“La información disponible en esta plataforma es de carácter confidencial…”
Así de sencillo: lo que antes era de dominio público se convirtió en acceso restringido por órdenes del contralor de la República, Anel “Bolo” Flores. Se trata del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos, también conocido como Scafid.
En abierta contradicción con sus propias políticas, la Contraloría General de la República (CGR) restringió temporalmente —según informó— el uso público de esta plataforma, que permitía a cualquier ciudadano darle seguimiento a la gestión de contratos, adendas, pagos, refrendos, etc., sin necesidad de registrarse para su uso y, mucho menos, limitarlo a solo 10 consultas por día.
La plataforma, que antes podía usarse sin necesidad de crear una cuenta, ahora exige el nombre completo de quien desee acceder a la información, así como su cédula y correo electrónico, una medida que se desconoce si será de carácter permanente o temporal.
“Esta medida —informó en su momento la Contraloría— busca reforzar la seguridad y confidencialidad de la información, garantizando que cada consulta sea realizada únicamente por su titular”. Con ello, los ciudadanos perdían el derecho a buscar y obtener información pública, en abierta vulneración a la Ley de Transparencia.
Pero esta semana, el discurso cambió.
La Contraloría alegó otras razones para sus restricciones, desechando entre sus justificaciones la confidencialidad de la información.
Ahora, cualquier persona puede ver la información, pero de manera controlada.
Ante la consulta de este medio, la Contraloría emitió un comunicado la semana pasada en el que informó que “a partir de la fecha, para consultar el estado de documentos o trámites en su plataforma digital, disponible en la página web institucional, será necesario registrarse previamente en el sistema”.
“Esta actualización —asegura la Contraloría— no limita el acceso a la información; su propósito es reforzar la seguridad y proteger los datos personales de cada usuario”.
Sin embargo, contrario a lo que afirma, solo se pueden hacer 10 consultas al día en la plataforma, según pudo comprobar este medio, algo que la nota de prensa deliberadamente no informó.
Además, no explica qué quiere decir con “proteger los datos personales de cada usuario”, ya que la información que ofrece la plataforma ha sido debidamente protegida para no divulgar más de lo que ordena la Ley de Transparencia de 2002, como los nombres de funcionarios permanentes o eventuales, el monto de sus emolumentos, viáticos, etc., si ese fuera el caso; información que, por lo demás, está disponible en la mayoría de los sitios web de las instituciones y empresas estatales.
Hace ocho meses, la propia Contraloría instruía a los ciudadanos a usar la plataforma del Scafid para buscar y obtener la información que esta alberga. Mediante un video conducido personalmente por el director nacional de Fiscalización, Jorge Isaac Escobar, este funcionario afirmaba que el Scafid “permite rastrear una alta gama de documentos relacionados con la gestión fiscal y administrativa del Estado”.
En la promoción del video sobre el uso del Scafid, la CGR se enorgullecía de que “desde 2012, el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos [Scafid] de la Contraloría General de la República ha transformado la forma en que gestionamos la información pública. Mayor control, más transparencia. ¡Un paso más hacia una gestión pública más ágil y abierta!... Continuamos fortaleciendo la protección de datos y la transparencia”, decía.
La importancia de la plataforma del llamado Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos ha sido una herramienta imprescindible para que ciudadanos y medios de comunicación den seguimiento, por ejemplo, al pago de proveedores del Estado, refrendos o situaciones irregulares, como el programa de becas y auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) o las liquidaciones “por mutuo acuerdo” a favor de los gerentes de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
Incluso, más recientemente, se usó para dar seguimiento al refrendo de los contratos de limpieza hospitalaria que otorgó el Ministerio de Salud (Minsa) a la polémica empresa Hombres de Blanco, Corp.
Nuevas reglas
El Scafid ahora está restringido y se desconoce por cuánto tiempo.
La Contraloría alega que la información pública que reposa en esta plataforma se está protegiendo para que no sea blanco de la delincuencia cibernética. Asegura que la institución detectó —aunque sin dar detalles— “intentos de ataques de fuerza bruta dirigidos a inhabilitar temporalmente la plataforma y de minería de datos, con la intención de extraer la información para posteriormente lucrar con ella, proponiendo servicios a las empresas sobre los trámites en la institución”.
Pero nada lo impide ni lo prohíbe la ley. De hecho, existen empresas nacionales e internacionales que ofrecen servicios a ciudadanos, empresas y gobiernos —pagando una cuota mensual o por consulta— para tener acceso a la data pública de Aduanas, el Registro Público, el Registro Judicial, Panamá Compra e incluso al contenido de archivos digitales de medios de comunicación social, así como a la información pública que reposa en los archivos digitales de la Contraloría y del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Contraloría refuerza medidas de seguridad en su plataforma digital para proteger datos de los usuarios. pic.twitter.com/CxH11Qe1K8
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) October 28, 2025
Este acceso pagado facilita, en la mayoría de los casos, mejores criterios de búsqueda que los que ofrecen las instituciones estatales, incluida la plataforma del Scafid, que ahora solo permite un número limitadísimo de consultas, con lo cual la propia Contraloría obstaculiza el libre acceso a la información.
Pero, con el argumento de evitar esos supuestos ataques, la institución dice que “activó sus protocolos de defensa digital, bloqueando accesos no autorizados y fortaleciendo los mecanismos de protección para asegurar la integridad de la información institucional y ciudadana de forma gratuita”, aunque limitada —habría que agregar— y con criterios de búsqueda deliberadamente poco amigables para el usuario.
Incertidumbre
La Contraloría también informó, en su nota de prensa, que la plataforma está activa, aunque con limitaciones, “mientras se completan las acciones necesarias para garantizar su continua funcionalidad e integridad de datos y la protección ‘total’ de su data”.
La Contraloría no establece una fecha para la restitución del acceso total a la plataforma, ni siquiera una aproximada.
