El Ministerio Público solicitó información a la Universidad de Panamá (UP) sobre los pagos realizados al consorcio HCG, responsable de la construcción del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, tras conocer que el contratista desvió fondos a sociedades y cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y dos personas más detenidas como parte de la Operación Jericó.
La UP, a su vez, ha solicitado a la Contraloría General de la República que revise la última adenda al contrato con HCG, que incrementó el costo del proyecto en casi $15.5 millones, en reconocimiento al principio de equilibrio contractual.
El rector de la UP, Eduardo Flores, confirmó a La Prensa que la fiscal anticorrupción, Lilia Bonome González solicitó “hace dos o tres semanas” copia del contrato de 2019 y sus seis adendas, así como el desglose de los pagos a favor de HCG, información que ya fue entregada.
Flores aseguró que no tenía conocimiento de las transacciones irregulares ligadas al consorcio. “Si el dueño de la empresa tiene algún vínculo con un diputado que está siendo investigado, eso no es culpa de la universidad”, expresó.
El Consorcio HCG está dirigido por el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán. Desde 2020, Zonta figura como accionista y presidente del club Sporting San Miguelito, anteriormente presidido por el diputado Pineda. En esa misma sociedad figuraba como secretario Rico Pineda, hoy detenido por presunto blanqueo de capitales.
Según informes de inteligencia a los que accedió La Prensa, desde cuentas del consorcio se habrían realizado transferencias a tres sociedades vinculadas a los Pineda. Una de ellas, Servicios Múltiples Rama, SA, recibió por lo menos $433 mil entre junio de 2023 y abril de 2024. Esta empresa, dedicada a de servicios de limpieza y vinculada a Rico Pineda, fue allanada como parte de la Operación Jericó.
Zonta aseguró que los informes manejados por el Ministerio Público “contienen mucha información manipulada”. Indicó que prefiere esperar “el criterio” de sus abogados, antes de ampliar sus declaraciones.
Un equilibrio que desequilibra
El rector reveló que solicitó al contralor Anel Bolo Flores revisar la adenda que elevó el monto del contrato de $69.1 millones a casi $85 millones.
El monto originalmente pactado en el contrato fue de $65.9 millones.
Tanto el contrato como las seis adendas fueron firmadas por el rector Flores y refrendadas por la Contraloría, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 6 de septiembre de 2024. En representación del consorcio (integrado por Healthcare Products Centroamérica y Construcciones y Mantenimiento General, SA) firma Zonta; solo una adenda lleva la firma de Gaitán.
La mayoría de las adendas (las número 1, 2, 3 y 5) concedieron más tiempo para el desarrollo de la obra. En la cuarta adenda, se ajustó el precio a $69,1 millones; en la sexta, se levantó a casi $85 millones.
Según Flores, con la última adenda, HCG recuperó un incremento de $28 millones, alegando pérdidas ocasionadas por la pandemia respiratoria y la guerra entre Rusia y Ucrania.
Ante la falta de experiencia técnica de la universidad para evaluar este tipo de reclamos, se solicitó asesoría a la Contraloría General y a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Gracias a esa “orientación”, el monto del reclamo por equilibrio contractual se reduce de $28 millones a $15 millones.
El rector confirmó que la solicitud de incremento de costos que presentó el consorcio fue preparada por la firma de la abogada Odila Castillo, exasesora de Gerardo Solís, que en aquella época era el contralor.
Aunque su firma está en la adenda que reconoce un incremento de $15 millones “para mantener el equilibrio económico del contrato”, Flores piensa ahora que el monto “sigue siendo alto”, así que ahora pide una nueva revisión a Anel Flores, quien reemplazó a Solís al frente de la Contraloría en enero pasado.
“Aún no hemos pagado un centavo”, aseguró.
En el contrato se acordó que los pagos se hacían conforme avanzaba la obra. Flores sostiene que, hasta ahora, se ha desembolsado el 82% del total, equivalente a unos $56 millones.
Pronto el esfuerzo, lucha y trabajo de los dirigentes universitarios del CRUSAM se verán concretizado.
— Raúl Pineda (@raulpineda8_6) November 27, 2019
Se aprueba traslado de partida a la Universidad de Panamá, que le da los fondos para la Construcción de la nueva sede de San Miguelito y Panamá Norte.#MásFuerte #SoyComoTu pic.twitter.com/jY5OoRxdYv
Calculó que el avance físico del proyecto supera el 90%, aunque la universidad aún no tiene una fecha definida de inauguración. La entrega estaba prevista para octubre, pero “no la vamos a poder recibir o no la van a tener lista para recibir”, advirtió.
“Nosotros queremos que todo se haga con transparencia y con base en la ley”, dijo el rector.
Añadió que no se opone a que el caso sea revisado por una fiscalía especializada o por la Oficina de Anticorrupción, y que la institución está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones.
Zonta, en entrevista telefónica con La Prensa desde República Dominicana —donde atiende otros negocios—, confirmó que la abogada Odila Castillo le fue recomendada por “muchas constructoras”, por su experiencia en el manejo del principio equilibrios contractuales.
Aseguró que el proceso se hizo siguiendo los lineamientos de la Contraloría de ese entonces y confirmó que el monto aprobado fue la mitad de lo solicitado originalmente.
El empresario costarricense también formó parte de una comitiva que, en junio de 2019, acompañó al entonces presidente electo Laurentino Cortizo en su primer viaje oficial al extranjero.
En ese viaje, supuestamente organizado para “conocer de cerca programas exitosos sobre medicamentos accesibles”, participaron Rafael Sabonge y José Alejandro Rojas, quienes ejercieron como ministro de Obras Públicas y ministro consejero, respectivamente, en el gobierno de Cortizo.
Desde hace varios días, La Prensa intenta obtener la versión del diputado Raúl Pineda, sin obtener respuesta. Su asistente en la Asamblea Nacional confirmó que Pineda recibió los mensajes en los que se le pide una entrevista.
