TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 3 añosEste lunes, debía comenzar el juicio del caso Blue Apple, en el que los acusados estrella son los convictos hijos del expresidente designado “corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos. Ahora habrá que esperar hasta agosto para ver a los 27 imputados encarar cargos que van desde presunta corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir hasta lavado de activos. Blue Apple escondió las coimas que recibían funcionarios, confesadas por los propios actores: los contratistas del Estado.
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Hace 3 añosLas elecciones internas del partido Cambio Democrático (CD) son, desde el punto de vista político y social, muy importantes, no solo para ese colectivo político, sino para el país. Los resultados de esas primarias moverán todas las fichas del tablero político. La candidatura presidencial de ese partido está en disputa entre dos candidatos, uno de los cuales es una diputada conocida por el enorme despliegue de clientelismo que realiza en época de elecciones.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosLas revelaciones de un conductor del máximo responsable de la Dirección General de Ingresos (DGI) son gravísimas. Este funcionario, si aceptó dinero a cambio de información confidencial, habría puesto en peligro una investigación por presunta defraudación fiscal en la que, además de Panamá, hay otras jurisdicciones interesadas. Por otro lado, si lo que dijo el funcionario es cierto, quien habría pagado por la información es, precisamente, objeto de investigación, por lo que sus intenciones no serían nada santas, quizás hasta habría buscado cómo obstruirla. Es imperativo que todo este asunto se aclare con una investigación prolija y transparente, porque esto de amedrentar a funcionarios y autoridades con acciones como estas o con el chantaje y la extorsión o con maniobras políticas, se tiene que acabar. Y la forma de hacerlo no es con acciones tímidas, sino con sanciones ejemplares para que el mensaje quede claro, sin asomo de dudas. La gravedad de estas revelaciones nos dice hasta dónde pueden llegar individuos que buscan, al precio que sea, evadir la justicia, burlar nuestras leyes y que, al hacerlo, no haya consecuencias. Por el bien de la institucionalidad, a estas prácticas se les debe poner un fin.
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Hace 3 añosEl 11 de abril de 2020 –un mes después de haberse descubierto el primer caso de coronavirus en Panamá–, el presidente de la República escribió en Twitter: “Después de analizados los informes recibidos, instruí a la Caja de Seguro Social [CSS] suspender la contratación prevista [por $168 millones] hasta superada la crisis del covid-19″. La instrucción la cumplió al pie de la letra ese mismo día el director de la CSS, quien suspendió la licitación. Tres años después, el presidente, en su discurso a la Nación el pasado sábado, afirmó que el Gobierno es respetuoso de la ley orgánica de la CSS, que establece su autonomía en lo administrativo, funcional, económico y financiero, personería jurídica y patrimonio propio, y que los órganos superiores de la CSS son su junta directiva y su director general. Por tanto, lo que haga o no la CSS simplemente no es su problema. Eso es lo que piensa ahora. Con este nuevo argumento –totalmente contrario a sus acciones de abril de 2020–, Cortizo puso fin a la intervención del Ejecutivo en la búsqueda de una solución de la crisis que se avecina en la CSS, y anunció que limita su acción a una participación en el diálogo por la CSS, que no tiene fecha de reinicio. No es una decisión pensada en función de los asegurados; es un simple cálculo político frente a las próximas elecciones. Una vez más, la prioridad es la conveniencia política.
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Hace 3 añosDos altos personeros del gobierno Martinelli (2009-2014) fueron condenados por la justicia penal a cumplir 10 años de prisión, al ser hallados responsables de la pérdida de equipos de espionaje. Esta condena es reveladora, no solo por el hurto del equipo, sino porque si estos exfuncionarios no tienen la pinchadora en su poder, es fácil deducir quién sí la tuvo (o todavía la tiene). Pero, como ya sabemos, al autor intelectual le importa muy poco la suerte de sus propios hijos, muchos menos la de aquellos cómplices que no son “familia inmediata”. Así que serán sus antiguos subordinados los que pagarán por el delito. Y si todavía hay alguna duda sobre quién es el responsable de todo este drama, solo hay que recordar quién dirigía el Consejo de Seguridad, recibía los informes de seguimiento, decidía los “objetivos”, divulgaba en sus medios o en internet la información ilegalmente obtenida o se jactaba públicamente de tener el “dossier” de todo Panamá. Ese no ha pagado ni por el espionaje ni por el hurto. Y ese equipo no costó unos reales: fueron millones para obtener el software y ampliar las capacidades del equipo. Pero, como ya se dijo, pagarán las sardinas, mientras el tiburón ríe.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosEl contralor de la República dijo este fin de semana que pedirá rendición de cuentas a las juntas comunales que recibieron fondos de la llamada “descentralización paralela”. El funcionario debe suponer que la sociedad panameña es tonta, pues lo que nos debe este funcionario sobre este tema no son explicaciones, sino auditorías que, por cierto, ya está tarde para pedirlas, a fin de saber el destino de los cientos de millones que le dio el Gobierno a representantes y alcaldes de todo el país. Y es que con ese dinero se habría pagado buena parte del nuevo Instituto Oncológico Nacional, que sufre un colapso por falta de camas, instalaciones y medicinas. Décadas esperando que el Gobierno obtenga el dinero para esta obra, pero que nunca conseguirá si sigue derrochándolo para que políticos corruptos, sin escrúpulos y completos ineptos puedan tener oportunidad en las elecciones. El contralor no hace más que justificar lo que a todas luces es simple corrupción. La omisión de sus deberes en este asunto lo convierte en cómplice del malgasto. Pacientes de cáncer mueren por falta de atención y medicinas, pero, habiendo dinero, el Gobierno le da prioridad a la reelección de políticos que son la mayor vergüenza de este país.
