TEMA: S.


Primera dama de México asegura que no tiene nada que esconder

Primera dama de México asegura que no tiene nada que esconder

Hace 12 años

“Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública me siento con la responsabilidad de explicarles, paso a paso, todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación”. Así empieza el video de 7:11 minutos titulado “Precisiones sobre la propiedad de Sierra Gorda 150” que fue subido al sitio web donde se reseñan las actividades oficiales de la primera dama de México. 

Las declaraciones de la primera dama se producen días después de que el sitio de internet Aristegui Noticias publicó que los Peña Nieto Rivera tienen en Lomas de Chapultepec una vivienda valorada en $7 millones –según un avalúo independiente contratado para la investigación periodística–, y que la propiedad legal de la vivienda es de Inmobiliaria del Centro, que forma parte de Grupo Higa, consorcio que realizó varias obras de infraestructura cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México y que, además, forma parte del consorcio que ganó este año la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, y que el pasado 6 de noviembre fue cancelado por Peña Nieto, por las críticas que suscitó. 

La indignación por la noticia de Aristegui se sumó a las críticas y las protestas en todo el país por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de la escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre pasado, a manos del crimen organizado, en contubernio con las autoridades locales, y en el marco de la gira que realizaría el mandatario a China y a la reunión del G20, reuniones cuya participación acortó por la situación en el país.

INGRESOS POR SU CARRERA

En los primeros minutos del video publicado la noche del martes 18 de noviembre, Rivera detalló su carrera artística, la cual, dijo, empezó a los 15 años. Expresó que trabajó 25 años con Televisa, que hizo telenovelas que fueron emitidas en diversas partes del mundo, logrando una alta audiencia, y que realizó varios contratos con Televisa, el último de ellos firmado en 2004. “En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo”, afirmó. 

La artista y hoy primera dama de México destacó que en el marco del último contrato, en 2008 se le otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas 1325 y comenzó a vivir en ella en ese mismo año. Añadió que el contrato que firmó en 2004 lo dieron por terminado –ella y Televisa–, de mutuo acuerdo, en 2010 y que se impusieron obligaciones a ambas partes, y como parte de ellas en junio de 2010 se le pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba –la de Paseo de las Palmas– y, además, se le pagaron 88 millones 631 mil pesos más IVA.
 
Remarcó que para dar por terminado el contrato se comprometió con Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por cinco años, y que esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato, cuyo monto total no estipuló.  

“Así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas”, puntualizó. 

Rivera también indicó que en su declaración fiscal de 2010, año en que celebró el convenio de terminación con Televisa, declaró ante Hacienda ingresos por 131 millones 690 mil pesos (unos $9.6 millones al valor actual) y pagó en impuestos ese año 39 millones 278 mil pesos (unos $2.8 millones al valor actual). 

LA CASA DE LA POLÉMICA

La primera dama enfatizó en que más allá del contrato al que se refiere, durante sus años de carrera artística no solo fue actriz y conductora [de televisión] sino que realizó diversas campañas de publicidad, trabajos por los cuales recibió pagos. Dijo que en 2009 inició la búsqueda de un terreno para construir una casa y reconoció que conoció al ingeniero Juan Armando Hinojosa [dueño de Inmobiliaria del Centro y presidente de Grupo Higa] y que por las actividades inmobiliarias a las que se dedica le comentó que quería adquirir un terreno y construir una casa. Aseguró que acordaron que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a su gusto y con el arquitecto de su elección. 

“Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa celebraríamos un contrato de compraventa. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre de 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de Palmas, se inició la construcción de la casa en el mes de julio de 2010. Tiempo después la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero de 2012 firmé con la inmobiliaria una compra venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados…  En esa fecha se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos (unos $4 millones al cambio actual) a un plazo de ocho años con un interés del 9%. Al día de hoy he pagado un total de 14 millones 343 mil 555 pesos (poco más de $1 millón), monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado”, explicó. 

Añadió que para evitar cualquier especulación, hace público que además es propietaria desde 2005 de un apartamento en Miami, y de un apartamento en Herradura, que adquirió para su mamá en 2007.

“Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias, gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa”, aseguró. 

Por último, informó que tomó la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa porque no quiere que eso siga siendo un pretexto para difamar a su familia y remarcó que aunque no está obligada hacía públicos los documentos relativos a la compra-venta de la propiedad.

Aprueban en primer debate proyecto que beneficia a discapacitados

Aprueban en primer debate proyecto que beneficia a discapacitados

Hace 13 años

El proyecto de ley 626, “que establece equiparación económica para las personas con discapacidad”, fue aprobado hoy, martes 22 de octubre, en primer debate por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia y remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate.

El documento, de nueve artículos, propone la creación de 19 beneficios directos (ver tabla) para las personas con discapacidad que se encuentren certificadas dentro del país por la Secretaría Nacional de Discapacidad; e instruye a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y a la Autoridad de los Servicios Públicos a sancionar a las personas naturales o jurídicas que se nieguen a “prestar los servicios en las condiciones y con las tarifas establecidas”.

