TEMA: Centroamérica

Cuando el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior en Ancón estaba por llenarse, ella apareció antes de la hora prevista.

Eran las 9:43 a.m. Ana Matilde Gómez, la diputada electa más votada por el circuito 8-7, llegó acompañada de su esposo Francisco Sousa-Lennox y su hijo Luis Navarro. Minutos antes habían ingresado sus padres, César Gómez y Ana Ruiloba.

La diputada electa acudió ayer a la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que ella misma solicitara la rebaja de la pena accesoria que le impedía ejercer cargos públicos hasta el próximo 16 de septiembre.

Gómez fue condenada, el 11 de agosto de 2010 por un fallo que tuvo como ponente al magistrado Wilfredo Sáenz [entonces suplente de Abel Almengor], a seis meses de prisión [reemplazado por $4 mil de multa] y la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.

Esto luego de que Gómez ordenara intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima.

Sáez fue el que la denunció. El abogado Carlos Zavala, detractor de Gómez, pagó los $4 mil para desvirtuar una campaña liderada por el catedrático Miguel Antonio Bernal, que centavo a centavo pretendía recoger el monto para cancelar la multa.

La exprocuradora presentó el recurso para que le rebajaran la pena el pasado 22 de mayo. Ocho días después, la Corte Suprema, con una inusual celeridad convocó la audiencia.

El acto estaba previsto para las 10:00 a.m., pero se retrasó. Antes de comenzar, José Ayú Prado, presidente de esa corporación, conversó por unos minutos con la exprocuradora y sus abogados. También habló con Nelson Rojas, procurador de la Administración suplente, y luego con los abogados del querellante, Arquimedes Sáez. Minutos después, salió del recinto.

El salón se iba llenando de público, la mayoría eran caras conocidas: Alida Spadafora, suplente de Gómez; Olga Gólcher, exministra de Gobierno; Santander Tristán, abogado; Aurelio Barría, exdirigente de la Cruzada Civilista; Zulay Rodríguez, diputada electa del Partido Revolucionario Democrático; Luis Mario Carrasco, magistrado del Segundo Tribunal, entre otros.

A las 10:12 a.m. entraron ocho de los nueve magistrados que componen el pleno: Ayú Prado, Wilfredo Sáenz, Harley Mitchell, Oydén Ortega, Luis Ramón Fábrega, Secundino Mendieta [suplente de Hernán De León], Víctor Benavides y Jerónimo Mejía. Todos ocuparon sus puestos.

El público murmuraba, porque al contar hacía falta un magistrado para completar los nueve que componen el pleno. Después ingresó Alejandro Moncada Luna. Ayú Prado, que presidió el acto, comenzó la audiencia. Eran las 10:15 a.m.

DESPROPORCIONADA

El presidente de la CSJ inició explicando las razones por las que atendían la petición de Gómez, basado en el Código Procesal Penal. Pese a manifestar que la petición debía resolverse entre la Procuraduría de la Administración y la defensa de Gómez, Ayú permitió la participación de Sáez como querellante, junto a sus abogados Paulo Vega y Ángel Álvarez, para cumplir con principios del sistema penal acusatorio.

Los alegatos empezaron con Eduardo Guevara, abogado de Gómez, quien aportó dos pruebas: una copia del récord policivo de Gómez y una certificación de la Academia Interamericana donde dicta clases.

“La pena accesoria es desproporcionada y severa, es ocho veces superior a la pena principal”, argumentó. Explicó que de acuerdo al Código Penal de 2007, la inhabilitación para ejercer cargos públicos no debía ser superior a la pena principal que fue de seis meses de prisión.

Según Guevara, la modificación de la inhabilitación fue ganada a través de la buena conducta y el arrepentimiento.

Gómez hizo uso de la palabra. “A todo hombre le llega un día en su vida en que las expectativas sobre su correcto proceder son tan altas que se ve obligado a empinarse por encima de sus propias pasiones”, dijo.

“No estoy pidiendo clemencia, pido independencia, imparcialidad y apego a la ley”, agregó.

Envió un mensaje a los nueve magistrados. “Ustedes pueden equivocarse porque son humanos, pero no pueden convertir su voluntad en sentencia”, indicó.

NO HUBO OPOSICIÓN

Rojas, al hacer uso de la palabra, dijo a los magistrados que no se oponía a la solicitud de Gómez. “Su buena conducta nos lleva a suponer la presunción legal del arrepentimiento”, expresó.

Aportó una nota entregada por el abogado Honorio Quesada a la Procuraduría de la Administración, en la cual hacía consideraciones sobre la audiencia de ayer.

Álvarez tuvo una opinión distinta, pese a no oponerse a la petición de Gómez. A su juicio, la pena accesoria no afecta el derecho a elegir y ser elegida de la exprocuradora.