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Hace 3 añosDirigir el destino de un país es de las cosas más difíciles, pues supone diálogos, acuerdos, negociaciones, inversiones, nuevas leyes, generación de empleos, deudas y miles de problemas, algunos grandes, otros gigantescos. Ser presidente, ministro o alcalde no es un paseo; es hacer camino, salvar obstáculos y solucionar problemas, por lo que el lamento del presidente ayer en la Asamblea Nacional ya no tiene cabida. Es cierto que este Gobierno tuvo un gran reto: la pandemia, sobrellevada con el sacrificio de muchos (en particular el sector sanitario y la empresa privada, porque en el gobierno todo mundo siguió cobrando igual, aunque no trabajara). Escuchamos al mandatario darse bombos por haberla superado, pero el virus respiratorio sigue siendo la excusa que utiliza hasta hoy para justificar tanta incapacidad. El presidente no dijo una palabra sobre los millones de dólares que tendrían que haberse ahorrado si se hubiese congelado –o achicado– la planilla del Estado, limitado los gastos o administrado eficazmente el dinero de la descentralización. ¿O es que no recuerda que había alcaldes y representantes con ingresos que superaban los suyos o que se invirtió un dineral en trabajos con evidente sobrecosto o inexistentes? Hay gente que pareciera que todavía vive en burbuja y el presidente es uno de ellos.
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Hace 3 añosSi bien hacen falta estacionamientos en el Casco Antiguo, dado el crecimiento de su vida nocturna, restaurantes y oferta hotelera, no es menos cierto que cada proyecto que propone el alcalde de la ciudad capital es objeto de sospecha, pues hemos visto sus irregularidades, empezando con las consultas ciudadanas, arregladas para favorecer sus caprichos. De ahí que con cada obra que este sujeto propone es inevitable que surja la desconfianza. Y en el caso de una de sus nuevas propuestas para el Casco Antiguo (una playa, pero de estacionamientos subterráneos), los habitantes del distrito merecen ser mejor informados antes de llamar a una consulta ciudadana. Por ejemplo, ¿se cobrarán por éstos? ¿Cuánto costará el proyecto? ¿Será objeto de otra concesión en beneficio de empresas del área? ¿Podrán estacionarse ahí los que viven en la zona o los nuevos espacios serán puestos a disposición de los negocios, para uso exclusivo de su clientela? Cuando las obras inicien, ¿cuáles serán los inconvenientes para residentes y visitantes y, en ese caso, cuáles son las medidas de mitigación propuestas? El Casco Antiguo es una zona turística y residencial, pero estrecha, donde además se sitúa un perímetro de alta seguridad que entorpece el tránsito. Señor alcalde, esperamos sus respuestas. Por lo menos esta vez, haga las cosas bien.
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Hace 3 añosEl juicio que se desarrolla sobre el caso Lava Jato es revelador en varios sentidos. Uno de los hechos más sobresalientes es que los fiscales obtienen resultados de investigaciones que llevan a cabo con las uñas. Los resultados podrían ser mucho mejores si contaran con presupuesto; si tuvieran tecnología de vanguardia; si dispusieran de más y mejores peritos; si contrataran personal más preparado; si crearan procedimientos mejor elaborados y si pudieran hacer atractiva una carrera en la Procuraduría con mejores salarios.Pero trabajan con herramientas obsoletas; dependen en gran medida de testimonios y las pruebas forenses son tan escasas como tecnología especializada. No es ningún disparate concluir que el Ministerio Público (MP) carece de todo esto porque los que deben velar por dotar de fondos para actualizar esta institución, eventualmente pueden ser objeto de investigaciones y, obviamente, quieren mantener el balance a su favor, restándole competitividad al MP y a sus fiscales.A su vez, el MP podría gestionar la profesionalización de su personal a través de seminarios en el exterior o donaciones de software y tecnología especializada. En conclusión, el MP no es una prioridad para este gobierno.
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Redacción de La PrensaHace 3 años¿Qué esperamos los ciudadanos de las denuncias, auditorías e investigaciones sobre los fondos de la “descentralización paralela”? No esperamos menos que la verdad y que los que han usado esos fondos con fines electorales, los devuelvan y reciban las sanciones que corresponden en las esferas electoral y penal, pues aquí probablemente ha habido peculado y delitos contra la pureza del sufragio. Esperamos que toda la corrupción manifiesta en el uso del dinero estatal sea condenada ejemplarmente, pues si ahora luchamos contra condiciones de desigualdad electoral, que se traduce en ventajas para los candidatos oficialistas, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hackers violando resultados electorales? ¿Gobiernos ilegítimos? Los ciudadanos esperamos que las autoridades pongan fin a este fraude, que se realiza desde las entrañas del Gobierno. Los políticos que están detrás de todo esto parecen desconocer las consecuencias de sus actos, incapaces de ver que los fraudes solo producen ingobernabilidad, inestabilidad social y política, daños a la economía y en las relaciones internacionales, incluso, en el propio gobierno, precisamente, porque todos sabremos que obtuvieron el poder por vía del fraude.

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