Entre los beneficios que establece el proyecto están un descuento del 50% en el precio de entrada general o económica a actividades recreativas o de entretenimiento, y a las culturales y de beneficencia; así como un 20% de rebaja en los medicamentos, en los costos por servicios médicos y técnicos de la salud, en los honorarios por consultas de medicina general, especialidades y quirúrgicas, y en las tarifas por servicios de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, cuando estos sean prestados por centros especializados de rehabilitación privados.

También se establece un descuento del 25% en la facturación del consumo mensual de electricidad, de entidad pública o privada, hasta los 600 kilovatios hora y en el caso de que se exceda esa cifra; un 25% de descuento en la factura de cable tv y los servicios de internet del hogar y en la tarifa de consumo de agua hasta un máximo de 30 dólares.

Tanto en la tarifa de energía eléctrica como en la de agua, los excedentes serán facturados al precio de la tarifa normal.

El proyecto señala, para los servicios de agua, energía eléctrica, internet y cable tv que, en el caso de que la persona con discapacidad sea menor de edad, será necesario acreditar quién es la persona responsable del lugar donde esta reside.

La propuesta también contempla que al momento de alcanzar la edad de jubilación, las personas con discapacidad podrán acogerse a los beneficios que establece la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, que no estén contemplados en el proyecto que actualmente está en discusión.

El proyecto de ley 626 fue aprobado tras cuatro reuniones de trabajo, según señaló la diputada presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, Marilyn Vallarino.

Una de esas reuniones se produjo el pasado 1 de octubre, cuando representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad presentaron su posición sobre el proyecto original ante la comisión.

Dos días después, un grupo de las organizaciones se reunió en las oficinas de la Senadis para llegar a acuerdos sobre la diversidad de beneficios que se habían planteado en la reunión y establecer una lista que fuera viable ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de evitar que de aprobarse el proyecto en la Asamblea este fuera vetado por el Ejecutivo porque el departamento de asesoría legal del Ministerio de la Presidencia considerara que tenía visos de inconstitucionalidad, tal como lo señalaron asesores legales y diputados miembros de la comisión.

De hecho, el diputado Arosemena dijo ese día: “Yo creo que hay toda una serie de conquistas, diría yo, que son totalmente justas pero yo creo que tenemos que dejarlas para un segundo plato, para poder aprobar algo que pueda salir adelante, los pueda beneficiar y después poco a poco vamos analizando cómo vamos a sacar las otras iniciativas”.

Tras aprobarse el proyecto de ley en primer debate, Vallarino agradeció a los miembros de la sociedad organizada su participación.

“Creo que ustedes tienen sus inquietudes, sus necesidades y este es un proyecto de ley que va beneficiar a muchas personas que lo necesitan”, indicó la diputada al tiempo que señaló que llevaría de inmediato el proyecto al pleno para que quedara en agenda y dentro del orden del día para su segundo debate, de ser posible, este miércoles.

Por los grupos que participaron en la discusión, Fanny Wong dijo que había complacencia porque luego de varias jornadas de estudio se dio el primer debate al proyecto.

“Estos artículos recogen lo que se estableció en la reunión del 3 de octubre. Quedaron muchas de nuestras aspiraciones pendientes pero quisimos consensuar algo que fuera para adelante y no tuviera ningún obstáculo porque es un beneficio para las personas con discapacidad y una equiparación económica que de alguna manera busca que tengamos los mismos derechos y capacidades que los demás”, expresó.

Wong pidió a los diputados, en nombre de las agrupaciones, que los ayuden a que este proyecto de ley se materialice lo más pronto posible para aliviar un poco la carga de las familias.

El proyecto de ley 626 modifica el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 88 de 2002 que reglamentó la Ley 42 de 1999 de Equiparación de Oportunidades, a efectos de agregar que, además de los padres, madres y tutores -como lo dice taxativamente el decreto- las personas con discapacidad tienen derecho a 144 horas no computables como permisos personales e incapacidades, para asistir a citas médicas, tratamientos y terapias.

Panamá tiene mucho trabajo por hacer para cumplir los Objetivos del Milenio

Panamá tiene mucho trabajo por hacer para cumplir los Objetivos del Milenio

Hace 14 años

En Panamá no hay niños muriendo en cada esquina pero hay mucho trabajo por hacer en las comarcas indígenas y en las áreas rurales del país en términos de educación, salud y exclusión social.  Así se resumen las palabras de la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Una McCauley, en una entrevista con Prensa.com.

De hecho, se ha dicho que Panamá, como otros países, no alcanzará a cumplir todos los Objetivos del Milenio (ODM) y tiene rezagos importantes en aspectos como calidad de la educación, ofrecer a toda la población en todo lugar y momento la asistencia de salud apropiada, y en distribuir mejor su riqueza de forma que el crecimiento económico que ha estado registrando el país –no menor de 7.5 en los últimos siete años- llegue a todos.

“Los ODM son importante globalmente pero es una medida para decir cuál es el progreso. No se busca premiar o castigar [al país]”, asegura McCauley, quien desde su posición articula los apoyos técnicos sobre esta materia con las instituciones de Gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil que se involucran en el tema niñez.

