Sociedades vinculadas al diputado Raúl Pineda y a tres personas detenidas como parte de la operación antinarcóticos Jericó (incluido a su hijo, Abraham Rico Pineda) habrían recibido fondos del contratista del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, un proyecto adjudicado hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya va por casi $85 millones.
Las transferencias de dinero habrían ocurrido incluso cuando la operación Jericó ya estaba en marcha.
Al frente del proyecto está el Consorcio HCG, que dirigen el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán Mendoza. Desde 2020, Zonta es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un equipo de fútbol que hasta entonces estuvo bajo la presidencia del diputado Pineda, quien milita en el PRD.
El Ministerio Público (MP) maneja informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que indican que, además de beneficiario a Pineda, su hijo y otras personas ligadas a la operación Jericó, el Consorcio HCG presuntamente desvió fondos a cuentas personales relacionadas con Zonta y Gaitán, a fin de “capitalizar” propiedades, vehículos de alta gama y depósitos a plazo fijo cuyos beneficiarios son los dos socios.
“La interrogante que nos surge es la siguiente: si estos dineros, en su mayoría, aún se encuentran rotando en cuentas en el sistema bancario panameño, ¿con qué dineros se está financiando el proyecto [del CRU]?”, señala uno de los informes que está en manos de la Fiscalía Primera de Drogas.
Dudas sobre el destino del dinero
Aunque las obras del CRU muestran un avance físico de 95%, los reportes calculan que menos del 8% de los fondos movilizados (la Universidad de Panamá hace pagos conforme al avance de los trabajos) fueron destinados al pago de materiales o proveedores.
Uno de los informes de inteligencia, fechado en septiembre de 2024, indica que el 80% del dinero circula en cuentas personales o empresas relacionadas con Zonta, Gaitán, Pineda y su hijo Rico.
Gaitán —quien se define como un “empresario exitoso”— negó cualquier irregularidad. Afirmó que “las transferencias que se hacen ahí son única y exclusivamente para temas relacionados con el consorcio, porque ahí está el edificio”, en referencia al CRU de San Miguelito.
Aseguró desconocer que el MP esté investigando al consorcio. Algo similar dijo Zonta, aunque él sí está enterado de algunas diligencias del Ministerio Público, ya que “la fiscalía estuvo en la consultora, como parte de un proceso colaborativo de revisión”.
“Todo quedó bien explicado y sustentado, porque no somos parte de la acusación”, enfatizó Zonta cuando fue localizado por La Prensa, vía telefónica.
Por las ramas…
La Prensa pudo observar que en los informes sobre las transacciones bancarias se identificó que, de una cuenta a nombre del Consorcio HCG, se envió $433,644.85 a Servicios Múltiples Rama, SA, una empresa de limpieza ligada a Rico Pineda, la cual fue allanada el año pasado como parte de la operación Jericó. Los fondos habrían sido movilizados a través de cinco transferencias, por montos que van entre $50,000 y $100,000, realizadas entre el 9 de junio de 2023 y el 29 de abril de 2024.
Para esa época, ya el MP investigaba y ponía en marcha la operación Jericó. Las primeras detenciones se dieron en agosto de 2024. El 21 de ese mes se imputaron cargos y se declaró la aprehensión de Rico.
Un dato curioso es que Estefanía Esturain, suscriptora del Consorcio CGH, fue agente residente de Servicios Múltiples Rama hasta el 27 de agosto de 2024, cuando presentó su renuncia.
Fiscalía 1era de Drogas remite a la CSJ del @OJudicialPanama copias de la investigación de #OperaciónJericó relacionada con un diputado de la @asambleapa. A la fecha han sido imputadas 37 personas por reunión y conspiración para cometer delitos de drogas y blanqueo de capitales. pic.twitter.com/Us4W35ADpi
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 7, 2024
Desde otra cuenta del Consorcio CGH, pero de un banco distinto, se hicieron dos transferencias de $50,000 a Servicios Múltiples Rama, el 30 de junio y el 9 de julio de 2022. En esa misma cuenta se registró otra transacción, esta vez por $30,000, enviada a una cuenta en la Caja de Ahorros a nombre de una sociedad denominada RP y Asociados, presuntamente vinculada al diputado Pineda.
Zonta justificó los pagos a Servicios Múltiples Rama, alegando que corresponden a supuestos servicios prestados al consorcio, “por un monto menor”. Según el abogado del Consorcio HCG, Listo Reyna, los servicios de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y transporte de desechos de construcción se prestaron entre 2021 y 2023. Hasta ahora se desconocía que este contratista del Estado fuera cliente de una sociedad ligada al diputado y su familia.
El empresario costarricense agregó que en 2022, durante un proceso de diligencia debida, “no hubo ninguna alerta que indicara que esta empresa o la persona [Rico Pineda] tuviera algún proceso en curso”.
Más pagos
En los informes también se reportaron cuatro transacciones, que suman $400,000, a favor de Soluciones de Entrega y Transporte, SA (Setsa), una sociedad “directamente” vinculada al diputado Pineda y su hijo.
