TEMA: venta de tierras

Al primero que las pida y sin mayor trámite, licitación o procedimiento abierto, las autoridades locales de Taboga le venden tierras municipales e islas.

Así lo acordó el Consejo Municipal de ese distrito en el Acuerdo 82 de junio de 2013. Pero no fue hasta el 16 de enero pasado cuando se publicó en la Gaceta Oficial y los taboganos lograron enterarse.

El alcalde de Taboga, José Chirú Alveo, y el presidente del Concejo, Azael Ortíz Rivera, junto con las secretarias del Concejo y la alcaldía, Nilka Ortega y Adriana Batista, respectivamente, firmaron el acuerdo.

Ese documento faculta al alcalde a suscribir la escritura pública por la venta de 6 mil 399 metros cuadrados de terrenos nacionales en la isla Tortolita; 2 hectáreas con 4 mil 200 metros cuadrados en Tórtola, y 147 mil 697 metros cuadrados en la isla de Taboga (ver facsímil). El beneficiario es Ernesto Antonio Bósquez Ditrani.

Pero el asunto no termina ahí. Apelando a desconocidos motivos de “urgencia”, los firmantes respaldaron incluir en los ejidos de este municipio las islas Boná y Chamá, las cuales tendrían un fin similar, pues el acuerdo 165 faculta al alcalde a firmar las escrituras correspondientes para su venta.

Sorprendidos, los taboganos exigieron explicaciones. En una reciente reunión del Concejo –abierta al público– y a la que asistió este medio, las respuestas de las autoridades municipales, en vez de disipar dudas, dejaron más interrogantes.

El encuentro fue hostil. Alcalde, concejales y representantes fueron mezquinos en explicaciones, pero pródigos en amenazas, gritos, manotazos, obscenidades y estigmatizaciones.

Apenas se leyó la carta dirigida al presidente del Concejo –con la firma de 40 moradores en la que piden consensuar la decisión de la venta con los habitantes, conocer los planes para esos terrenos y advierten de la ilegalidad del acto– la reunión se acaloró.

Marcos Delgado, representante de Taboga, fue el primero en gritar que la preocupación de los moradores tenía un trasfondo político.

Otros funcionarios afirmaron que se había cometido un error al redactar el acuerdo, pues lo que pretendían era darle a Bósquez Ditrani la primera opción de compra. También admitieron la falta de consulta, aunque no dejaron de defender lo actuado.

Mientras los residentes de la isla lanzaban preguntas a la sala, el alcalde guardó silencio la mayor parte del tiempo. “El señor Bósquez presentó el proyecto aquí en la isla [y], lo que piensa hacer”, dijo el alcalde para luego agregar que la tierra “no se ha vendido”.

“Vamos a poner unas cañas ahí”, resaltó Aris Herrera, representante de Otoque. “Ese proyecto va a beneficiar a mucha gente en Taboga”, aseguró.

Pero los isleños seguían cuestionando la “venta” descrita en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial No. 27454. Ello generó una amenaza de Delgado.

“Tú dices que se vendió, ve y pon la denuncia y pruébala. Si no [puedes], te vamos a meter preso por bocón. Eres un bocón”, le gritó Delgado a uno de los presentes.

“Si es erróneo, ¿por qué no hay nada aclaratorio? ¿Cómo va a corregirlo?” “¿Por qué en lugar de venderlo, no lo alquilan?”. ¿Usted [alcalde] consideró que el municipio debía autorizarle vender ese terreno?”, preguntaban los taboganos.

“No hemos vendido las islas [...] Tú insistes con la Gaceta Oficial, tienes que creer en nosotros. No somos Juan de los Palotes”, dijo Delgado, pidiendo ignorar lo publicado en Gaceta.

En tanto, el presidente del Concejo dio dos versiones del hecho. Primero expresó: “Si ya los compañeros le dijeron [a La Prensa] que no se vendió, ¿cuál es su insistencia? ¿Usted es la abogada o la juez o qué?”. Por otro lado, en una entrevista concluyó: “Lo vendí en 80 mil dólares”.

