El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, afirmó que Panama Ports Company (PPC) lleva tres años sin pagar “un centavo” al Estado por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Según Flores, la empresa justificó el incumplimiento alegando un pago anticipado de $35 millones, que fue desembolsado durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024). El contralor no tiene idea a dónde fue a parar ese dinero o en qué se utilizó.
“Que paguen lo que han de pagar. Tienen tres años que pagan cero, que no han pagado un dólar, pretexto de un adelanto que le hicieron al gobierno de Nito Cortizo. Tienen tres años que no han dado un centavo. Tienen tres años en cero”, dijo Flores, quien ya ordenó una auditoría forense “severa” para examinar toda la relación contractual con PPC desde sus inicios.
En su contrato original, pactado en 1997, PPC se comprometió a pagar una anualidad fija de $22.2 millones por 25 años, más un monto variable correspondiente al 10% de la entrada bruta de todas las actividades que realice en los dos puertos concesionados.
La empresa nunca cumplió con el pago de la anualidad fija: entre 1997 y 2001, pagó entre $22 y $25 millones anuales, según Flores. Eventualmente, fue eliminada: en 2002, el ministro de Comercio e Industrias de aquella época, Joaquín Jácome, emitió una resolución en la que unilateralmente modificó los términos del Contrato Ley 5 del 16 de enero de 1997 y la anualidad fija desapareció.
A partir de 2022, la concesión de PPC fue renovada por 25 años más, por la vía de una simple adenda al contrato ley.
“¿Cómo un Ejecutivo renueva un contrato con todo lo que vivimos nosotros aquí y hoy día tenemos tres años de esa renovación que no han pagado un centavo? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se dio un adelanto de $35 millones de dividendos o de pagos que se dieron y por eso tienen tres años que no pagan nada? Cero”, agregó Flores.
El contralor señaló que la ausencia de pagos afecta la ejecución del presupuesto general del Estado y anunció que propondrá modificaciones al Contrato Ley 5, para lo que pedirá la ayuda del Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN).
“Para que tenga una idea, el año pasado se presupuestó para el 2025 que todas estas empresas mixtas iban a arrojar $150 millones. Ahora son $48 millones. Entonces, malamente podemos nosotros llevar un presupuesto si estamos presupuestando ingresos que no van a entrar”, recalcó.
Además, confirmó su participación en la próxima reunión de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), prevista para este jueves 23 de enero, cuando abordará el tema de las tarifas portuarias.
Las declaraciones de Flores se dieron el 14 de enero pasado, en su primera conferencia de prensa desde que asumió como contralor.
Historia de pagos y ajustes contractuales
En 2002, cuando el entonces ministro Jácome equiparó el contrato ley de PPC con el de los otros puertos del país, los pagos se redujeron significativamente: según Flores, el Estado empezó a recibir entre $2.3 millones y $2.7 millones al año, aunque en el 2020 (cuando se acercaba la fecha de solicitar la prórroga de su concesión) el pago fue de $7 millones. En 2008, una nueva adenda perpetuó estas condiciones.
“Aquí todos perdimos… Lo único que hubo fue que algunos malos panameños trabajaron en detrimento de la República y lo vamos a investigar”, dijo el contralor.
Certificaciones bajo escrutinio
El 28 de junio de 2021, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) certificó que PPC cumplía con las obligaciones básicas del Contrato Ley 5 de 1997 y avaló la prórroga automática del mismo hasta el año 2047.
En esa reunión participó Gerardo Solís, contralor de la República hasta el pasado 31 de diciembre, quien defendió la continuidad de la concesión, alegando que PPC había cumplido con sus compromisos contractuales. Para sustentar semejante señalamiento, habló de una auditoría que supuestamente se realizó a la portuaria, entre marzo y diciembre de 2020.
El contenido de la supuesta auditoría de 2020 a PPC nunca se ha divulgado: Solís se negó a dar una copia del documento cuando La Prensa lo solicitó, invocando la Ley de Transparencia. La entonces secretaria general de la Contraloría y exsocia de Odila Castillo, Zenia Vásquez, rechazó la solicitud de información, indicando que “la referida petición no es procedente, en atención a lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General”, que confiere exclusivamente al contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que estime pertinentes.
La Prensa volvió a solicitar copia de la auditoría, esta vez a Flores.
“Por ahora no te la puedo proporcionar porque hay cosas que no se pueden publicar todavía. Te aviso”, respondió.
Contexto histórico y adendas
Desde la firma del contrato original en 1997, se han aprobado tres adendas: en 2005, 2010 y 2012, todas bajo cuestionamientos sobre su impacto en los intereses del Estado.
Flores dijo que con esta auditoría busca “sincerar” los recursos del Estado y esclarecer las condiciones en las que PPC ha operado durante más de dos décadas.