También hay informes que indican que, desde cuentas bancarias a nombre de Health Care Products Centroamérica, SA, una sociedad que preside Zonta, se hicieron transferencias a cuentas “personales” de los Pineda, de Omar Ortega Robles y de Juan Manuel Aguilar. Ortega y Aguilar también fueron detenidos en la operación Jericó. No se precisa el monto ni la fecha de estas transacciones, salvo que se trata de cantidades “millonarias”.
Pineda, presupuesto y sobrecostos
Por años, Raúl Pineda ha sido miembro de la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia que tiene entre sus funciones aprobar o rechazar el presupuesto general del Estado y las solicitudes de crédito extraordinario o traslado de partida presentadas por cada entidad.
Desde esta posición, Pineda habría impulsado los traslados de partida a favor de la UP, para financiar la construcción del CRU de San Miguelito, proyecto a carga de su presunto cliente -según Zonta-, el Consorcio HCG. Para remate, San Miguelito es el feudo político de Pineda: ha sido diputado de ese circuito desde el año 2009. Incluso encabezó una “visita oficial” a la obra, en mayo de 2022.
En abril de 2024, la UP firmó una adenda al contrato que elevó el monto del proyecto de $65.9 millones a $84.6 millones, alegando un “reconocimiento de equilibrio contractual” por los 121 días que la obra estuvo paralizada por la pandemia de la covid-19. Este ajuste representó un incremento del 30% en relación con el costo original.
Zonta y Gaitán son clientes de la firma de la abogada y exfuncionaria de Contraloría, Odila Castillo. El ajuste al monto del contrato, en atención al principio de equilibrio contractual, fue preparado por el bufete de Castillo, confirmó Zonta.
De insumos médicos a cemento
El Consorcio HCG está integrado por Health Care Products Centroamérica, SA (empresa de insumos médicos) y Construcciones y Mantenimiento General, SA, que controlan Zonta y Gaitán.
El consorcio fue inscrito en el Registro Público en noviembre de 2019, semanas después de ganar la licitación del CRU. La Contraloría refrendó el contrato el 2 de diciembre de 2019.
Health Care Products Centroamérica se adjudicó 221 contratos por $122 millones entre agosto y diciembre de 2020, a través de compras especiales que invocaban el estado de emergencia declarado por la covid-19, según información de aquella época.
El medio digital Foco Panamá publicó recientemente una investigación donde denuncia subcontratos y pagos del Consorcio HCG a empresas y personas supuestamente vinculadas a la operación Jericó, incluyendo a Raúl Pineda y su hijo Rico Pineda.
La bonanza de Gaitán
Los informes dirigidos al MP también apuntan a que Gaitán habría desviado fondos depositados al consorcio para atender gastos personales.
El perfil financiero de Gaitán -que se describe a sí mismo como un “empresario exitoso”- ha dado un cambio radical y vertiginoso en los últimos 18 años.
En 2007, declaró en documentos bancarios que su ingreso principal era su salario de $1,875, supuestamente como “gerente” en una empresa local. En 2019, se acercó al banco para actualizar su información personal e informar que su ingreso mensual se había incrementado a $5,000, como gerente en Construcciones y Mantenimientos Generales, SA Dos años después, ya declaraba $75,000 al mes, “14 veces más que dos años antes”, resalta uno de los informes.
“Yo dejé de ser empleado en 2009 y de ahí para acá soy empresario. Ahora soy socio de Zonta”, dijo Gaitán.
Cuestionado sobre las transferencias a cuentas personales y fundaciones, Gaitán afirmó inicialmente que su intención era “cuidar el patrimonio familiar”.
Posteriormente, admitió haber realizado algunas de esas transferencias, aunque dijo no recordarlas con exactitud y sostuvo que “no tienen nada de pecaminoso”, ya que, según argumentó, es dueño de su empresa.
Más contratos
Construcciones y Mantenimiento General, SA está a cargo de la construcción de la Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar, un contrato de $19,1 millones.
Ambas obras tienen retrasos en su cronograma de ejecución. El 25 de mayo se presentó una octava seguida de tiempo.
El MP tiene informes que indican que Construcciones y Mantenimiento General transfirió fondos a Javier Zárate, un hombre condenado por tráfico de drogas.
Desde febrero de 2021 está en la planilla de la Asamblea Nacional, donde devenga $2,500 al mes. Según la Contraloría, Zárate está asignado al despacho del diputado Pineda.
Gaitán negó cualquier tipo de relación con Zárate.
La Prensa intentó obtener la versión de Pineda, pero el diputado no atendió los mensajes que se dejaron con su asistente en la Asamblea.
Como a los diputados los investiga y procesa el Órgano Judicial, la Fiscalía Primera de Drogas envió una carpeta con 51 tomos con información sobre Raúl Pineda a la Corte Suprema de Justicia, la cual está siendo revisada desde noviembre pasado. Le corresponderá al magistrado Olmedo Arrocha decidir si admite o no la denuncia contra el diputado.
