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TEMA: Opinión
Hoy por hoy: El precio del clientelismo
Hace 1 añoEl clientelismo es una forma de dominación. Se disfraza de ayuda, pero esconde una lógica perversa: mantener a las comunidades en la precariedad para ofrecerles soluciones parciales a cambio de lealtades políticas. En provincias como Bocas del Toro, la ausencia sostenida del Estado ha creado el terreno fértil para que diputados, caciques partidarios y operadores locales sustituyan instituciones por favores, y derechos por promesas. La salud, el agua, el empleo y hasta la educación dependen del partido en el poder. Así, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser objeto de intercambio electoral. Esta dinámica empobrece la democracia, erosiona la confianza pública y perpetúa la desigualdad. Los conflictos sociales que hoy estallan no son espontáneos: son el resultado de años de abandono funcional, disfrazado de “proyectos” y “donaciones”. Romper con este modelo exige instituciones fuertes, reglas claras y una ciudadanía que deje de agradecer lo que le corresponde por ley. Sin esto, no hay república posible, y mucho menos, desarrollo.Revictimización
La prueba anticipada y el deber de protección de los niños, niñas y adolescentes
Hace 1 añoHoy por hoy: ¿Quién habla por los trabajadores?
Hace 1 añoEn Bocas del Toro, el reclamo sindical legítimo ha sido secuestrado por una dirigencia incapaz de desmarcarse de la opacidad. Mientras miles de familias enfrentan desempleo, desabastecimiento y hospitales al borde del colapso, surgen denuncias de pagos en efectivo —“dinero en mano”— para sostener cierres y sobornos en los bloqueos. ¿En nombre de quién se cobra ese peaje? ¿De los despedidos de Chiquita? ¿De los que no llegan al hospital? Los trabajadores bananeros merecen respuestas y liderazgo honesto. No basta con exigir cambios a la Ley 45 si quienes alzan la voz actúan sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin estrategia clara. Francisco Smith, dirigente de Sitraibana, pide diálogo, pero ¿cuánto control tiene realmente sobre los cierres? El Estado debe asumir su rol y abrir canales reales de negociación, pero también es hora de que la dirigencia sindical rinda cuentas. La protesta no puede ser excusa para el abuso. La justicia social se defiende con dignidad, no con clientelismo disfrazado de resistencia.