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El futuro de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hace más de dos semanas, luego de que la Asamblea Nacional (AN) aprobara una resolución pidiendo a ese órgano del Estado que investigara si la funcionaria cometió algún delito contra la administración pública.
Esta decisión fue tomada por las bancadas de los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD), tras la comparecencia de la contralora frente al pleno legislativo los días 19 y 20 de agosto, considerando que en las declaraciones de Torres de Bianchini se desprendieron situaciones y hechos que eventualmente pueden constituir delitos contra la administración pública. Desde entonces, ningún miembro de la Corte se ha pronunciado y el caso fue remitido al Ministerio Público.
El magistrado presidente de ese órgano, José Ayú Prado, se ha limitado a decir que ellos no hacen predicciones ni pronósticos sobre los casos que manejan y ha evitado hacer algún comentario que pudiera dar pistas en cuanto a las acciones a tomar.
Así las cosas, el panameñista Luis Barría, presidente de la Comisión de Credenciales de la AN, pidió a la CSJ que se pronuncie y cumpla con su deber, ya que la ciudadanía desea conocer su posición en cuanto a la sugerencia que hizo el Legislativo.
NUEVO CONTRALOR
La elección del nuevo contralor es un tema que ha creado roces entre las bancadas de los partidos Panameñista y PRD, que han conformado el llamado pacto de gobernabilidad.
El diputado perredista Leandro Ávila, abierto aspirante a dirigir la Contraloría de la República, ha arremetido contra su colega panameñista Antonio Domínguez, quien lo acusó de reunirse con dirigentes de Cambio Democrático para concretar sus aspiraciones.
Sobre esta situación, Barría dijo que es prematuro hacer una campaña para la escogencia de quién reemplazaría a Torres de Bianchini, toda vez que su periodo constitucional culmina el 31 de diciembre y aunque se elija a un nuevo contralor, este no tomaría posesión hasta el 1 de enero de 2015.
Mientras tanto quedaría el subcontralor [Luis Felipe Icaza Franceschi] encargado de la entidad, explicó.
Barría puntualizó que el Legislativo planteó que la contralora debe salir de su cargo, pero esa es decisión de la CSJ.
En el video que acompaña esta nota encontrará las declaraciones relacionadas con este tema.







El diputado panameñista y presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, informó hoy que antes que termine el periodo de sesiones ordinarias, el 31 de octubre próximo, se escogerá al nuevo contralor general.
Valderrama dijo a La Prensa que se busca una figura “independiente”, conocedora del tema y “que sea valiente porque el escenario que viene no va ser fácil”.
Enfatizó que estos planteamientos formaron parte de las campañas tanto del hoy presidente Juan Carlos Varela y de su rival en las elecciones de mayo pasado, el perredista Juan Carlos Navarro.
Si el contralor no es escogido antes del 31 de octubre, el proceso se tendrá que realizar en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, antes del 31 de diciembre. Actualmente, los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD) tienen un pacto de gobernabilidad en la Asamblea, donde –juntos- son mayoría.
La escogencia del contralor es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Según Valderrama, lo que se busca es fortalecer la democracia y la institucionalidad, para que “que no quede en discurso ni en teoría sino que se ponga en práctica”.
Remarcó que es preciso anteponer los intereses del país. Aunque no mencionó nombres, el diputado Leandro Ávila y el ex legislador, Bernabé Pérez –ambos del PRD- han exteriorizado sus aspiraciones por dirigir la Contraloría, a partir de enero de 2015, en reemplazo de Gioconda Torres de Bianchini. Pérez incluso está visitando a los diputados, para pedirles apoyo.
Valderrama se refirió también a la designación del procurador general de la Nación, toda vez que a Ana Belfon se le vence su periodo el 31 de diciembre próximo.
En este caso, el Ejecutivo designa y el Legislativo, ratifica. “Viendo la gestión de los últimos cinco años, la Procuraduría General de la Nación es una entidad que debe ganar credibilidad que sea por diez años y que refortalezcan la herramientas para que haga la labor necesaria”, opinó.
Belfon ha pedido cortesía de sala a los diputados. Todavía no se ha fijado una fecha para ello.
PACTO DE GOBERNABILIDAD
Valderrama también se refirió al pacto con el PRD, cuyo objetivo es –según él– defender los intereses del país, y no de los partidos políticos. Si el pacto se aparta de este principio –alega–, no continuará.
“Soy optimista con el pacto de gobernabilidad, porque tiene que haber diferencias. No tenemos que estar de acuerdo en todo… tiene que haber debate”, dijo.
Los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia exigieron a la Asamblea Nacional que “actúe con transparencia” para que las bancadas identifiquen los nombres de los candidatos propuestos para ser el próximo contralor o contralora de la República.
Vea la entrevista completa en el video que acompaña esta información.


Los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia exigieron a la Asamblea Nacional que “actúe con transparencia” para que las bancadas identifiquen los nombres de los candidatos propuestos para ser el próximo contralor o contralora de la República.
La organización, que se pronunció anoche tras una reunión en el Colegio Nacional de Abogados mediante un comunicado, además pidió al Órgano Legislativo la apertura de un período para recibir hojas de vida de ciudadanos que quieran autonominarse o ser postulados por grupos de la sociedad civil para contralor.
También consideró importante que el tiempo para el escrutinio sea de por los menos 15 días antes de ser sometido a votación, para que exista la oportunidad de analizar las propuestas de todos los aspirantes.
PRECEDENTE NEGATIVO
El comunicado destaca que es necesario evitar “que se repita nuevamente la historia de un contralor sumiso que no es capaz de detener el despilfarro y mal uso de los fondos públicos” , lo que trae como consecuencia que la institución responda a los intereses del Presidente o del partido en el gobierno y no a los de los ciudadanos.
En el encuentro de anoche se hicieron alusiones a las omisiones en cuanto a fiscalización del gasto público y suministro de información por parte de la actual contralora Gioconda Torres de Bianchini, designada por el entonces presidente Ricardo Martinelli.
Uno de los participantes, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente, manifestó que era necesario reconstruir la entidad, ya que Torres de Bianchini había destruido la carrera institucional destituyendo a personas con experiencia y gran trayectoria. Dirigentes como Alberto Quirós Guardia, Guillermo Márquez A., Miguel Antonio Bernal y José Alberto Álvarez también hicieron uso de la palabra.
ALTO PERFIL
“El país necesita al frente de la Contraloría General de la República a un ciudadano o ciudadana panameña que tenga una conducta intachable, que vele por los intereses de todos los habitantes de la República y que investigue todo lo ocurrido durante la administración de la contralora Gioconda de Bianchini” estipula el comunicado, recomendando que, además de los requisitos constitucionales, la persona designada por la Asamblea debe acercarse al siguiente perfil: tener solvencia moral e idoneidad ética, no tener conflicto de intereses con ningún miembro del Consejo de Gabinete, ni de esta o la pasada administración gubernamental y no ser o haber sido miembro de la Asamblea Nacional, ya que el Órgano Legislativo es la autoridad nominadora.
Actualmente, el diputado perredista Leandro Ávila aspira a convertirse en candidato para contralor.
INCIDENCIA CIUDADANA
Para la Alianza, la ciudadanía no solo debe ser llamada a consultas cuando ya se haya acordado un nombre entre los miembros de las bancadas y los partidos políticos, como una mera espectadora, ya que “esto es contrario a la democracia participativa y al principio de transparencia y buen gobierno”.
La Alianza Ciudadana es una red de organizaciones de la sociedad civil, fundada en el año 2000, dedicada a promover la reforma de la justicia y a motivar la participación ciudadana.