NÁPOLES, Italia.- El fiscal adjunto del Tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, expondrá, mañana, jueves, las conclusiones finales de los hechos que en su opinión prueban las extorsiones que Valter Lavítola ejerció contra Impregilo -a instancias del anterior Gobierno de Panamá- para que pagara los 22 millones de dólares que costaba la construcción del hospital pediátrico de Veraguas, a cambio de futuras licitaciones de obras públicas.
Se trata de una fase crucial en el desarrollo del juicio, en la que el fiscal explicará con detalle ante la Sexta Sección del Colegio Judicial -presidido por Giovanna Cepalluni- cuál fue la participación y el grado de ejecución de Lavítola en los chantajes contra la empresa italiana así como las circunstancias que las motivaron.
En la audiencia del pasado 11 de junio, el expresidente de Impregilo Massimo Ponzellini y el exdirector adjunto de esta empresa de construcción, Alberto Rubegni, declararon, por separado, que el artífice originario de las presiones era el entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, siendo Lavítola su “vehículo”.
En concreto, los exdirigentes de la compañía italiana calificaron de “amenaza” las advertencias de Martinelli de declarar falsamente a los medios de comunicación que Impregilo no estaba haciendo un buen trabajo en el Canal de Panamá y provocar así una caída de sus valores en la bolsa de Milán.
Además, en aquella ocasión revelaron que Lavítola pidió expresamente “un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno”. Según el sumario judicial al que ha tenido acceso La Prensa, “la promesa de Impregilo de asumir los cargos económicos relativos a la realización del hospital pediátrico [de Veraguas] a cambio de la adjudicación de la obra del Metro de Panamá no era otra cosa que un modo enmascarado e indirecto para ofrecer al presidente [Ricardo] Martinelli, a través de un empresario estrechamente ligado a él [Rogelio Oruña], indebidas utilidades económicas”.
El testigo estrella de Martinelli, Angelo Capriotti, uno de los propietarios de la empresa italiana Svemark -que debía construir las cárceles modulares- reveló a los fiscales de Nápoles el 9 de abril de 2013, que Devor Diagnóstic, S.A., una de las sociedades de las que es dueño el empresario norteamericano Rogelio Oruña, era “usada para blanquear dinero a favor de Martinelli”.
“Lavítola me indicó que en la citada sociedad era socio oculto el presidente Martinelli, que la usaba para hacer llegar el dinero a él destinado por los empresarios”, agregó Capriotti.
Con el inicio de la exposición de las conclusiones definitivas, el juicio que imputa a Lavítola por extorsión a Impregilo ha entrado en su recta final. El próximo 4 de diciembre sería el turno de la defensa legal de Lavítola en este caso.