¿Qué quiere decir para el país no llegar a la meta en 2015? En palabras de la representante de Unicef quiere decir, tal vez, que la inversión en la niñez que realiza Panamá debió haber sido pensada un poco antes y con un presupuesto pensado en resultados y no solo en proyectos.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron el resultado de la Cumbre del Milenio Desarrollada en 2000. En la sede de Naciones Unidas, representantes de 189 países firmaron una declaración y establecieron objetivos y metas sobre pobreza, hambre, educación, equidad de género, salud y ambiente. Hoy, los ODM incluyen 8 objetivos, 21 metas y 60 indicadores que son adaptados a la realidad de cada país.

Desde esa fecha, Panamá  ha presentado tres informes de avances, el más reciente en 2009.

‘SE NECESITA MUCHA CAPACITACIÓN DOCENTE’

McCauley aclara que Panamá avanza bien, que hay muchos indicadores positivos –como el aumento en el registro de nacimientos, el número de niños que asiste a la escuela y termina la primaria y secundaria, el número de niños preescolares que asiste a centros de atención y programas de desarrollo infantil-, no obstante, incluso en esos aspectos en los que el país ha puesto mucho énfasis existe rezago en las zonas más pobres, a las cuales no se está llegando o a las que quizás no se les está hablando en su lenguaje, en función de su cultura, a fin de que se logren los mejores resultados.

Hay políticas públicas buenas y otras que se pueden mejorar, apunta. “En términos de medidas hay mucho que se puede hacer. Hay espacio para asegurar mejor seguimiento de los indicadores de éxito”, indicó.

Otro de los aspectos a los que Panamá –según McCauley- tiene que poner mucho esfuerzo es la calidad de la educación.  Afirma que se requiere mucha inversión para capacitar al docente, para mejorar su preparación académica. De lo contrario, agrega, para 2020 ó 2030 será muy difícil asegurar que los profesionales tengan las capacidades que exigirá un país con el nivel de crecimiento que está experimentando Panamá.

“Es muy complicado en un país como Panamá lograr todos los ODM y requiere una inversión importante [en términos de dinero] en los servicios básicos, una inversión enorme en áreas donde viven los más pobres”, concluyó.

Un ejemplo de lo que hace falta por hacer para disminuir la exclusión social está en la cantidad de personas que viven con menos de un dólar diario: alrededor de 421 mil en 2008, de acuerdo con la Encuesta de Niveles de Vida, citada en el Tercer Informe de los ODM.

Aunque la proporción de la población ha disminuido de 19.66% en 1997 a 12.63% en 2008 (7 puntos porcentuales menos), sigue siendo un segmento amplio de la población que vive en pobreza extrema. En el área rural indígena, para esa misma fecha, el porcentaje de personas que vivía con menos de 57.58%.

Es más, según se lee en el informe La niña indígena y el adolescente urbano: Entre riesgos y oportunidades. Una agenda para la acción (2011), la pobreza extrema en áreas indígenas para 2008 se situaba en 84.8% y la general en 96.3%, bastante superior al registro urbano y al total del país, situación que impacta directamente el acceso de los niños y adolescentes a condiciones adecuadas de salud y educación.

En el video que acompaña esta nota, vea las declaraciones completas de la representante de Unicef sobre los avances de Panamá en el cumplimiento de los ODM, así como el trabajo y los apoyos técnicos que ofrece Unicef al país.

Campañas sucias empobrecen la política y lesionan la democracia

Campañas sucias empobrecen la política y lesionan la democracia

Hace 14 años

Las campañas sucias y negativas, independientemente del efecto que tengan en términos de destrucción del adversario o de daño a su reputación y credibilidad, son realmente perversas también para quienes las promueven.

Así, directo y sin dudar, responde Antoni Gutiérrez-Rubi al preguntársele sobre este tipo de comunicación política, cuyo uso se ha hecho costumbre en Panamá desde la campaña presidencial de 2009 y con la cual se volvió a bombardear a la población luego que la luna de miel entre los partidos Panameñista y Cambio Democrático acabó, hace ya casi un año.

Que la honra del que utiliza esta forma de comunicación política se afecte no es la peor consecuencia de toda esa guerra mediática. Gutiérrez-Rubi, asesor de comunicación y consultor político en España y Latinoamérica, señala que a pesar de ser cierto que las campañas negativas sirven para contrastar muy claramente las posiciones de los candidatos, al perderse la argumentación, la calidad del debate, la propuesta y simplemente proponer la negatividad se empobrece la política.

“Las campañas negativas no son tan efectivas como parecen, sino que lesionan el conjunto de la política democrática”, apuntó. Y da un ejemplo. Es como en un sector profesional, señala. Imagínese el taxista, que actuando de una manera negativa contra otros taxistas lo que está perjudicando es la imagen del taxi en la ciudad.

