Hace 1 añoEl contrato portuario en Isla Margarita, Colón, debió ser cancelado en 2021 por una cadena de incumplimientos certificados por la Contraloría. La junta directiva de la AMP votó unánimemente a favor de su revocación. Sin embargo, el administrador no ejecutó la decisión y, en cambio, prorrogó la concesión por 20 años más. ¿Qué cambió entre junio y septiembre de 2021? Una reunión en Nueva York entre el presidente Laurentino Cortizo y los nuevos actores del proyecto portuario, representados por Notarc Management Group. A partir de allí, las puertas oficiales se abrieron: se ignoraron las faltas pasadas, se prometieron inversiones millonarias, y hasta se firmó una adenda exprés al contrato ley, sin que nadie preguntara por el historial de incumplimientos. Hoy, ninguna de esas promesas se ha cumplido. La administración Mulino heredó un contrato plagado de sombras, demandas internacionales y dudas legítimas. El país merece saber quién intercedió y por qué. La transparencia no puede seguir siendo la excepción en las decisiones que comprometen el patrimonio nacional.

Mulino y RealPolitik

Carlos Ruiz-HernándezHace 1 añoLa soberanía de Panamá no se defiende replegándose del mundo, ni negándose a dialogar con aliados porque sus solicitudes no fueron formuladas con suficiente cortesía.

Hoy por hoy: Activos estratégicos sin control

Hace 1 añoLa decisión del presidente José Raúl Mulino de cancelar las concesiones portuarias en Isla Margarita marca un alto necesario a una cadena de malas negociaciones que el Estado panameño ha tolerado por años. La concesión otorgada en 2013 a empresas vinculadas a inversionistas chinos, y posteriormente transferida a estructuras corporativas en Barbados y Delaware, ilustra cómo se han alineado intereses privados para usufructuar bienes públicos estratégicos, sin garantizar un retorno justo para los panameños. Este patrón no es aislado. En casos como Panama Ports Company y Panama Canal Railway Company, el Estado ha sido un espectador silente, recibiendo migajas de negocios millonarios que operan sobre infraestructura nacional. Panamá no puede seguir regalando sus ventajas competitivas. Es urgente que las futuras concesiones incluyan cláusulas de revisión periódica, control sobre el traspaso de beneficiarios y mecanismos eficaces de supervisión. El Estado debe velar por que estos contratos generen los mejores beneficios posibles para los panameños.

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