La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exhortó a todos los contribuyentes a realizar una autoevaluación de su situación tributaria, en particular aquellos que hayan recibido pagos en exceso, cesiones de créditos o créditos fiscales no aplicados.
La entidad advirtió que, de encontrar inconsistencias, los ciudadanos deberán acudir a la Administración Tributaria para recibir orientación y presentar la documentación que respalde sus operaciones.
El llamado se enmarca en la facultad legal que tiene la Administración Tributaria, según el Artículo 84 del Código de Procedimiento Tributario, de revocar o declarar la nulidad de actos administrativos relacionados con cesiones de créditos cuando existan elementos que afecten su validez y representen un riesgo para el Tesoro Nacional.
El contexto: investigación por fraude en la DGI
La medida surge luego de que el Ministerio Público (MP) revelara la existencia de una red que manipulaba la plataforma e-Tax para generar créditos fiscales ficticios y trasladar pagos de forma irregular entre contribuyentes.
La semana pasada el MP confirmó la aprehensión de seis personas presuntamente vinculadas con los delitos de blanqueo de capitales e informática, en perjuicio de la DGI, por un monto que asciende a unos $17 millones, pero se estima que este monto puede aumentar hasta los $80 millones en perjuicio del Estado.
Entre los detenidos figuran tres exfuncionarios de la institución, un funcionario activo y dos particulares relacionados familiarmente con ellos. A estas personas se les imputaron delitos contra la administración pública.
La fiscalía reveló que este grupo alteraba la información electrónica de registros sobre el pago de créditos fiscales y desviaban el dinero a terceras personas.
La investigación se originó tras una denuncia anónima que señalaba anomalías en el manejo de cuentas corrientes tributarias. Según el director de la DGI, Camilo Valdés, el esquema consistía en trasladar el dinero que un contribuyente A utilizaba para pagar su deuda fiscal a favor de un contribuyente B, beneficiándolo de manera indebida.
Valdés añadió que la institución recibió quejas de ciudadanos que detectaron la anulación de boletas de pago en sus cuentas sin autorización, lo que generó un ambiente de desconfianza hacia la Administración Tributaria.
Acciones y consecuencias
El director de la DGI precisó que las pesquisas están en manos del Ministerio Público, mientras que el MEF anunció que presentará una querella formal para colaborar con la investigación penal y aportar evidencia.
Entre las consecuencias del esquema detectado destacan:
La pérdida de confianza de los contribuyentes en la DGI.
Distorsión en los registros financieros y tributarios.
Reducción en la recaudación efectiva de impuestos, afectando los recursos del Estado.
Finalmente, la DGI advirtió a los contribuyentes y asesores fiscales que sean cautelosos con las ofertas de compra de créditos fiscales, verificando su legitimidad y trazabilidad, para no verse involucrados en esquemas fraudulentos que conlleven sanciones administrativas o penales.