Agregó que Gómez debió pagar una multa de $3 mil 700 y su pena accesoria se cumplió el 16 de enero. Ello es así, según Álvarez, porque se debían contabilizar los siete meses en que Gómez estuvo bajo medida cautelar al ser separada del cargo de procuradora, previo a la condena. Por esa razón, pidió que se decretara sustracción de materia en lo solicitado por Gómez.

Sáez, también habló. “No he venido a oponerme, sino a que se respeten la Constitución y las leyes... a mí me han victimizado en los medios de comunicación por siete años”, aseguró. Manifestó que “no se cumplen los objetivos del arrepentimiento [de Gómez]”. A las 11:15 a.m., Ayú Prado decretó un receso para que los nueve magistrados deliberaran.

No busca la presidencia

Durante el receso, Gómez se mantuvo dentro de la sala de audiencia. La saludaron abogados, amigos y simpatizantes. Este medio le consultó sobre la posibilidad de ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. “Ahora no estoy buscando ser presidenta, porque hay mucho rejuego político”, dijo.

Sin embargo, dejó la puerta abierta. “Pero, si eso [ser presidenta] ayuda a consensos para que haya gobernabilidad, con honor lo aceptaría”, dijo.

A las 3:10 p.m. se reanudó la audiencia. Ayú Prado le dio la palabra a Sáenz para que leyera el veredicto.

El pleno de la CSJ, en decisión unánime, concedió la petición a Gómez basados en que pagó la pena principal, su buena conducta y que presta un servicio docente.

Se le rebajó de cuatro años a seis meses la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así, la pena accesoria de Gómez quedó cumplida el 16 de marzo de 2011, seis meses después de que se cancelara la multa. Se rechazó la petición de Álvarez y el documento aportado por Rojas, que había sido entregado por Quesada.

La decisión se hizo oficial ayer mismo, cuando todos los presentes se dieron por notificados.

El acto finalizó a las 3:15 p.m., la diputada electa se abrazó con sus familiares. Lloró y rió. Amigos y conocidos la felicitaban.

“No es un triunfo personal, es uno en la que el sistema busca rehabilitarse también. Esto no es todo lo que yo necesitaba, he sido víctima de un proceso que no me merecía. Sin embargo, tengo esperanza que este comportamiento de la Corte es un acto de reflexión para aquellos que hace tres años y nueve meses se excedieron”.

Reiteró que pese al fallo su demanda al Estado panameño a nivel internacional sigue su curso. “La Corte está mandando un mensaje de independencia, al menos al poder político”, dijo.

Horas de paciencia y especulación

A las 11:15 a.m., el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, decretó un receso para iniciar la deliberación de casi cuatro horas.

Entonces vinieron las especulaciones sobre los escenarios que enfrentaría Ana Matilde Gómez, dependiendo del veredicto. Los espectadores de la audiencia cuchicheaban, secreteaban, gestículaban y advertían de los peligros legales de una sentencia que perjudicara a la diputada recién electa. Sin embargo, las teorías eran menos conspirativas que las de la mañana, cuando todavía no comenzaba la audiencia.

Desde las 8:00 a.m., los simpatizantes de la exprocuradora se aglomeraron bajo las sombras de los árboles alrededor del Palacio de Justicia Gil Ponce. Recordaron las decisiones polémicas en el seno de la CSJ y alertaban de las consecuencias de un “fallo injusto”.

Sobre las 9:30 a.m. llegó una camioneta negra, con Gómez en el puesto de copiloto. Pidió permiso a los periodistas para que el vehículo se pudiera estacionar y subió el vidrio. Luego, bajó con el rostro fresco a contestar las preguntas de los comunicadores, mientras en el fondo un hombre con guantes blancos y saco gris gritaba: “Matilde, el pueblo está contigo”.

Tras asegurar que tenía esperanza en un proceso justo y que la demanda contra Panamá a nivel internacional seguiría su curso, Gómez repartió saludos y se internó en el auditorio donde la esperaban los que pudieron conseguir un pase especial, entre ellos figuras de la sociedad civil y sus padres.

Mientras se prolongó el receso, las conjeturas bajaron su tono, quizás por cansancio, hambre o falta de ideas.

En los extremos de la sala de espera dos televisores transmitieron, de manera ininterrumpida, toda la audiencia, con receso incluido. Entre las sillas vacías de los magistrados a veces aparecía un funcionario o la propia Gómez, que caminaba sin motivo aparente. Todo servía para quebrar el sopor. Por fin, a eso de las 3:00 p.m. regresaron los magistrados, con un semblante de tranquilidad. Dieron su veredicto unos minutos después, y entonces comenzó la bulla, los aplausos y las celebraciones.

Uno de los primeros abrazos que recibió Gómez fue el de la también diputada electa Zulay Rodríguez, una de las integrantes del denominado grupo Perseguidos por Ana Matilde Gómez (Pamago) y quien reveló una supuesta conspiración para destituir a la entonces jefa del Ministerio Público. Ayer se sonrieron durante el abrazo. Así es la política.

LUIS BURÓN-BARAHONA