El presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman, calculó que los trámites para obtener una licencia de porte y tenencia de arma tarda más de cinco meses en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad Pública. Por tanto, solicitó que la Procuraduría de la Administración investigue cómo estos permisos fueron adquiridos en menor tiempo por el exdirector de esa entidad, Roger Mojica.
Mojica estuvo al frente de la Diasp en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y en el de José Raúl Mulino, fue designado director del Servicio Nacional de Migración.
“Cuando llevan más de dos o tres meses, meto los impulsos pidiendo que por favor salgan. Al final, estos trámites se llevan más de cinco meses”, relató el también abogado, quien resaltó que la ley de armas establece un plazo de 30 días, que pocas veces se cumple.
La Prensa reveló que Mojica, mientras estuvo al frente de la Diasp entre 2021 y 2024, aprobó siete permisos de porte y tenencia de armas a su nombre en un corto período de tiempo: cada uno de esos permisos tardó entre a 11 a 32 días en estar listo. También expidió cinco permisos a favor de Ricardo Marulanda, quien era su asesor legal.
Brawerman indicó que desde 2020 tramita como abogado en la Diasp, donde ha tenido que gestionar varios “impulsos” por permisos de armas atrasados.
Llamado a la Procuraduría
Brawerman consideró que el procurador de la Administración, Rigoberto González, debe iniciar una investigación sobre el procedimiento administrativo que se realizó en la Diasp durante la gestión de Mojica, para determinar la legalidad de las actuaciones del funcionario.
“La Procuraduría de la Administración debe pronunciarse sobre si es correcto que ellos mismos tuvieran que aprobar sus propios trámites o no. Este es un caso muy peculiar y me gustaría saber qué puede decir la Procuraduría”, afirmó.
En la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observó que Mojica envió al menos dos notas al entonces director de la Policía Nacional, John Dornheim, para que gestionar el retiro de dos de sus armas. Las notas fueron enviadas el 30 de mayo de 2022 y el 3 de enero de 2023. Las armas le fueron entregadas poco después de que Mojica enviara las notas a Dornheim.
Brawerman indicó que todas las armas solicitadas por los ciudadanos están en custodia de la Policía, pero consideró que las notas que envía el director de la Diasp deben contener varios nombres y no uno solo, debido a que estas armas están en depósitos oficiales custodiados por agentes policiales y son trasladadas a la Diasp para ser entregadas al solicitante.
Cambios favorables
El año pasado, la Diasp implementó un cambio en el procedimiento de traspaso de armas, reforzando la figura de un intermediario.
El 4 de julio de 2023, el entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, firmó una resolución (que fue promulgada el 25 de julio de 2023 en Gaceta Oficial), en la que destaca que los “intermediarios” tendrán una licencia para transportar armas que son propiedad de terceros. Para realizar esa función, contarán con un carné.
Meses después de la promulgación de esta resolución, en noviembre pasado, se inició un proceso de traspaso de una pistola marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, a favor de Mojica. El vendedor, un panameño radicado en Suiza, otorgó poder a un abogado para realizar la venta del arma de fuego. La Diasp, en el acta de entrega del arma a Mojica, el 29 de diciembre de 2023, anotó una observación: “Cabe señalar que el arma con las especificaciones descritas no se mantuvo en custodia de la Diasp”.
Esta nota lleva la firma de aceptación de Mojica. En entrevista con este medio, el funcionario afirmó no recordar haber comprado un arma a través de traspaso.
Críticas
Horas antes de la entrevista con este medio, Brawerman, como presidente de la APPA, divulgó un comunicado en redes sociales criticando la investigación de La Prensa, que publicó el listado de armas en posesión de Mojica.
La APPA consideró “información sensitiva” el detalle de armas de fuego lícitas pertenecientes a un legítimo propietario, “pues creemos que ello marca una peligrosísima tendencia de exponer la información sobre dichos bienes sensitivos”.
