El Banco Mundial otorgó a Panamá un préstamo de $60 millones para modernizar su sistema catastral, en un intento por ordenar un sistema marcado por años de vacíos en la información territorial, que han abierto la puerta a conflictos, irregularidades y negocios de tierras a precios irrisorios, en los que incluso se han visto involucrados actores políticos.
Los datos actuales suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el propio organismo internacional dan cuenta de una realidad alarmante: solo alrededor del 36% del territorio nacional cuenta con información catastral, en su mayoría desactualizada, y apenas el 19% de las propiedades está titulada, principalmente en áreas urbanas.
Este proyecto, llamado Programa de Transformación del Catastro de Panamá, permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado, donde la información sobre terrenos y propiedades esté consolidada en una plataforma digital compartida, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.
La operación se financiará mediante resultados, es decir, los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas específicas, como mejoras en los servicios catastrales, reducción de tiempos en los trámites y ampliación del acceso a información de tierras confiable y actualizada.
El análisis
Este tema es seguido de cerca por Walter Myers, exdirector del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, quien sostiene que la falta de datos confiables ha derivado en “desatinos administrativos, ventas dudosas y adquisición de tierras de manera no ética”.
Su mensaje es contundente: “Durante muchas administraciones no le prestaron atención a la parte catastral porque, en río revuelto, ganancia de pescador”, explica. En ese vacío institucional, añade, surgieron intermediarios informales que conocían los pocos registros disponibles y sabían cómo navegar un sistema fragmentado.
Ese vacío, advierte, no es solo un problema administrativo, sino una condición que facilita la apropiación irregular de tierras. “Están las condiciones dadas para que eso ocurra”, señala. Como ejemplo, menciona prácticas documentadas en Darién, donde invasores talaban y quemaban áreas protegidas para luego convertirlas en potreros y titularlas: “Miles de hectáreas fueron tituladas de forma fraudulenta. Ese fue el modus operandi desde los años 70, y todavía sigue ocurriendo”.
Por ejemplo, en 2019 la ANATI suspendió 200 solicitudes de titulación en esa región, varias de ellas ubicadas en reservas ecológicas, como el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Matusagaratí, el área protegida de Canglón y la Reserva Filo del Tallo.
Pese a este panorama crítico, Myers reconoce como un paso positivo el reciente impulso para modernizar el sistema catastral, incluyendo el financiamiento internacional aprobado.
La titulación
Durante su gestión al frente de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), José Gabriel Montenegro (2019-2024) dijo que se encontró unas 110,000 solicitudes acumuladas de titulación, en medio de un sistema afectado por trámites incompletos y procesos técnicos deficientes.
“A pesar de la pandemia, logramos titular 32,000 propiedades”, afirma, aunque reconoce que el flujo de nuevas solicitudes es constante y dificulta cerrar la brecha. Parte del problema, explica, no recae solo en la institución, sino también en la falta de documentación por parte de los solicitantes y en la informalidad de algunos procesos técnicos.
Uno de los principales obstáculos estructurales, señala Montenegro, es la precariedad de la información catastral histórica. Gran parte de los registros anteriores a 1948 carecen de coordenadas geográficas y están descritos de forma rudimentaria, con referencias como “desde el palo de mango hasta el río”.
Incluso las titulaciones entre 1947 y 1975 presentan limitaciones técnicas al no contar con sistemas de georreferenciación modernos. “Todo eso está titulado, pero no está incorporado en una base de datos geográfica”, explica, lo que impide determinar con precisión los linderos y abre la puerta a conflictos entre colindantes.
A esto se suma la superposición de derechos en zonas comarcales, que ocupan el 30% del territorio nacional, y áreas protegidas, que representan cerca del 33%, lo que genera disputas complejas, ya que muchas solicitudes de titulación se encuentran dentro de estos territorios. “No es un caso único de Panamá, pero sí refleja lo que ocurre cuando no se hacen las inversiones necesarias en el sistema”, concluye.
La propuesta
Durante la sustentación de su memoria en la Asamblea Nacional, el actual director de la ANATI, Andrés Fernando Pagés, sostuvo que la institución enfrenta retos estructurales como la reducción de la mora histórica, la digitalización de los procesos y la ejecución de un barrido catastral a escala nacional.
No obstante, asegura que estos desafíos ya forman parte de una planificación estratégica en marcha. “Estamos abordando estos temas con una hoja de ruta clara que permitirá fortalecer la institución en los próximos años”, afirmó, al tiempo que se refirió a la aprobación de un financiamiento por 60 millones de dólares por parte del Banco Mundial.
Pagés destaca que la transformación tecnológica es el eje central de esta nueva etapa. A su juicio, la digitalización permitirá mejorar el acceso a la información, aumentar la transparencia y ordenar un sistema históricamente fragmentado.
“Eso va a cambiar el catastro de la República de Panamá”, aseguró. El proyecto, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se ejecutará en un plazo aproximado de 36 meses con apoyo técnico internacional.
“No estamos inventando la rueda, estamos replicando modelos que ya han funcionado en la región”, añadió.
En los últimos años, diversas investigaciones periodísticas de La Prensa han vinculado a figuras políticas, incluidos diputados y exdiputados como Benicio Robinson, en Bocas del Toro; Yanibel Ábrego, en Capira; y Raúl Pineda, en Colón, con procesos de adjudicación de tierras estatales a precios considerablemente bajos.
Estos casos han generado cuestionamientos sobre el uso de mecanismos legales para acceder a terrenos públicos en condiciones favorables, en un contexto marcado por vacíos en la información catastral y un débil control institucional. No se trata solo de la adquisición de grandes extensiones de tierra a precios irrisorios, sino también de su ubicación estratégica: playas, montañas y otras zonas de alto valor.
