Cerca de 1 de cada 10 mujeres en el mundo no puede tomar sus propias decisiones sobre anticonceptivos, según el informe Estado de la Población Mundial 2024 que publica el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.
En el 40% de los países que disponen de datos al respecto, la autonomía corporal de la población femenina es cada vez menor. Además, el informe alerta que el 25% de las mujeres en el mundo no puede negarse a mantener relaciones sexuales.
En suma, millones de mujeres y niñas pertenecientes a las comunidades más marginadas no se han beneficiado de los progresos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos que se han extendido por todo el mundo en los últimos 30 años debido a su identidad o su lugar de nacimiento.
Bajo el título Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, el documento hace énfasis en el papel del racismo, el sexismo y otras formas de discriminación como obstáculos que dificultan que la población femenina avance en este ámbito.
Las mujeres y las niñas pobres, aquellas que pertenecen a minorías étnicas, raciales o indígenas o que se ven atrapadas en entornos de conflicto tienen más probabilidades de morir porque no pueden acceder a la atención sanitaria oportuna.
Si una mujer en África sufre complicaciones durante el embarazo y el parto, tiene una probabilidad de morir casi 130 veces mayor que si viviera en Europa o América del Norte. Se calcula que más de la mitad de muertes maternas evitables tiene lugar en países que atraviesan crisis humanitarias y conflictos.
La cifra equivale a casi 500 fallecimientos al día. En América, las mujeres afrodescendientes tienen más posibilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. En Estados Unidos, dicha tasa triplica al promedio nacional.
Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas tienen más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Las mujeres con discapacidad presentan hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género que aquellas sin discapacidad. Además, las personas de orientación sexual y expresión de género diversas se enfrentan a la violencia y a grandes obstáculos para recibir asistencia.
Este año se conmemora el trigésimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo, un momento histórico en el que 179 gobiernos adquirieron el compromiso de convertir la salud y los derechos sexuales y reproductivos en un eje central del desarrollo sostenible.
No obstante, los logros corren peligro. Millones de mujeres y niñas siguen muy rezagadas y los avances respecto a indicadores fundamentales se han ralentizado o estancado: todos los días mueren 800 mujeres al dar a luz, una cifra que no ha cambiado desde 2016.
“En el transcurso de una generación, hemos conseguido frenar la tasa de embarazos no intencionales en casi una quinta parte, hemos reducido la tasa de muertes maternas en un tercio y hemos logrado que más de 160 países promulguen leyes contra la violencia doméstica”, explica la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA.
“A pesar de estas mejoras, las desigualdades en el seno de las sociedades y los sistemas de salud están empeorando y no hemos otorgado la debida prioridad a alcanzar a las personas más rezagadas. Nuestra labor dista mucho de acabar, pero no es imposible si contamos con inversiones sostenidas y la solidaridad de la comunidad internacional”, ha expresado.