Aseguró que lo negativo y lo sucio tienen paredes muy débiles y es muy fácil cruzarlas, y detrás de ese comportamiento se lesiona el conjunto de la política. El también catedrático de al menos nueve universidades en las que dicta cursos y masters sobre Comunicación Política y quien ha escrito al menos tres libros sobre el tema, estuvo esta semana en Panamá para dar a conocer una herramienta que junto a Llorente y Cuenca ha puesto a dispocición de los panameños para que vigilen la transparencia en la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional en función de cuánto dan a conocer de su trabajo a través de la internet y las redes sociales.

DIFERENCIAS

La campaña sucia y/o negativa fue evidente durante la campaña presidencial del ahora presidente de la República, quien llegó a emitir una cuña en la que ponían a Juan Carlos Varela con orejas de burro. A pesar de ello, al final se aliaron.

Tras la ruptura en agosto de 2011 el diálogo se tornó en ataque, verbales, a través de las redes sociales y al final con cuñas –otras vez surgidas primero– desde el lado de los defensores de Martinelli. La campaña negativa es aquella que utiiza y expone las debilidades o el rostro malo o desconocido del oponente, en tanto que la sucia es aquella en la que se miente para sacar provecho.

No obstante, aclara Gutiérrez-Rubí, en las campañas sucias solo con la insidia es suficiente, con alimentar el rumor, la duda, crear suspicacia, manipular descaradamente declaraciones del adversario y construir un nuevo relato, para hacerle decir cosas que no quiere decir.

“Es muy difícil que una vez que has aceptado entrar en el juego de la campaña negativa no entres en el de la sucia. Yo creo que es cierto que hay una diferencia moral y una política entre unas y otras y no pueden tener el mismo juicio severo unas que otras, pero el ADN de las dos es el mismo: destruir antes que proponer”, advirtió. ¿Tiene el que está siendo atacado oportunidad de levantarse? A veces el combate contra una campaña negativa o sucia –explica el experto– es un combate que te permite rearmarte, defenderte, recuperar también credibilidad. Y agrega: Hay buenas oportunidades también para la política cuando uno defiende lo que cree que es justo y defiende su propia honestidad y su propia credibilidad.

FILOSOFÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

Recuperar el sentido noble de la política. Así define Gutiérrez-Rubí en su libro la Filopolítica. “Una política digna de tal nombre requiere más meditación, más trascendencia, más espiritualidad, y, en definitiva, más ideas. La política debiera ser una “política meditada”, que no se hurtara la “dimensión espiritual” de la persona.

Hablar de espiritualidad no tiene por qué llevarnos a la religión –aclara–. Hacer brotar la espiritualidad es sencillamente no ignorar la dimensión más esencial del ser humano, esa por la que es capaz de escucharse a sí mismo y que dota a su lenguaje y a su discurso de densidad moral”.

Gutiérrez-Rubí cree que la política o más bien los políticos necesitan de incorporar un conjunto de actitudes de manera más natural, entre ellas, mirar hacia la esencia del ser humano, escuchar y pensar antes de actuar. “Estamos hablando de una mejor incorporación de las actitudes filosóficas para la acción política: reflexión, análisis, pensamiento, introspección, aprecio por las ideas aunque no sean propias, prestar la misma atención a unas propuestas y otras”.

Pensar más antes de hablar, por eso propone y promueve la incorporación de la cultura filosófica, de los hábitos filosóficos, de los contenidos filosóficos en la política democrática.

Gutiérrez-Rubí advirtió que si la política democrática es vista por los ciudadanos solo en el clima y en los entornos de la negatividad y de lo agresivo dejará de ser importante para los ciudadanos. Es cierto que ganar es importante –indicó– pero no a costa de dejar el terreno totalmente carbonizado, que no sea fértil para otras campañas, para otros proyectos, para nuevos liderazgos.

Además, ese exceso de agresividad y de negatividad puede perjudicar seriamente la sociedad en términos de cultura democrática y calidad democrática. ¿Qué le falta a la política? Buenas prácticas. Y ellas son: propuestas, debates, diálogo, hacer de la conversación el núcleo de las campañas.

Dice Gutiérrez-Rubí que la suya no es una posición buenista o naif y parte de la convicción profunda de que quien no cuida la política no merece vivir de ella, ni trabajar para ella ni representarla.

Vea la entrevista completa en el video que acompaña esta información.

Panamá se suma a los 'Principios de negocios por los niños'

Panamá se suma a los 'Principios de negocios por los niños'

Hace 14 años

Panamá se une hoy a un grupo de países que ha decidido comprometerse a llevar la filosofía de negocios un paso más allá y, lo más importante quizá es que no parte de una iniciativa gubernamental sino de uno de sus motores de desarrollo: la empresa privada.

Los Principios de Negocios para los Derechos del Niño es el nombre del acuerdo o compromiso al que se adhieren –para comenzar– diez empresas a las que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llama “motores”, porque serán ellas las encargadas de ir movilizando a sus pares para que se unan.

