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Hoy por Hoy
Hace 3 añosEl diputado y presidente del PRD ha reconocido que antes de ser parte del Órgano Legislativo, era transportista, negocio del que aún sigue usufructuando. En consecuencia, él mismo ha confirmado todo lo publicado por La Prensa, pero la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para castigar a este medio, utilizó dos argumentos disparatados: el que todos conocemos (sobre el uso de la foto sin permiso) y que la información entregada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre a La Prensa sobre las concesiones a favor del diputado es material confidencial. ¿De dónde sacó esa interpretación la Antai? ¿De cuándo acá las concesiones del Estado a favor de terceros son confidenciales? Si este argumento se aplicara a todos, la Ley de Transparencia no tendría ningún valor y sería un secreto el contenido de todos los contratos y compras del Estado, las concesiones (mineras, de casinos, de fondo de mar, de uso de suelo, del espectro radial y televisivo) y el manejo de la cosa pública. Y, precisamente, sus negocios con el trasporte hacen a este diputado parte interesada en la discusión del proyecto de ley sobre las plataformas digitales de transporte, pues él es prestatario del servicio de transporte público. ¿Por qué la Antai no denuncia este potencial conflicto de interés?Tal Cual
Hace 3 añosCALLADITO. A Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional y precandidato presidencial del PRD, le preguntaron qué piensa de la multa a La Prensa, por publicar una foto de Benicio Robinson. Adames, no obstante, se abstuvo de opinar. “No conozco la normativa”, alegó. Pero si él votó a favor de la aprobación de la ley de protección de datos personales, que es el sustento legal que pretende utilizar la Antai para justificar esa sanción. ¿Acaso ya se le olvidó? ¿O es que ni siquiera leyó el documento, cuando fue discutido en el año 2019? Así se aprueban las leyes en este país.Hoy por Hoy
Hace 3 añosLa sanción impuesta a este medio por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) porque publicó la foto de un diputado sin pedirle permiso, así como información pública concerniente a las concesiones que él ha recibido del Estado para explotar el negocio del transporte público, ha convocado a todos los medios de comunicación en su contra por su pretendido avasallamiento contra la libertad de información. Sin olvidar que un diputado oficialista fue el que desató este torbellino, la Presidencia de la República, lejos de su supuesta defensa de las libertades de los ciudadanos, salió a apoyar la decisión de Antai y pidió que la dejaran actuar al margen de “presiones innecesarias”. Pareciera que los diputados aprobaron la Ley 81 de 2019 sin el ánimo de proteger los datos personales de nadie, sino con el afán de que los funcionarios, con sus interpretaciones disparatadas, la coloquen por encima de la Ley de Transparencia. La Antai no parece haber calculado las consecuencias de su absurda decisión ni el hecho de que ha establecido un antecedente contra el libre ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos de pedir y recibir información pública. Es de sabios admitir sus errores; queda por ver qué tan sabia es la dirección de la Antai.Hoy por hoy
Hace 3 añosLa absurda decisión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha sido blanco de múltiples críticas de parte de gremios profesionales, periodísticos y cívicos, incluso de políticos, sorprendidos de que, en el afán de complacer al poder de turno, la entidad garante del acceso a la información pública haya pisoteado la razón de ser de su existencia: la transparencia.Tal Cual
Hace 3 añosINSULTO. La canciller Janaina Tewaney presentó una queja verbal a Colombia, por las declaraciones “irrespetuosas y poco amistosas” de su homólogo Álvaro Leyva, quien en un viaje oficial a Washington se refirió a nuestro país como “el Departamento de Panamá”. Lo que nos faltaba: como si no fueran suficientes las atorrancias de los políticos locales, ahora tenemos que soportar también las de los países vecinos.LA VOZ DE LA ACADEMIA
Una autoridad de nuestra lengua
Hace 3 añosEste mes se completan los 100 años del natalicio de Lázaro Carreter, padre de la filología española contemporánea, docente, investigador, erudito.Hoy por Hoy
Hace 3 añosLa empresa de tecnología electoral Dominion Voting Systems llegó a un acuerdo extrajudicial con Fox News y Fox Corp., luego de que estas la acusaran de fraude en los comicios en los que Donald Trump perdió frente al hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aunque Dominion pedía $1,600 millones por el daño causado a su reputación, el acuerdo fue por casi la mitad. Este proceso fue interesante para los medios de comunicación, incluidos los locales, pues fue un juicio civil, no penal, y porque la empresa demandante pudo probar que la cadena –abierta simpatizante de Trump– sabía que estaba divulgando información falsa, como parte de la narrativa creada sobre un fraude electoral inexistente. Es decir, la cadena actuó con malicia, requisito en Estados Unidos para condenar a un medio. En nuestro país, la mayoría de los juzgadores no considera la real malicia en sus sentencias, pese a que es aplicable en Panamá por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la aplicaran, el demandante debería demostrar que el periodista o medio que le calumnió o injurió sabía que lo que informaba era falso. Y eso es, precisamente, lo que hacen medios afectos a políticos: divulgar mentiras negligentemente, con el afán de hacer daño a aquel que se interponga en el camino del amo.Tal Cual
Hace 3 añosCASILLA. En Cambio Democrático, se realizó el sorteo para designar el número de cada precandidato presidencial en la papeleta de las primarias que se celebrarán el próximo 9 de julio. Los precandidatos quedaron en el siguiente orden: Luis Daniels (1), Olmedo Guillén (2), Rómulo Roux (3) y, por último, Yanibel Ábrego (4). Si la contienda se midiera en cantidad de hectáreas tituladas, Ábrego sería la número 1.Hoy por Hoy
Hace 3 añosEl conflicto de interés, pese a que lo sanciona la Constitución y la ley, es una de las situaciones más toleradas por este gobierno. Hay innumerables ejemplos de funcionarios que hacen negocios con el Estado, directamente o a través de intermediarios: familiares cercanos, allegados, testaferros, sociedades. El último caso reconocido por la Contraloría General de la República y el procurador de la Administración, es el de un director ejecutivo de la Presidencia que arrienda locales comerciales en Chitré a la Dirección de Asistencia Social (DAS). En junio de 2021, este medio informó que la DAS rentaría locales pertenecientes al funcionario de la Presidencia, pero, pese al evidente conflicto de interés, se procedió al alquiler de manera directa, sin importar la prohibición constitucional y legal. La Presidencia, haciendo gala de una ignorancia fingida, dice ahora que el director de la DAS realiza consultas para determinar si hay o no conflicto de interés. ¿Y a quién más tiene que consultar, si ya la Contraloría y la Procuraduría de la Administración se pronunciaron coincidiendo en que sí lo hay? Sencillamente, una vez más, quieren pisotear la Constitución y la ley. No hay otra forma de decirlo.