¿Es la suma total?, preguntó este diario. Respondió que era un monto cualquiera, que el documento estaba corregido, pero no detallaría el nuevo acuerdo. Luego, enfadado, cerró la llamada abruptamente.

Alcalde se desentiende

Para Chirú, “lo que está mal es la palabra venta”. Debió decir “primera opción de venta”, aunque añadió que en otra reunión del Concejo se establecerá el precio de esas tierras.

En entrevista con este medio su versión fue contradictoria ¿Es un error la venta?, se le preguntó.

“Es lo que dice la Gaceta Oficial”, respondió.

¿Qué pensó que estaba firmando?

“Está muy claro, porque nosotros leímos el acuerdo, y en verdad eso dice: venta, y eso es lo que considero [que es]”, porque cuando se aprobó el acuerdo, eso “era lo que se estaba tratando”.

¿Vender?

“Exactamente”.

Ante la comunidad, los concejales y representantes aseguraron que se corregiría el acuerdo, pero el alcalde lo matizó. Dijo a este diario que solo si el Concejo lo corregía, entonces él lo firmaba.

El afortunado

Y mientras las autoridades se contradicen, Bósquez Ditrani es el afortunado que logró la venta directa en dos islas y 148 mil metros cuadrados en Taboga, una zona de bosque tupido y manglar inadjudicable.

Bósquez Ditrani, de 42 años, es proveedor de la Caja de Seguro Social, a través de compañías que importan productos médicos. Posee varias sociedades anónimas, entre ellas, algunas dedicadas al turismo. Se promociona como profesional independiente de bienes raíces.

En este sector es socio de otro supuesto inversor de bienes raíces al que se le han adjudicado centenares de hectáreas en el país, denunciado por corrupción en dichas adquisiciones. (Lea mañana, los nexos de Bósquez Ditrani).

Según el alcalde, Bósquez Ditrani tiene casa en Taboga y por eso estuvo al tanto de la venta de tierras e islas, pero ni los moradores –con más de 50 años de residir en la isla ni miembros de la Asociación Cívica de Taboga (ACT)– lo conocen.

Los ediles confesaron que ninguno convocó un acto público para vender las tierras o analizar proyectos de desarrollo y lograr el más conveniente.

El asunto tampoco está anunciado en le página web del municipio. El espacio dedicado a “actos administrativos sometidos a participación ciudadana” está vacío.

Se contactó a Bósquez Ditrani, pero dijo estar ocupado y pidió contactarlo después.

A pesar de cinco llamadas a su celular y mensajes de voz, así como recado con su secretaria en su Promotora Prime Destinations, S.A., no respondió.

“Hay muchos taboganos esperando terrenos y no hay tierras ni para una cancha de fútbol ni para servicios básicos, pero sí se venden tierras para un proyecto que se desconoce”, reclamó un miembro de la ACT que, por temor a represalias, pidió el anonimato. Y es que a los miembros de ACT les genera un mal sabor que la venta se dé en la proximidad de las elecciones.

¿Ilegalidad?

Aunque Chirú asegura que la actuación del municipio fue promovida y respaldada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), la Constitución y la legislación del país indican lo contrario.

Según la carta política, el territorio insular “solo podrá enajenarse para fines específicos del desarrollo del país”, y solo en dos condiciones:

Cuando se considere área estratégica o reservada para programas gubernamentales y cuando se declare área de desarrollo especial y se dicte una legislación para su aprovechamiento, siempre que se garantice la seguridad nacional.

La Ley 23 de 2009, que regula la adjudicación en zonas costeras, autoriza la titulación de derechos posesorios existentes y reconoce la posesión con ánimo de dueño a quien ocupe la tierra por cinco años o más. En el caso de las islas Totora y Totorita no existen, pues han estado inhabitadas. Tampoco han estado habitados los 148 mil metros cuadrados de Taboga.

La mencionada ley confiere al Ministerio de Economía y Finanzas la adjudicación de zonas costeras y tierras insulares.

Se contactó en seis ocasiones al administrador de la Anati, Franklin Oduber, a través de la oficina de prensa, y se le enviaron cuatro correos electrónicos, pero evitó pactar la entrevista.