De acuerdo con el Censo de 2023, 7.3 de cada 10 hogares ocupados en Panamá reciben agua las 24 horas, y la diferencia, 2.7 de cada 10, la reciben de forma no continua. En 2023, 325 mil hogares —más de un millón de personas— no recibían agua de forma continua. Estoy seguro de que hoy la situación es peor. Medios y redes nos lo recuerdan a diario.
En Panamá, el promedio anual de precipitación es de 2,924 litros por m², mientras que el promedio en Europa es de 756 litros por m². Debido a esa escasez, los países europeos han desarrollado los sistemas de gestión, tratamiento y calidad del agua más avanzados y sostenibles del mundo. Esas son las diferencias entre una pésima administración de la abundancia y una óptima gestión de la escasez.
En varios momentos de mi vida profesional trabajé en instituciones vinculadas al recurso hídrico. Aprendí que las soluciones a los retos del Idaan se observarán en el largo plazo, porque son el resultado de la continuidad de sus políticas públicas y de sus procesos de gestión.
El Idaan es una prestadora de servicios. Invierte recursos en ampliar su cobertura, ya sea mediante mayor producción de agua o en mejorar la calidad de su distribución. Invierte también en comercialización, innovación, tecnología y administración. Y cobra una tarifa que le aporta los recursos para llevar el agua potable a nuestros hogares.
Desafortunadamente, en el Idaan las prioridades cambian cada cinco años, con cada nuevo gobierno y/o con cada nuevo director de la institución. Es notoria también la falta de empatía, casi ideológica, que genera el Idaan en la mayoría de los responsables de las finanzas públicas, que se oponen a proporcionar los recursos que necesita una institución tan cercana a la gente, porque garantiza vida y salud.
Las soluciones a los problemas inmediatos del Idaan no demandan acuerdos; requieren ejecución. Pero la solución al trauma estructural del Idaan exige concertar un acuerdo nacional entre el gobierno y las fuerzas políticas, que establezca metas quinquenales de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y aguas servidas para los próximos 20 años, así como los recursos necesarios para inversión y funcionamiento que demandará el cumplimiento de tales metas, cada cinco años.
Las inversiones deberían priorizarse y ejecutarse cada cinco años durante los próximos 20 años, y podrían ser modificadas o ajustadas por situaciones imprevistas.
De igual manera, para administrar, operar y mantener dichas inversiones, se estimarían los gastos quinquenales de funcionamiento —administración, operación y mantenimiento— del Idaan; programación que también debería ser materia del acuerdo propuesto.
En el acuerdo se deberían definir también las fuentes y montos de financiamiento para los gastos y las inversiones acordadas, que normalmente proceden de transferencias del Gobierno Central y deuda, así como un necesario nuevo sistema tarifario.
El nuevo sistema tarifario sería de aplicación escalonada y solo en la medida en que las comunidades perciban mejoras en la dotación de sus servicios. Los recursos tarifarios deberían destinarse a financiar los gastos de funcionamiento y no las inversiones del Idaan, que son responsabilidad del Estado.
El modelo de gestión administrativa del Idaan para cumplir con esas metas, inversiones y gastos de funcionamiento sería otra de las decisiones del acuerdo. La gobernanza del agua en Panamá pasa por varias instituciones, con poca o nula coordinación entre ellas. Idaan, Minsa, ACP, PSP, Mi Ambiente, Conades, ASEP, MiCI y Conagua tienen funciones definidas por ley; solo necesitan coordinación interinstitucional.
Finalmente, este tipo de acuerdo no es novedoso. Se logró en el pasado con el Canal y la ACP. El agua, recurso estratégico porque nos garantiza vida y mayores ingresos, debería ser materia de un nuevo acuerdo nacional, de obligado cumplimiento para quienes gobiernen en los próximos 20 años. Solo así podríamos ver luz al final del túnel.
El autor es exministro de la Presidencia.