Esta iniciativa fue adoptada en Londres en marzo de 2012 e introducida poco después en Latinoamérica. Panamá será el quinto país de la región en adherirse. La diferencia, en palabras de la representante de Unicef en el país, Una McCauley, es que acá es impulsada por el sector empresarial, con el apoyo de Unicef, la organización Save the Children y el Pacto Global, representado en Panamá por la ONG Sumarse.

“La idea es ver esta parte tan importante de la sociedad y que en el pasado no ha sido considerado como actor en los derechos de los niños, y definir cual podría ser su papel para mejorar las condiciones y bienestar de los niños”, asegura McCauley.

Son 10 principios, explica, que tienen tres ejes importantes: cómo mejorar las condiciones dentro de la empresa para los niños; analizar cuánto pueden las empresas aportar a políticas públicas, a programas de ONG’s, algo que es más sostenible que la práctica de hacer caridad; y asegurar que la actividad comercial o productiva de la empresa no afecta el entorno del niño.

Los principios que promueve esta iniciativa son: Contribuir a la erradicación del trabajo infantil; si hay adolescentes que trabajan, que la tarea no sea de explotación sino digna; asegurar que hay seguridad y protección para los niños dentro de la empresa; que los productos sean seguros; que el marketing no sea engañoso y abusivo; que el medioambiente esté protegido; ayudar en situaciones de urgencia y reforzar los trabajos que se hacen en las comunidades para satisfacer los derechos de esta población, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que representa casi un tercio de los habitantes del planeta, es decir, 2 mil 200 millones de almas.

En Panamá estamos hablando de una población de alrededor de 1.2 millones de personas de los 3.4 millones que arrojó el Censo de Población y Vivienda de 2010. Se trata del 34.4% de la población del país, de los cuales 48.9% son niñas y 51% niños.

Las empresas pioneras en adoptar los principios son: Autoridad del Canal de Panamá, Banco General, BBVA, Cable Onda, Café Eleta, Corporación La Prensa, Dell, Empresas Bern, Medcom y Telefónica. ¿Por qué ellas? Porque ya tienen programas que se enmarcan en los principios del Pacto Global, cuentan entre sus acciones el trabajo por los niños y los adolescentes y han desarrollado una estructura y una cultura corporativa que favorece el respeto a los derechos humanos como la base para la creación de una sociedad más justa y que reconoce que cada acción que realiza tiene un impacto positivo o negativo en cada persona.

De acuerdo a Unicef, los Principios no suponen nuevas obligaciones legales internacionales, sino que se basan en el resumen de los derechos del niño realizada por la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos –que actualmente refrendan 193 Estados–, y en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, y la 138 sobre la Edad Mínima.

También se fundamentan en los estándares vigentes para empresas, como los “Diez Principios del Pacto Global de Naciones Unidas y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos refrendados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Transfuguismo deja al Panameñismo sin la mitad de su bancada

Transfuguismo deja al Panameñismo sin la mitad de su bancada

Hace 14 años

El Partido Panameñista ha perdido el 50% de su fuerza dentro del Órgano Legislativo en dos años y ocho meses de gobierno. Con la inscripción este miércoles, 21 de marzo, del diputado del circuito 4-2 (Barú, Chiriquí) Osman Gómez en el otrora aliado Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) son 10 los diputados que abandonan el colectivo.

Las cuentas también salen proporcionales en cuanto al partido al que se cambiaron. Cinco diputados se fueron para el partido Cambio Democrático –el del presidente de la República, Ricardo Martinelli-, y cinco se inscribieron en el aliado Molirena.

CAMBIO EN BANCADAS

La correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional ha dado una vuelta de hoja si se analizan los resultados de las elecciones generales de 2009. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) sacó 26 escaños y hoy le quedan 17.

El Partido Panameñista logró 20 escaños y le quedan 10; Unión Patriótica tenía cuatro puestos que hoy no existen;  el Molirena tenía una sola voz en ese recinto y a partir de hoy tiene seis puestos. El Partido Popular mantiene el único escaño que logró.

Cambio Democrático, que obtuvo 17 curules en las urnas, tiene 38, y es hoy –gracias al transfuguismo- la bancada mayoritaria: a marzo de 2012 cuenta con el apoyo de 43 diputados.

La bancada oficialista está compuesta por los 38 diputados que tiene el CD y cinco Molirenas, ya que, Jorge Alberto Rosas –electo en las elecciones de 2009- apoya a la bancada Panameñista.

El diputado Adolfo Valderrama aseguró esta tarde que el transfuguismo debilita la democracia.

En tanto, la juventud Panameñista emitió un comunicado en el que mandan un mensaje a los que abandonaron el colectivo: "A todas esas autoridades electas tránsfugas que se burlaron de su pueblo, de nuestra doctrina y de nuestra bandera por salvar sus intereses personales, serán juzgados y derrotados en las urnas".

En la infografía que acompaña esta nota vea quiénes son los diputados que abandonaron el Partido Panameñista.

