Un juez de garantías ordenó la detención provisional de 12 personas y el depósito domiciliario para otras dos, a solicitud de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, dentro de la investigación por la operación Pandora.
Los imputados enfrentan cargos por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, delitos contra la fe pública y blanqueo de capitales.
La decisión fue adoptada al concluir una audiencia que se extendió durante tres días consecutivos. En esa diligencia también se declaró legal la aprehensión de las 16 personas capturadas durante la operación Pandora, desarrollada en días pasados.
Según la investigación, la organización criminal estaría integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y presuntamente se dedicaba a eliminar del sistema E-Tax cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían efectuado pagos al fisco.
La Fiscalía sostiene que el objetivo era hacer que esos créditos aparecieran como pagos no aplicados para posteriormente venderlos a una entidad crediticia establecida en el país.
#Detención| La @PGN_PANAMA, a través de su Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, logró la detención para 12 personas por la presunta comisión de crimen organizado, corrupción, contra la fe pública y blanqueo de capitales, relacionados a la #OperaciónPandora. pic.twitter.com/BdJLCOr8T7
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 12, 2026
Como parte de la operación, las autoridades realizaron 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Durante las diligencias se incautaron equipos tecnológicos y documentos vinculados con la investigación.
El Ministerio Público informó que la situación jurídica de dos de las personas aprehendidas aún está pendiente de resolverse, debido a que presentaron complicaciones médicas durante la audiencia y fueron trasladadas a un centro hospitalario, por lo que su imputación y las medidas cautelares serán debatidas posteriormente.
La investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
