La paciencia frente a las ilegalidades, así como la búsqueda constante del bien común, la competitividad, la transparencia y la seguridad en los puertos, representan el compromiso que asumimos como organización y que renovamos cada día.
Hoy, más que nunca, es necesario fortalecer la moral de nuestros colaboradores, quienes han persistido con firmeza en estos objetivos aun cuando el trayecto no ha sido fácil. Su convicción —sostenida a lo largo del tiempo—, de que hacer las cosas bien sí vale la pena, y de que el desarrollo del país se fundamenta en principios claros, nos reafirma que estamos en el camino correcto.
La experiencia también nos ha dejado una enseñanza sencilla pero profunda: las acciones tienen consecuencias. Quien decide obrar mal, tarde o temprano enfrenta el resultado de sus actos. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Por eso, la nación no puede permitirse retrocesos ni volver a prácticas que tanto daño han causado en sectores estratégicos. Avanzar exige coherencia, convicción, responsabilidad y memoria.
Conducir esta nueva etapa —basada en reglas claras, institucionalidad y confianza— implica una responsabilidad histórica que al presidente de la República le ha correspondido liderar. Es justo reconocer los esfuerzos realizados y la firmeza con la que se ha proyectado esta transición.
No obstante, este proceso debe concluir de manera definitiva. Dejarlo inconcluso constituye un grave riesgo para la nación. Mantener vigentes las estructuras creadas por el concesionario saliente, Panama Ports Company (PPC), además de carecer de lógica estratégica, contradice el propósito de la transición. Haber aplicado un enfoque quirúrgico en la etapa inicial pierde todo sentido si falta la voluntad de desmantelar de raíz el esquema institucional que lo hizo posible.
Legitimar los mecanismos que dieron origen a prácticas cuestionables debilita nuestra posición frente al arbitraje internacional, pues rehabilita la imagen de la empresa a pesar de sus reiterados incumplimientos. Los instrumentos para garantizar la estabilidad de la fuerza laboral existen; por ello, no hay razón que justifique prolongar este andamiaje heredado. Permitir su continuidad implicaría validar las irregularidades del pasado. Todo quedaría intacto. Y quien terminaría pagando el costo sería Panamá.
Proteger el sistema nacional portuario y evitar la repetición de prácticas lesivas no es una opción: es un deber ineludible. Con esta premisa, resulta indispensable consolidar y promover la competitividad de la industria marítima auxiliar, pieza fundamental para la eficiencia y el desarrollo del sector portuario, y garantía de un crecimiento sólido y sostenible en el país.
La industria marítima está llamada a alinearse con el beneficio colectivo y el bienestar de la sociedad. El fin de las zonas grises abrirá una nueva etapa: la transparencia generará la confianza y la confianza impulsará la inversión.
“Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación”.