‘La peor plaga del arroz es la política’: Apach

‘La peor plaga del arroz es la política’: Apach

Hace 15 años

“El arroz lo toman como bandera”, “la peor plaga del arrocero es la política porque lo usan para tener a la población contenta”. Las palabras de Santiago Esquivel, presidente de la Asociación de Productores de arroz de Chiriquí (Apach), reflejan la frustración de un sector que siente que está siendo aplastado por el alza de los insumos, por el sector más fuerte de la cadena de producción y por la ausencia de una política estatal.

Esquivel asegura que los gobiernos les piden que mantengan los precios bajos. "Los productores no pueden seguir subsidiando al pueblo porque los insumos suben de precio constantemente. La comida barata no existe”, agregó.

La Apach ve con preocupación cómo se han ido perdiendo hectáreas que antes eran dedicadas a este cultivo, producto de las pérdidas que enfrenta el productor cada año, como consecuencia de las inclemencias del tiempo, de las distorsiones en la cadena de producción y de la poca capacidad de crédito que tienen producto de las deudas que pesan sobre sus fincas.

“Los productores están buscando otros rubros. Hay migración de arroceros. Se han ido unas de las mejores tierras para la palma aceitera”.

¿QUÉ SUCEDE EN EL SECTOR ARROCERO?

“No tenemos una política de Estado para ningún sector, específicamente para el sector arrocero. Se están apagando fuegos”. “No pedimos subsidios sino que nos dejen trabajar; tenemos una libre oferta con techo, porque tenemos que venderle barato al pueblo. Como están los insumos y el petróleo eso es imposible. En esta cadena de tres uno se está quedando con todo”, fue la respuesta del presidente de Apach.

MIDA RESPONDE

No se puede ocultar que el costo de producción aumentó. Eso es una realidad. Así responde a los señalamientos de la Apach el ministro de Desarrollo Agropecuario, Emilio Kieswetter.

No obstante, rechaza las aseveraciones en cuanto a que no exista una política para el sector. “Sí hay una política, los intereses al 2% en el BDA [Banco de Desarrollo Agropecuario] es un dinero casi regalado, lo que pasa es que el 80% de los productores están endeudados desde hace seis o siete años y hoy no son sujetos de crédito porque se atuvieron a que les iban a regalar ese dinero. Además tienen la ventaja de un seguro agropecuario.

La cadena agroalimentaria se está tratando de fortalecer para que rija al sector, porque allí hay todos los actores”. En cuanto a que el productor sigue siendo el eslabón más débil de la cadena, Kieswetter dijo: Es así desde siempre y en todos los rubros por eso se están creando las cadenas agropecuarias, para ayudar a tener un equilibrio en todos los actores.

¿Si hay una política, qué hace falta en el sector?

Lo que falta ahora mismo es más recursos, hacer un análisis de las deudas viejas de todas las leyes que se implementaron y ver si realmente se puede hacer algo para que estos productores se pongan al día o tomen un respiro y puedan acceder a un nuevo préstamo. Lo otro es fortalecer el sistema de extensión agropecuaria para llevarles las herramientas, últimas tecnologías, innovaciones y sistemas para que mejoren su productividad.

Como parte de las acciones para evitar que sigan perdiéndose hectáreas de arroz, el ministro informó que dentro de 15 días en Tonosí, provincia de Los Santos, se estará dando apertura a un proyecto de riego que cubrirá más de 10 mil hectáreas, y están trabajando en una ley de incentivo a la producción de granos básicos (porotos, frijol, arroz y maíz) para 2012.

CIFRAS

En el país se consumen anualmente 7.5 millones de quintales del grano, pero este año los rendimientos son inferiores a los 100 quintales por hectárea, lo que indicaría que la cosecha será de 5.6 millones de quintales.

El año pasado en el país se cosecharon 64 mil 400 hectáreas, pero dados los pronósticos de los arroceros, el próximo año Panamá tendrá que depender aún más de las importaciones.

Busque mañana la segunda parte de esta entrevista, en la que Santiago Esquivel se refiere al Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos y propone aspectos de la política arrocera que consideran imprescindibles.

Incumplir el plan ambiental frenaría desembolsos de la ampliación del Canal

Incumplir el plan ambiental frenaría desembolsos de la ampliación del Canal

Hace 15 años

Cuando se presentó el programa de ampliación del Canal de Panamá para conseguir el financiamiento internacional, entre las preguntas recurrentes de las entidades financieras de crédito destacaban dos:  ¿en qué consistía el proyecto? y ¿cómo iba a impactar al ambiente?.

Las cinco multilaterales que siguieron de cerca el programa de ampliación desde sus inicios exigieron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que incluyera un sistema de gestión ambiental, a pesar de que la entidad contaba con un plan estructurado sobre este tipo de manejo para una obra de gran envergadura.

Las multilaterales no pidieron “elementos de un sistema” o que el contratista “fuera fuerte en algo” sino que solicitaron un sistema que pudiera documentarse para verificar su cumplimiento periódicamente durante el desarrollo de la ampliación de la vía acuática, explica Daniel Muschett, gerente de Manejo y Seguimiento Ambiental del Programa de Ampliación.

