Veintinueve personas imputadas (de las cuales cinco ya fueron condenadas), $858,719.23 recuperados y 10 expedientes en curso.
Ese es el saldo de las investigaciones judiciales, siete años después de que La Prensa revelara la existencia de una red que alteró el registro electrónico de cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS), para otorgar beneficios a personas que en su vida habían pagado una cuota obrero patronal a la entidad.
Por estos hechos, ya hay cinco personas condenadas, seis detenidas provisionalmente y otras 16 con medidas cautelares distintas, como la obligación de notificarse periódicamente, hasta el primer semestre de 2025.
Las condenas van desde la pena de prisión (aunque posteriormente alguna fueron reemplazadas por trabajo comunitario), al pago de multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Solo uno de los condenados fue funcionario de la CSS; el resto son particulares, contó el fiscal anticorrupción David Garay.
La red, integrada por funcionarios y particulares, operaba a través de alteraciones en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), donde están registrados los salarios de todos los trabajadores que cotizan en la CSS. Además de provocar un desfalcó de más de $800,000, provocó daños directos a trabajadores cuyos salarios fueron reducidos fraudulentamente —en algunos casos, a $1 mensual—, afectando así sus futuras pensiones, señaló el fiscal Garay.
En una serie de publicacion en el año 2018, La Prensa documentó cómo la red contactaba a empleadores morosos para ofrecerles eliminar o reducir los saldos, a cambio de un pago equivalente al 20% o 30% del monto adeudado a la CSS.
Esta práctica, además de favorecer ilegalmente a empresarios, dejó a los empleados asegurados con registros salariales tan bajos que afectaron sus aportes al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En abril de 2018, el entonces director de la CSS, Alfredo Martiz, acusó a esta “mafia” de cometer “robos, fraudes y evasión”, lo que provocó un desfalco de más de $300 millones. Martiz dijo aquella vez que al menos 14 empresas estaban involucradas.
Un año después, en marzo de 2019, las autoridades informaron que había 22 investigaciones relacionadas con estas defraudaciones, aunque el monto llegaba a $860 mil y no a los $300 millones denunciados por Martiz.
Los más afectados
Trabajadores de los sectores de la construcción, publicidad y restaurantes figuran entre los más perjudicados, al detectarse que, desde aproximadamente 2018, sus salarios fueron disminuidos drásticamente o eliminados en la planilla ingresada al SIPE.
“Hemos visto en ocasiones que se han establecido salarios de $1 mensual. Ellos tienen un monto un poco superior y es ahí donde entra el perjuicio a la Caja de Seguro Social”, reveló Garay.
La detección la hacen inicialmente los auditores de la CSS.
“Ellos, de manera oficiosa, están ingresando al sistema y levantando las auditorías correspondientes. Posteriormente, la CSS, a través de su departamento Legal, presenta las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio Público adelanta las instrucciones sumariales en cada caso en particular”, dijo el fiscal.
Los funcionarios implicados pertenecían a la Dirección de Investigación de Planillas Complementarias de la CSS.
“Sobre esa base, la CSS realizó el cálculo de las prestaciones económicas, lo que significa que muchos trabajadores recibirán bajas pensiones sin saber siquiera que sus historiales fueron manipulados”, alertó el fiscal.
Lo recuperado
Por ahora, la fiscalía ha recuperado $858,719.23 a través de cinco empleadores que aceptaron pagar la reparación por los daños causados. Este monto representa apenas una fracción del daño total.
El fiscal Garay no especificó a cuánto asciende exactamente la lesión a la CSS. “Estamos hablando de personas que desde 2018 ya venían morosas y se les eliminó la deuda o se modificó en algunos casos”, resaltó.
Hasta ahora, ya han ingresado al Tesoro Nacional unos $38,800, en concepto de multas impuestas por los tribunales a algunos imputados que ya han aceptado su participación y recibido condena.
¿Habrá más allanamientos y detenciones?
“No se descartan”, aseguró Garay a La Prensa.
