Suiza, 21 de enero de 2025.
José Raúl Mulino llegó a Davos, un pequeño cantón en los Alpes, para participar en el Foro Económico Mundial, dispuesto a buscar “oportunidades de inversión”. Con él estaban el asesor presidencial para temas logísticos, Alberto Alemán Zubieta, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez.
Su primera cita, nada más aterrizar, fue con Vincent Clerc, CEO de la naviera Maersk, el cliente más importante del puerto de Balboa, entonces operado por Panama Ports Company (PPC), filial local de la hongkonesa CK Hutchison.
Allí, Mulino le preguntó si su compañía estaba dispuesta a asumir la administración temporal de Balboa, en el Pacífico, ante una eventual salida de PPC. Clerc, sin dudarlo, respondió afirmativamente.
Dos días después, el presidente y su comitiva repitieron aquel ejercicio, pero en Zúrich, donde tenían una cita con Diego Aponte, presidente de Mediterranean Shipping Company (MSC). ¿Por qué buscaron a MSC? Porque si Maersk es el principal usuario de Balboa, la italiana lo es de Cristóbal, el otro puerto de PPC, en la costa atlántica. También están en PSA Panamá, la terminal que está en Rodman, frente a Balboa.
Cuando Mulino quiso saber si MSC estaría dispuesto a operar Cristóbal, la respuesta de Aponte fue inmediata: “mañana”.
Pero pese a la disposición de Maersk y MSC, el gobierno panameño todavía no había decidido qué hacer con PPC. En el interín, ocurrieron otros acontecimientos determinantes: el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal fue demandado ante la Corte; el presidente estadounidense Donald Trump denunció (sin pruebas) que China tenía control sobre el canal y los puertos panameños; el fondo BlackRock anunció la compra de las 43 terminales operadas por CK Hutchison (incluidas las dos panameñas), y la auditoría de la Contraloría destapó que el Estado había dejado de percibir, por lo menos, $1,337 millones en cánones y regalías.
“Hemos estado viendo todas las opciones, algunas locas”, remarcó Mulino este lunes, en una reunión en la Presidencia de la República con representantes de los medios de comunicación, para explicar la hoja de ruta adoptada, cuya planificación tardó más de un año, a fin de evitar errores del pasado.
“El precedente de la mina [de cobre en Donoso] no fue bueno.... Es un referente obligado”, dijo.
En ese afán, recordó que el año pasado hasta hubo reuniones (en Nueva York y Washington) con CK Hutchison y un representante del gobierno de China, quien se quejó porque nadie había avisado al Partido Comunista Chino sobre la intención (ya fallida) de vender los puertos a BlackRock. Ahora se sabe que Panamá tampoco fue informada de esa presunta transacción, pese a que el Estado es dueño del 10% de las acciones de PPC. Mulino opinó que esa participación accionaria es “cosmética”, ya que su supuesto socio no le comparte ni los estados financieros.
La relación estaba tan maltrecha, que el Ejecutivo incluso consideró proponer a la Asamblea Nacional un proyecto para modificar el contrato ley de PPC. Al final, optó por esperar a que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunciara.
El pronunciamiento ocurrió finalmente el 29 de enero pasado.
Ese día, la Corte declaró inconstitucionales el contrato ley, las adendas y las resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, en el año 2023, prorrogaron la concesión de PPC hasta el año 2047. “El efecto de esta decisión de inconstitucionalidad debe ser interpretada en el sentido que no existe concesión”, anotó la Corte en una decisión unánime.
La suerte de PPC quedó echada, cuando ese fallo fue publicado en la Gaceta Oficial del 23 de febrero de 2026.
A Mulino le preocupa ahora que alguien empañe el proceso o saque interpretaciones equivocadas. Insiste en que el decreto ejecutivo que ordena la ocupación temporal de Balboa y Cristóbal no implica una “nacionalización” de los puertos. De hecho, el Consejo de Gabinete ha sido convocado a sesión para expedir la autorización que permita a la AMP celebrar contratos temporales con APMT Panamá (filial de Maers) y TIL Panamá, a través de su casa matriz Terminal Investment Limited (TIL), brazo portuario de MSC, mientras se prepara una licitación internacional a fin de encontrar un operador privado para cada puerto.
Este proceso debe completarse en 18 meses o menos.
“Vamos a salir de este enredo lo antes posible”, pronosticó Mulino.
Adjuntos
Decreto Ejecutivo 23.pdf¿Por qué se optó por este “plan de contingencia” y no por convocar de una vez a un acto público?
“Es imposible hacer una licitación sin tener información”, dijo Mulino.
Además, es necesario realizar un inventario de bienes. Aunque PPC sostiene que ha hecho inversiones por $1,800 millones (que es la base de uno de los dos arbitrajes que ya presentó contra Panamá), el presidente contó que las condiciones de esos equipos no son las más óptimas, empezando por las grúas, que no tienen capacidad para atender buques neopanamax. Como PPC no puede llevarse los equipos ni capitalizar sus inversiones, el Ejecutivo resarcirá a la empresa, “si ese es el caso”.
Ambos contratos, que son un “espejo” el uno del otro, podrían ser firmados, refrendados y publicados en la Gaceta Oficial este mismo lunes. De momento, el control de los puertos lo tiene la AMP y ambos siguen funcionando.
Alemán Zubieta, quien ya sostuvo una reunión con los trabajadores de Balboa, aseguró que los operadores temporales asumirán todas las prestaciones laborales; no se prevé la destitución de nadie. Con él estaba la directora de Recursos Humanos de PPC, la única ejecutiva de la portuaria que se quedó “a dar la cara”. La “plana mayor” se marchó de Panamá hace dos semanas.
El asesor presidencial calcula que ahora el Estado podría recibir aportes por $100 millones en 18 meses, producto de cánones, regalías y alquileres, puesto que dentro de los recintos portuarios hay varias empresas subcontratadas por PPC, que ocupan tierra del Estado y que hasta ahora no habían compartido un real de sus ganancias. Ni siquiera pagan el impuesto sobre la renta. Ese es el caso, por ejemplo, de ServiEstiba.
Esos aportes calculados por Alemán representan una cantidad proporcionalmente superior a la que habría recibido Panamá si se hubiese mantenido el contrato inconstitucional. Con PPC, en 29 años de relación, el Estado solo percibió $483 millones, causándole un perjuicio al país de $853 millones, según la auditoría de Contraloría.
El presidente Mulino planea dirigir un mensaje al país este lunes, a las 6:00 p. m.