El tema ambiental es tan importante para este proyecto multimillonario –la inversión es de $5 mil 250 millones– que si un contratista incumple alguna de las exigencias en esta materia, inmediatamente se frenarían los desembolsos de las multilaterales, advierte el ejecutivo.

"Cada seis meses el consultor [de las multilaterales] debe dar su opinión; debe certificar que se está cumpliendo con el sistema de gestión. Si esa certificación no se da, entonces el financiamiento se detiene hasta que se cumplan los requisitos ambientales", explica Muschett.

ALTOS ESTÁNDARES

“Cuando fuimos a negociar con los bancos les dijimos que no veníamos a presentarle un programa ambiental, les mostramos que teníamos un plan para hacer el trabajo… La negociación fue dura, pero lo logramos y se logró el objetivo”, recuerda Muschett.

La negociación duró entre cuatro y cinco meses, ya que la ACP y las cinco multilaterales se tuvieron que poner de acuerdo para fijar los requisitos ambientales que se iban a cumplir en el programa de ampliación en su conjunto.

La ACP pudo responder las preguntas de las multilaterales debido a que cuenta con reglamentos ambientales de acuerdo a estrictos estándares internacionales y a la legislación nacional vigente.

Y también porque desde 1998, cuando se empezó a hablar más en firme de una eventual ampliación de la vía acuática, se incluyó el tema ambiental como un “componente” que no podía faltar porque a la hora de la construcción de la obra el impacto ambiental sería importante, incluso en términos de costos, comenta Muschett.

En los estudios que se desarrollaron –señala– se procuró que el componente ambiental estuviera presente considerando tres aspectos principales: prevención (si había manera de evitar el impacto),  monitoreo (para dar seguimiento a los que no se podían evitar) y mitigación (medidas de ingeniería que se podían considerar en el diseño final del proyecto).

COSTOS AMBIENTALES

“Identificamos entre $29 millones y $56 millones [para] atender el manejo ambiental. Claro está, no aparece como un rubro porque [ese monto] estaba incluido en las especificaciones” de los proyectos que componen el programa de ampliación. Así que –dice Muschett– cada contratista lo incluyó en el costo de su licitación.

El programa se desarrolla en áreas patrimoniales de la ACP, que ya han sido afectadas tanto en la vida silvestre del área como en la parte boscosa.

Muschett señala que hasta mayo de 2011, la ACP ha cancelado a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) la suma de $3 millones 581 mil 234 en concepto de indemnización ecológica.

A la fecha han sido reforestadas 565 hectáreas en áreas protegidas del país, ubicadas en las provincias de Colón, Panamá, Coclé, Herrera y Chiriquí.

Espere mañana, en la cuarta entrega, los retos del proceso para elegir el modelo del componente más importente del programa de ampliación: el tercer juego de esclusas; y cómo se escogió al consorcio que se encarga de construir la obra.

Ampliación del Canal alcanza 28% de avance

Ampliación del Canal alcanza 28% de avance

Hace 15 años

Cuando convocó a los interesados en desarrollar el componente más importante del programa de ampliación del Canal de Panamá, la Autoridad del Canal (ACP) esperaba que al menos cuatro empresas se interesaran en el megaproyecto que había concebido, y así fue.

Cuando el proceso fue abierto, cuatro consorcios llegaron y los  cuatro calificaron para participar en la licitación para el diseño y construcción de un tercer juego de esclusas. 

Los consorcios aglutinaban 30 empresas de 13 países. Al final del proceso, que tomó dos años, y tras una evaluación de las calificaciones técnicas, la experiencia y la capacidad financiera de las empresas, el 15 de julio de 2009 se adjudica el contrato a Grupo Unidos por el Canal, integrado por Sacyr Vallehermoso, S. A., de España; Impregilo S.A., de Italia; Jan de Nul, de Bélgica; y Constructora Urbana, S.A., de Panamá.

Desde ese día, a la fecha, han pasado poco más de dos años y la ampliación va a toda marcha. Millones de metros cúbicos de tierra han sido removidos, cambiando la fisonomía de esa franja que desde hace 97 años cambió la historia del país; y el cauce de la vía ha sido ensanchado y profundizado gracias al trabajo de miles de trabajadores que se mueven por los diferentes sitios de obra, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

El clima y la geología panameña han hecho variar los planes de trabajo de más de uno de los contratistas que ha ejecutado o está ejecutando alguno de los componentes del proyecto, pero no es algo extraño a todo proyecto de construcción, aseguran los administradores.

De hecho, casi cuatro años después de la sonora explosión que marcó el inicio de las obras del programa de ampliación de la vía acuática –durante la gestión presidencial de Martín Torrijos (2004-2009)–, el proyecto tiene un avance del 28%, los vaciados de concreto en el sitio donde estará el tercer juego de esclusas del Atlántico son un hecho; los administradores de la vía acuática se preparan para absorber una demanda de servicios mayor a la que proyectaron cuando se concibió el proyecto; y la industria marítima está a la expectativa de lo que para la ACP será un cambio en los patrones de comercio.

