Panamá ha dejado de percibir unos 1,337 millones de dólares por los contratos suscritos entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), tras una desventajosa negociación del contrato de concesión suscrito con esta empresa.
Así lo reveló el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, durante una conferencia de prensa, en la que también reveló que el Estado solo percibió 483 millones de dólares, causándole un perjuicio al país de 853 millones de dólares.
“Ahora, eso no es culpa de la compañía... o puede tener parte de culpa. Ahí es culpa de mucha gente, malos panameños, que entregaron lo que no tenían que entregar, negociaron muy mal, y tiendo a pensar mal”, subrayó.
Hasta este punto, Flores hacía un recuento financiero de lo que implicó la derogación de cláusulas del contrato, a través de una resolución ministerial firmada por el entonces ministro de Comercio, Joaquín Jácome, en el año 2002.
Pero Flores fue más allá y dijo que la empresa, además, ha incurrido en “incumplimientos” y habría manipulado la información financiera para no entregar al Estado lo que le correspondería con un contrato ya desventajoso para el país.
El contralor precisó que PPC hacía transacciones con empresas relacionadas, lo que provocó que dejaran de pagar al Estado 300 millones de dólares.
“Esta es una compañía que, entre más hace, menos gana. Pero lo que ocurre es que la empresa que menos gana es, precisamente, aquella en la que Panamá es socia”, expresó el contralor general de la República.
Remarcó que el Estado panameño no es socio de las distintas compañías que operan dentro del recinto portuario y que, en muchos casos, hacen las veces de lo que PPC debía realizar.
El contralor continuó señalando que en la empresa donde Panamá posee un 10% de participación, es decir, PPC, se generan cada vez menos ganancias, a pesar del aumento en el número de TEU movilizados (unidad de medida estándar utilizada para calcular la capacidad de carga de buques, puertos y terminales). “Yo puedo suponer que eso está ocurriendo allí. Este es un tema muy delicado”, advirtió.
“Panamá tiene que manifestar su palabra como lo está haciendo hoy, porque hay hallazgos importantes que arrojan sumas más de 300 millones que nos adeudan por incumplimientos en el contrato. Vamos a una renovación que tampoco cumplió con todos los procedimientos de ley, ni cuenta con el refrendo de la Contraloría”, arremetió Flores.
El contralor explicó que la primera auditoría realizada a PPC se llevó a cabo de manera virtual, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. En esta segunda revisión −añadió−, no ha habido cooperación por parte de la empresa.
Flanqueado por sus directores y desde las oficinas de la Contraloría General de la República, en la avenida Balboa, el contralor anunció que próximamente se van a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a quienes permitieron la renovación de un contrato que calificó de “leonino”.
En el caso de los vehículos —cada vez que baja uno hay que pagar, creo, 6 dólares— la compañía recibió 118 millones de dólares en concepto de ese cobro, pagados por las empresas. Sin embargo, ellos se volteaban y le pagaban a Panamá apenas 10 millones de dólares. Es decir, de los ingresos totales generados por esta compañía en el país, Panamá ha recibido escasamente el 9%. Ni siquiera con eso han cumplido, expresó el contralor Anel Bolo Flores.
El 23 de junio de 2023, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó la renovación automática del contrato entre el Estado y PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047.
Flores precisó que “la gente” de la AMP de aquel tiempo, cuando se dio la renovación, “malamente usó una auditoría de la Contraloría, donde decía textualmente que se habían hecho sustanciales cumplimientos de las obligaciones básicas del contrato, entre ellas la del aporte o de la inversión de mil millones. ‘Sustancial’, en el término de una auditoría, significa ‘parcial”.
El contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, fue aprobado a través de la Ley 5 del 16 de enero de 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Mediante este acuerdo, la compañía asumió el control de dos de las terminales más estratégicas del país, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, comprometiéndose inicialmente a pagos anuales al Estado que incluían una suma fija de $22.2 millones y el 10% de sus ingresos brutos.
No obstante, en 2002, durante la administración de Mireya Moscoso, dichos compromisos fueron eliminados mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, lo que modificó sustancialmente las condiciones originales del contrato y redujo de manera significativa los ingresos que el Estado esperaba percibir a través de esta concesión.
Tras la conferencia de prensa ofrecida por el contralor Anel Bolo Flores, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un breve comunicado en el que reitera su firme compromiso de mantener una colaboración abierta con todas las instituciones gubernamentales involucradas, en el marco de los procesos de fiscalización relacionados con Panama Ports Company (PPC).
Esta nota se modificó a las 6:25 a.m. de este martes 8 de abril de 2025. Se escribió: Hasta este punto, Flores hacía un recuento financiero de lo que implicó la derogación de cláusulas del contrato, a través de una resolución ministerial firmada por el entonces ministro de Comercio, Jaime Jácome, en el año 2002. Lo correcto es Joaquín Jácome.
