El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia realizó este martes múltiples allanamientos a las tiendas colombianas Lili Pink, una cadena muy conocida de ropa íntima de mujer que en los últimos años se expandió velozmente, lo que llamó la atención de las autoridades del vecino país. La cadena de locales comerciales ha llegado también hasta Ecuador, Venezuela y México y su esquema societario incluye instrumentos panameños.
De acuerdo con información publicada por el diario digital El Colombiano, la investigación de este caso ha durado unos cinco años y en este momento se ha iniciado un proceso de extinción de dominio, es decir, en el que el Estado entra a controlar los almacenes intervenidos, por lo que la cadena seguirá operando con normalidad mientras se resuelve su situación judicial.
Así, el Estado colombiano asumirá la administración provisional de unos 400 almacenes –que también comercializan pijamas, splash, vestidos de baño, maquillaje y productos para el cuidado de la piel– mientras, paralelamente, continúan las investigaciones contra sus directivos por presuntos delitos, como lavado de activos, enriquecimiento ilegal y contrabando de productos textiles.
Los propietarios
La cadena de almacenes –añade El Colombiano– es parte de un conglomerado panameño: Lili Brands, Inc., que preside David Max Abadi Homsany. Actualmente también aparecen en su directiva Querube C. de Núñez (secretaria) y Lineth Ponce (tesorera), mientras que el agente residente es la firma Morgan & Morgan.
La cadena de almacenes, en un comunicado divulgado en las últimas horas, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a sus dependencias –en especial a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)– “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”.
Según el medio digital citado, en Colombia la marca opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S., creada en junio de 2020. Su representante legal es Lorena Bernal Castro. El único accionista de la mencionada franquicia es la sociedad panameña Bestsea Blue, S.A., la cual fue constituida en Panamá en 2020.
En septiembre del año pasado, esta sociedad presentó un acta en el Registo Público panameño en el que se modificó la cláusula tercera de su pacto original –sobre su capital social– que pasó de 10 mil dólares a 2 millones de dólares, divididos en 100 acciones de 20 mil dólares cada una.
También cambió la cláusula sobre el objeto de su constitución: La sociedad “…tendrá como objeto principal actuar como sociedad holding de inversión, incluyendo la adquisición, tenencia, administración y disposición de acciones, cuotas, participaciones sociales, bonos, valores, activos financieros o comerciales de cualquier clase, tanto en la República de Panamá como en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero. Podrá también participar como accionista, socia o inversionista en otras sociedades, ya sean panameñas o extranjeras…”.
Bestsea Blue S.A está presidida por Danilo Enrique Adames Adames, y le acompañan Astrid Escala Clement (secretaria) y Héctor Adames Adames (tesorero), todos con domicilio en Bella Vista, en Plaza 50. Su agente residente es Danilo Adames, S.C. (sociedad civil).
En la operación que se llevó este martes en Colombia las autoridades de ese país intervenieron, además, 40 inmuebles, 8 vehículos, así como una sociedad, aunque ello, insistieron, no ha implicado el cierre de las tiendas.
Las diligencias judiciales se hicieron efectivas en casi 60 ciudades y municipios de 25 departamentos (provincias) colombianos, en las que participaron, demás de la Fiscalía General, efectivos del Ejército Nacional.
Las acusaciones
Después de cinco años de pesquisas, los fiscales han concluido que este caso guarda relación con una supuesta red de empresas –que incluyen importadoras, comercializadoras y compañías de papel– que habría utilizado la estructura de la marca para el ingreso de mercancía a Colombia dando la apariencia de legalidad a recursos presuntamente ilícitos, y que simulaban operaciones de comercio exterior en el que fragmentaban transacciones para dificultar la trazabilidad del dinero y evadir los controles aduaneros.
Las autoridades colombianas informaron en un comunicado que, utilizando el esquema bajo investigación, la cadena ingresaba mercancías, como prendas de vestir, productos cosméticos e, incluso, juguetes, que luego eran distribuidos en el mercado colombiano para dar la apariencia de legalidad.
Las autoridades presumen que la cadena habría lavado más de 200 millones de dólares (730,000 millones de pesos); unos 120 millones de dólares (430,000 millones de pesos) se calculan en presunto enriquecimiento ilícito y unos 35 millones de dólares en contrabando y decomiso de mercancía.
Veloz crecimiento
Las marcas de Lili Pink crecieron a tal punto en tan solo dos décadas, que lograron posicionarse en las tiendas de ese nombre como la principal cadena de ropa íntima de mujer en Colombia, y liderando las ventas al detal y superando las ventas de competidores históricos, como Leonisa.
Se calcula que la operación en Colombia de la cadena genera más de 2 mil puestos de trabajo en administración, diseño, logística y ventas.