No ha sido poco lo que ha pasado con el activo más importante del país, que en diciembre de 2011 cumplirá 11 años de administración panameña y que en este tiempo ha entregado aportes al Tesoro Nacional por alrededor de $6 mil 400 millones.

Para llegar a esta etapa del proyecto fue necesario el trabajo de muchos y la concepción de un proceso de licitación y contratación que no dejara dudas, dentro y fuera del territorio nacional.
 

CONTRATACIONES

Adriano Espino, gerente ejecutivo de Administración de Contratos de Construcción de la ACP, lideró el equipo que se encargó de crear el modelo con el que se seleccionaría al consorcio que construiría el nuevo juego de esclusas. “Fue un modelo de precalificación y después un proceso de licitación no negociada de mejor valor”, precisa Espino.

“No queríamos tener que decir me gusta esta propuesta más que la otra, la comparación en este caso era difícil y lo que se quería era que cada oferta tuviera su puntaje por sí sola y no porque se comparaba con la otra”, explicó.

Para garantizar que la evaluación se hiciera de esta forma, los evaluadores fueron divididos en tres grupos y cada uno se encargó de una parte de la propuesta.  Los comités fueron instalados y cada uno estableció su plan y cronograma de actividades. Miles de hojas leídas, planos analizados, expertos de todo el mundo consultados. El plazo definido fue de cuatro meses y aunque los contratiempos no faltaron, se cumplió.

Espino detalla que tenían reuniones semanales de coordinación para ver cómo avanzaba el programa, si estaban a tiempo o no, si tendrían que trabajar sábado o domingo o sobretiempo para cumplir lo programado.  “Fue un trabajo arduo, de mucho estrés, de mucha tecnología, de que las empresas tuvieran la capacidad de aclararnos los conceptos en los que teníamos dudas, porque al final esas cartas (comunicaciones vía correo electrónico con los proponentes durante el período de evaluación) formarían parte de este contrato, del pliego y era una responsabilidad muy grande ver cómo se escribía, qué se contestaba”, remarca.

Aunque asegura que no hubo ningún momento de crisis durante el proceso, sí tuvieron algunos contratiempos con la disponibilidad de los asesores, que los obligaron a realizar contrataciones “de apuro”, que implicaron ver cuánto cobraban, cuándo podían venir y hacer “lobby”.

Esto, agrega, a pesar de que cada equipo de evaluadores había planificado qué tipo de gente podría utilizar en un momento dado y se les contactó mucho antes de que los necesitaran.

Espino, un santeño que cuando no trabaja para la ACP lo hace en el campo, reconoce que tiene mucho de que sentir orgullo: Del proceso de evaluación, ya que gracias a cómo se hizo todos los proponentes del proyecto se fueron conformes aunque perdieron la licitación -ninguno protestó por considerar que fuera amañada o producto de influencias; y de que es la persona que ha firmado todos los contratos relativos a la ampliación –unos 5 mil millones de dólares.

Pero si hay algo de lo que siente satisfacción es de haber tenido la oportunidad de conocer a tantos expertos durante el proceso de evaluación. Dicho en sus propias palabras, eran personas a las que habría querido chuparles todo lo que tenían en su mente.

“Compartir esa información ha sido lo más grande para mí, me enseñó a ser humilde, a saber las limitaciones que uno tiene, uno se ubica y aprende de los demás”, puntualizó.

Pero hay algo más de lo que el equipo de contratación de la ACP puede alardear, y es que este modelo de precalificación y contratación está siendo copiado por otros, incluso por los organismos multilaterales.

Espere mañana, en la segunda entrega, cómo se concibió el modelo de financiamiento del programa de ampliación.

ACP aporta más de $7 mil millones al Estado en 13 años

ACP aporta más de $7 mil millones al Estado en 13 años

Hace 15 años

Del 2000 al 2012 la Autoridad del Canal de Panamá  (ACP) habrá aportado al Estado 7 mil 323 millones de dólares en derechos por toneladas, excedentes y servicios públicos, según las proyecciones de la entidad.

En este monto se incluyen los 950 millones de dólares en aportes al Estado presupuestados para el año fiscal que corre del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012.

En 13 años de administración panameña, el Canal habrá entregado 3 mil 312 millones de dólares en derecho por tonelada, 3 mil 828 millones en excedentes y 182.4 millones en servicios públicos (pagos de recolección de basura y otros).

El presupuesto de la ACP para el 2012 asciende a 2 mil 398 millones 913 mil dólares, más de 200 millones si se compara con el año anterior que fue por 2 mil 106 millones de dólares.

RÉCORD HISTÓRICO

Según el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, todas las proyecciones indican que en este año fiscal (2010-2011) el Canal “rompe un récord histórico”, tanto en ingresos como en aportes al Tesoro Nacional.

 “Teníamos estimado aportes de 840 millones de dólares, que vamos a superar y vamos estar pegando cerca de los mil millones de dólares”, indicó el administrador.

Aunque está en marcha el Programa de Ampliación del Canal no se ha afectado el tráfico de buques por la vía, dijo Alemán Zubieta, quien destacó el trabajo que lleva adelante la ACP para lograr estos registros históricos.

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