Aun destinando el 5% de sus ingresos, le tomaría cerca de 34 meses reunir el dinero necesario para cubrir costos iniciales asociados a la compra de una vivienda, lo que en la práctica la deja fuera del mercado formal inmobiliario.
Desde el sector, también se advirtió que este tipo de medidas puede incidir en una caída en la inversión. Elisa Suárez, directora de Convivienda, sostuvo que los costos adicionales terminan trasladándose al precio final de las viviendas, lo que no solo afecta al comprador, sino que reduce la rotación de proyectos y desincentiva nuevos desarrollos en un momento en que la oferta ya viene disminuyendo.
“Tenemos una afectación enorme en el sector de la construcción. Este impuesto generará menos construcciones y si invertimos menos tendremos menos empleos y menos desarrollo económico”, advirtió Suárez.
Impuesto a las viviendas nuevas asfixia a compradores y constructores
En ese sentido, coincidieron en que el deterioro del sector no responde a un solo factor, sino a una acumulación de choques en los últimos años.
A la caída en el valor de las construcciones y el empleo se suman elementos como el encarecimiento del financiamiento, el aumento en los costos de materiales y la incertidumbre regulatoria, configurando un escenario en el que nuevas cargas podrían agravar la tendencia negativa que ya reflejan las cifras del sector.
Recalcaron que es importante incentivar a la construcción que tiene un efecto positivo en la economía y en la recaudación de impuestos. “De cada dólar que se genera en la construcción, se aporta a la economía $2.34 en el producto interno bruo más $0.24 en pago de impuestos”, destacó Molino Ferrer.
Menos hipotecas
Otro indicador que refleja la contracción es la caída de la demanda de créditos hipotecarios.
Precisaron que al cierre del primer trimestre de 2026, la demanda de financiamiento para vivienda muestra una contracción superior al 40% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos de la Superintendencia de Bancos.
Esta reducción evidencia un enfriamiento en la intención de compra, en línea con la desaceleración en las ventas de unidades habitacionales y la menor ejecución de proyectos inmobiliarios.
Los especialistas explicaron que esta disminución responde a una combinación de factores, entre ellos el aumento de las tasas de interés en los últimos años, la pérdida de empleos y la incertidumbre en torno a la Ley de Interés Preferencial que se presentó en 2025.
A esto se suman nuevas cargas que elevan el costo de adquisición como el ITBI, lo que retrasa la decisión de compra y reduce la capacidad de los hogares para calificar a un crédito, profundizando así la contracción del sector inmobiliario.
Reiteraron que el impacto fiscal del nuevo impuesto ITBI podría ser negativo en términos netos.
Según el análisis presentado, aunque el Estado podría recaudar alrededor de $37 millones en un escenario optimista, la contracción en la actividad del sector provocaría una caída mayor en otros ingresos tributarios, como el impuesto sobre la renta, el ITBMS y las contribuciones vinculadas al empleo.
En ese sentido, advirtieron que la medida podría terminar generando una pérdida superior a los $123 millones en recaudación, además de reducir significativamente la actividad económica asociada a la construcción con una pérdida estimada de $1,300 millones, por lo que solicitan al Ministerio de Economía y Finanzas, que reconsidere este tema y se restaure la exención que existía para viviendas nuevas.
