Mientras Panamá discute en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 30-26, que busca aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios ITBMS de 7% a compras y servicios contratados en plataformas como Amazon, Temu, Netflix y Airbnb y al comercio electrónico internacional, varios países de América Latina ya tienen mecanismos para gravar estas operaciones.
El Gobierno panameño calcula que la medida podría generar más de $100 millones al año y ha señalado que el cobro se apoyaría principalmente en transacciones efectuadas con tarjetas de crédito.
La discusión ocurre en un mercado regional en rápida expansión: Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), firma especializada en investigación de mercados de pagos y comercio electrónico en América Latina y otros mercados emergentes, estima que el comercio electrónico de América Latina alcanzó los $769,000 millones en 2025, 21% más que en 2024, y superará el millón de millones de dólares en 2027. Un aumento vertiginoso frente a los $507,000 millones registrados en 2023. Su medición incluye retail, viajes, transporte, delivery, streaming, videojuegos y otros servicios digitales.
La Organización Mundial del Comercio cifra en más de 5 millones de millones de dólares los servicios que se venden en línea.
Costa Rica es uno de los modelos que Panamá está estudiando
Francisco Villalobos, abogado especialista en impuestos, exdirector general de Tributación de Costa Rica y socio de ICS Consultores, explicó a La Prensa que el país pasó de un impuesto de ventas a un IVA más amplio que incorporó los servicios digitales porque estas actividades ya representaban “un fenómeno económico importante que no debería quedar fuera de tributación”.
El IVA costarricense es de 13% y el cobro a servicios digitales transfronterizos comenzó formalmente el 1 de octubre de 2020, según el Ministerio de Hacienda.
El sistema permite que la plataforma extranjera se inscriba y cobre directamente el impuesto o, si no lo hace, que el banco o emisor de la tarjeta actúe como agente de percepción.
Villalobos explicó que Netflix ejemplifica el segundo mecanismo: cuando el consumidor paga la mensualidad con tarjeta, el emisor cobra el IVA y posteriormente lo entrega al Estado.
“Hay dos caminos: un camino en el que pueda inscribirse la plataforma como contribuyente del IVA y entonces hace el cobro del IVA y luego lo entera al fisco, o que no se inscriba y básicamente el pagador [emisores de tarjetas de crédito] funciona como agente de percepción”, señaló.
Según su experiencia, el gravamen no habría provocado una caída apreciable del consumo en Costa Rica.
“Cuando un cliente de Netflix paga la mensualidad con su tarjeta, la tarjeta cobra el IVA y después se lo paga al Estado”, explicó el tributarista tico.
Aunque reconoce que el IVA reduce la capacidad de compra del consumidor final, considera poco probable que un incremento de 13% lleve de forma generalizada a cancelar servicios como Netflix o Uber.
Otros países siguieron esquemas similares, aunque con tasas diferentes. Colombia cobra 19% de IVA a servicios prestados desde el exterior cuando el usuario está ubicado en el país; el proveedor extranjero puede cumplir mediante un procedimiento simplificado ante la DIAN y existe además un mecanismo alternativo de retención.
Chile aplica 19% y desde octubre de 2025 extendió el sistema a ventas remotas de bienes de hasta $500; Argentina grava los servicios digitales del exterior con 21%, México con 16%, Ecuador con 15%, Paraguay con 10%, Perú con 18% y Uruguay con 22%.
En Panamá, las estimaciones disponibles sobre el tamaño del comercio electrónico varían según qué se incluya en la medición y en algunos casos no diferencia entre el los comercios que venden en línea que son locales y los internacionales.
ECDB, plataforma alemana especializada en datos e inteligencia de comercio electrónico, calcula unos $1,315 millones en 2025, con un universo concentrado principalmente en comercio electrónico B2C, es decir, ventas de empresas a consumidores finales.
Por su parte, Mordor Intelligence, firma internacional de investigación de mercados con sede en India, estima unos $2,640 millones en 2025 y $2,850 millones en 2026, porque utiliza una definición más amplia que incluye operaciones B2C y B2B, estas últimas de empresas a empresas.
Adicionalmente, ECDB estima un crecimiento de entre 5% y 10% para Panamá en 2026, mientras Mordor proyecta una expansión más moderada hacia los próximos años.
La necesidad de adaptar los impuestos al consumo digital no es nueva. En 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el estudio Economía digital y tributación: el caso argentino en el marco de la experiencia internacional, señaló que una recaudación adecuada del IVA en operaciones transfronterizas con consumidores se consigue exigiendo a los proveedores no residentes registrarse y pagar el impuesto en el país donde ocurre el consumo, mediante un esquema simplificado.
El documento advertía que las empresas digitales podían participar en mercados sin presencia física, generando pérdida de recaudación y un trato desigual frente a empresas locales, por lo que instaba a que pagaran impuestos. También registraba que Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay ya habían avanzado con impuestos indirectos sobre servicios digitales.
El Banco Interamericano de Desarrollo ya había advertido algo similar en noviembre de 2019. En el estudio Retos para el cobro del impuesto sobre la renta en la economía digital, el BID señalaba que las empresas digitales podían alcanzar “escala sin masa”, es decir, generar ingresos en un país sin presencia física, y que las soluciones multilaterales eran preferibles, aunque anticipaba que muchos gobiernos recurrirían mientras tanto a impuestos sobre ventas y servicios digitales.
El estudio advertía que estos gravámenes tendrían probablemente una recaudación más limitada que una reforma internacional sobre las ganancias, pero podían reducir desigualdades tributarias y servir como transición hacia un sistema más integral.
Más recientemente un artículo de los expertos tributaristas del BID Erivaldo Alfredo Gomes y Ubaldo Jesus Gonzalez De Frutos, expone tres razones para aplicar el denominado IVA digital, es decir, el impuesto al consumo de las compras electrónicas:
Equidad tributaria: los expertos indicaron que al aplicarlo se evitan las ventajas competitivas entre proveedores locales y extranjeros y preserva la neutralidad del impuesto.
El potencial recaudatorio: El impuesto a las plataformas digitales es una fuente significativa de ingresos y su aplicación al ámbito digital permite captar recursos actualmente no gravados.
La soberanía fiscal: Plantean que el impuesto permite a los países recuperar parte del valor generado en sus mercados por empresas digitales que operan sin presencia física y, en consecuencia, no pagan impuestos directos de acuerdo con las reglas vigentes.
Para Panamá, el debate actual recoge precisamente esa lógica: incorporar al ITBMS operaciones que crecieron fuera del esquema tradicional de recaudación y equiparar su tratamiento con el de negocios establecidos físicamente en el país.
