CK Hutchison Holdings advirtió que presentará acciones legales contra APM Terminals, afiliada de A.P. Moller-Maersk, si asume la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal sin su consentimiento. Con esto, CK Hutchison Holdings elevó este jueves 12 de febrero la tensión en el conflicto por los puertos ubicados en las riberas del Canal de Panamá.
La empresa CK Hutchison Holdings Limited informó que notificó formalmente a la República de Panamá el inicio de una disputa bajo un tratado de protección de inversiones, con el objetivo de salvaguardar sus derechos e intereses ante las medidas adoptadas por el Estado panameño que afectan a Panama Ports Company (PPC), su subsidiaria indirecta.
La decisión de la compañía se produce luego de una serie de acciones acumulativas, entre ellas el anuncio de la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de enero que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997 del contrato entre el Estado panameño y la empresa PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
CK Hutchison indica que esa ley ha servido como fundamento jurídico del contrato de concesión y de las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.
En tal sentido, CK Hutchison sostiene que la determinación que declara inconstitucional la Ley No. 5 es ilegal. Aunque el fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor, la empresa afirma que el Estado panameño ha avanzado hacia una salida forzada de PPC y una transición en la administración portuaria, sin claridad sobre los planes operativos.
La compañía recordó que, además de la notificación bajo el tratado internacional, PPC inició el 3 de febrero un proceso de arbitraje conforme al contrato de concesión, medida que ya había sido anunciada previamente.
El consorcio de Hong Kongs indicó que continúa evaluando otras acciones legales, tanto nacionales como internacionales, contra la República de Panamá, sus agentes y terceros que pudieran colaborar en lo que considera actuaciones ilegales.
Advertencia a Maersk y APM Terminals
En su comunicado, CK Hutchison también se refirió al anuncio de la Autoridad Marítima de Panamá del 30 de enero, en el que se indicó que APM Terminals (APMT), afiliada del grupo A.P. Moller-Maersk, asumiría como administrador temporal de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal como parte de un plan de transición.
“CKHH ha notificado a A.P. Moller-Maersk A/S que cualquier asunción por parte de APM Terminals de las operaciones de las dos terminales sin el acuerdo de CKHH causará daños y dará lugar a acciones legales contra APMT”.
Ese mismo día, APMT expresó públicamente su disposición para asumir la operación temporal de ambos puertos.
Ante ese escenario, Hutchison Port Holdings Limited (HPH) notificó el 10 de febrero a A.P. Moller-Maersk que cualquier intento de APMT o sus afiliadas de asumir la administración u operación de las terminales sin el consentimiento de CKHH causaría daños a CKHH, HPH y PPC, y daría lugar a acciones legales contra la empresa.
Asimismo, la compañía advirtió a terceros que se abstengan de participar en cualquier acción que considere ilegal en relación con la operación de los puertos.
Operación depende de la Corte Suprema
CK Hutchison señaló que, pese a la controversia, mantiene su compromiso de proteger a los trabajadores de PPC, evitar interrupciones en las operaciones portuarias y garantizar la continuidad del flujo de buques y carga que transitan por el Canal de Panamá, siempre que las decisiones de la Corte Suprema y del Estado panameño lo permitan.
La empresa indicó que el Estado no ha ofrecido garantías ni claridad sobre el futuro de las operaciones de PPC en Balboa y Cristóbal y que continúa impulsando lo que describe como una paralización o toma forzosa de las operaciones.
Advirtió además que, si la publicación del fallo de la Corte Suprema implica la terminación formal de la concesión, el resultado inmediato sería la imposibilidad legal de que PPC continúe operando ambas terminales.
En consecuencia, subrayó que la continuidad de las operaciones depende exclusivamente de las decisiones que adopten la Corte Suprema de Justicia y el Estado panameño, acciones que —según la empresa— están completamente fuera del control de CKHH, HPH y PPC.
