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Guatemala declara estado de calamidad por sequía

El Gobierno guatemalteco declaró un estado de calamidad en 16 de los 22 departamentos del país debido a las pérdidas que han sufrido los agricultores ante la sequía que azota a Centroamérica.

Guatemala declara estado de calamidad por sequía
Guatemala declara estado de calamidad por sequía

GUATEMALA, (AP). -El Gobierno guatemalteco declaró un estado de calamidad en 16 de los 22 departamentos del país debido a las pérdidas que han sufrido los agricultores ante la sequía que azota a Centroamérica. "Hoy la nación nos llama para actuar ante un desastre nacional.

Un millón doscientos mil ciudadanos no tendrán alimentos en sus hogares en los próximos meses", dijo el presidente Otto Pérez Molina en un mensaje televisivo.

El mandatario justificó la declaración del estado de calamidad y dijo que de no actuar ahora podrían estar en riesgo las vidas de miles de personas.

Añadió que este tipo de fenómenos, consecuencia del cambio climático, son responsabilidad de los países desarrollados, "y países como el nuestro pagamos las consecuencias".

"La sequía en algunos lugares continúa... Para el jueves pasado ya eran 236 mil familias las que tenían afectación", dijo a periodistas Elmer López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Según el ministro, los departamentos más afectados por la sequía son Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Zacapa, ubicado en la región este del país. También Santa Rosa, Quiché, Baja Verapaz, Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, de las regiones oeste y central y parte de la región sur.

El Gobierno necesita unos 330 millones de quetzales (unos 42 millones de dólares) durante tres meses para atender la emergencia y a los afectados.

Al menos 445 millones de quetzales se han perdido en cosechas de frijol, maíz, ajonjolí, entre otros. El estado de calamidad deberá ser aprobado por el Congreso y entre las medidas que podría tomar está la centralización de servicios públicos, establecer precios mínimos o máximos de productos e incluso limitar algunos derechos constitucionales como el libre tránsito de personas.

 

 

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