El Ministerio de Gobierno (Mingob), que encabeza Dinoska Montalvo, otorgó un contrato directo de más de $37.2 millones a la sociedad Sprintico Corp. –constituida en septiembre de 2021– para monitorear a privados de libertad mediante brazaletes electrónicos.
Uno de los directivos de Sprintico Corp. mantiene vínculos con una sociedad señalada por blanqueo de capitales y relacionada con la venta del software de espionaje Pegasus en México.
Sprintico Corp. no es una desconocida. En marzo de 2024, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019–2024) contempló otorgarle un contrato directo, de poco más de $5 millones, para el servicio y suministro de mil brazaletes electrónicos, por un plazo de dos años (730 días), a un promedio de unos $6.95 diarios. Sin embargo, la propuesta fue retirada al final de la sesión del Consejo de Gabinete, sin que se explicaran los motivos.
La actual contratación directa contempla el alquiler de 2 mil dispositivos, por un periodo de seis años (2,192 días). El costo unitario por grillete electrónico de la marca Relialert XC3 al Estado será de $8.50 diarios –$1.55 más que la contratación pasada– como detalla un borrador de contrato entre la ministra Montalvo y el presidente de Sprintico Corp., Jack Peter Derman Guzmán.
En Estados Unidos, un brazalete más actualizado, el Relialert XC4, está disponible a la mitad del precio que ofrece Sprintico Corp. La empresa proveedora en Estados Unidos oferta sus servicios por $4.25 por unidad al día. Incluso, promociona descuentos que reducen el costo a $4 diarios.
Para que el sistema de brazalete funcione, requiere una conexión estable a internet.
¿Por qué Sprintico?
El Mingob maneja los detalles de esta contratación de manera confidencial y, debido a ello, se desconoce si se habrían solicitado cotizaciones a otras empresas.
El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, sostiene que se otorgó la contratación a Sprintico porque es el “único proveedor que cumple con los estándares de seguridad y confiabilidad para dicha tarea”.
El funcionario también indicó que no se llamó a una licitación porque, entre otros puntos, es “necesario mantener la confidencialidad de las características de los equipos”, según se desprende del documento que justifica la contratación directa, publicado en Panamá Compra el 21 de abril pasado.
Los candidatos para recibir brazaletes electrónicos son reos con enfermedades graves, crónicas o con discapacidad; embarazadas y madres lactantes; los que estén en depósito domiciliario o bajo fianza de excarcelación, y condenados con libertad vigilada o con medida cautelar, entre otros.
En el informe técnico que avala la compra, Torregroza indica que el “sindicado primario” —es decir, el primer sospechoso en un proceso judicial— puede participar voluntariamente en el programa.
El conductor
Aunque Sprintico Corp. tiene poco tiempo en el mercado panameño, su tesorero, Medardo Rangel Guevara –quien hasta 2023 figuró como chofer en la planilla de la Contraloría General, con un salario mensual de apenas $692–, también fue miembro de la directiva de una sociedad con los representantes de NSO Group, empresa que vendió el software de espionaje telefónico Pegasus en $8 millones al entonces gobierno de Ricardo Martinelli, en 2012, según el Ministerio Público.
Rangel Guevara fue presidente de Stavton Corporation, sociedad inscrita en marzo de 2020 en el Registro Público y disuelta en enero de 2022. Stavton fue inscrita por los israelíes Uri Emanuel Ansbacher y Matan Arie Koren, ambos residentes en México.
En octubre de 2021, medios mexicanos reportaron que Ansbacher fue señalado por operar una supuesta red de empresas que vendieron Pegasus al gobierno mexicano que encabezaba Enrique Peña Nieto, a través de la empresa NSO Group.
Posteriormente, Ansbacher presuntamente habría sido beneficiado con contratos directos por más de $15.9 millones en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Según informes de la Fiscalía General mexicana, Ansbacher utilizó múltiples compañías para transferir recursos y dificultar su fiscalización. Entre las sociedades que recibieron fondos se encuentra Stavton Corp., que habría recibido más de $4.3 millones.
Tanto Stavton Corp. como Sprintico Corp. comparten el mismo agente residente: Enrique Palacios.
El presidente de Sprintico Corp. es Jack Peter Derman Guzmán, que en mayo de 2021 era uno de los voceros de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd), recordado por los cierres de esos negocios debido a la cuarentena por pandemia. El secretario de Sprintico es el colombiano Fredy López Ocampo.
¿Experiencia penitenciaria?
Pese a su reciente creación, el Ministerio de Gobierno argumentó que Sprintico Corp. tenía “experiencia penitenciaria comprobada” en el uso de brazaletes electrónicos en Estados Unidos, México y Sudamérica. Sin embargo, no se presentaron referencias de contratos anteriores.
Tres meses después de su constitución, en 2021, la entonces ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo firmó, el 23 de diciembre de ese año, una resolución que establecía la “necesidad de implementar un sistema de monitoreo y localización para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios”.
Cuestionada sobre esta resolución que dio luz verde a un plan piloto de brazaletes durante su gestión como ministra, Tewaney indicó que la medida surgió ante la “urgencia del hacinamiento excesivo” en las cárceles. Según dijo, la propuesta fue impulsada por un grupo interinstitucional en el que participó la Corte Suprema de Justicia.
Tewaney aseguró no conocer a los representantes de Sprintico Corp., empresa que posteriormente fue considerada para un contrato millonario —que como se dijo no llegó a ejecutarse— durante el gobierno de Cortizo.
Señaló que los aspectos técnicos y contractuales para un plan piloto fueron manejados por funcionarios de varias entidades. El plan piloto iniciaría con un número reducido de brazaletes y sería financiado con “un fondo de seguridad nacional”, cuyo monto no reveló.
Respecto a la dependencia de los dispositivos a una conexión estable a internet, la exministra indicó que ese tema debe ser respondido por la Dirección del Sistema Penitenciario, entidad responsable del monitoreo del programa.
