IBT LLC, aquella empresa que incumplió la mayoría de los proyectos millonarios que se adjudicó en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), abandonó las obras e incluso fue inhabilitada para contratar con el Estado panameño, ha sido indemnizada con fondos públicos. Y no es la primera vez.
Esta segunda tanda de indemnizaciones ha ocurrido porque, a pesar de conocer que IBT no honraba sus compromisos y tampoco tenía reparo en proceder contra el Estado panameño, la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) mantuvo la relación contractual, con condiciones favorables para la empresa.
De ese modo, aquel gobierno le aprobó adendas, le reconoció aumentos en los costos, le gestionó pagos y finalmente, cuando IBT presentó nuevas demandas arbitrales contra la República de Panamá, aceptó celebrar acuerdos extrajudiciales para poner fin al pleito legal y ceder las obras a otras empresas.
Por tanto, aunque no completó las obras, IBT recibió al menos $60.9 millones del Estado panameño, a cambio de retirar la demanda que presentó en 2021 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. El arbitraje está relacionado con al menos 13 proyectos que le fueron adjudicados por diferentes entidades, como los ministerios de Salud (Minsa), de Gobierno (Mingob) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como la Caja de Seguro Social (CSS).
De los $60.7 millones en indemnización que recibió del gobierno de Cortizo, $44.3 millones fueron aportados por el Minsa y $16.4 millones por la CSS.
Esta cantidad podría aumentar, porque hay un tercer pago millonario a favor de IBT que dejó pendiente el gobierno de Cortizo y que la actual administración (que entró en funciones el 1 de julio pasado) se ha negado a desembolsar, hasta ahora.
Pero Cortizo no fue el primero. Antes lo hizo Varela. El monto acordado esa vez fue de $8 millones.
La tercera, ¿la vencida?
La de 2021 es la tercera demanda arbitral de IBT Group e IBT LLC contra la República de Panamá.
La primera fue presentada el 19 de diciembre de 2014; la segunda, el 26 de agosto de 2020, y la última, el 18 de junio de 2021.
El origen del primer reclamo es el contrato para acondicionar y operar cuatro plantas de asfalto propiedad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a favor del consorcio CCE-IBT. La concesión se otorgó el 14 de septiembre de 2010. Al año siguiente, ya el MOP manifestaba sus quejas por incumplimiento y finalmente, en 2014, anuló el contrato. El consorcio presentó un recurso de apelación en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y dos amparos de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No logró recuperar el contrato. Por último, acudió al Ciadi.
El 15 de diciembre de 2015, el entonces presidente Varela, en Consejo de Gabinete, autorizó al entonces ministro del MOP, Ramón Arosemena, a suscribir un mutuo acuerdo con CCE-IBT. A cambio de $8 millones, el consorcio devolvió las cuatro plantas de asfalto inoperantes y retiró la demanda arbitral.
Con la segunda demanda (la de 2020), Panamá pagó $200,000 para cubrir los honorarios del tribunal arbitral y luego, el 10 de junio de 2021, las partes comunicaron que habían alcanzado un acuerdo, del cual nunca se divulgó nada.
La tercera demanda arbitral llegó el 18 de junio de 2021 y es este el pleito invocado por el Minsa, el Mingob, el Miviot y la CSS para justificar las nuevas indemnizaciones a favor de IBT. Las partes fueron directamente a negociar: no se solicitaron medidas provisionales ni se designaron peritos. El Estado ni siquiera se presentó en la primera audiencia.
Tres meses después, el 13 de septiembre de 2021, comunicaron al Ciadi que ya tenían un acuerdo, aunque esa decisión todavía tenía que sortear un requisito importante: la autorización del Consejo de Gabinete.
En el Gabinete...
El 1 de diciembre de 2021, los entonces ministros Luis Francisco Sucre (de Salud) y Janaina Tewaney (de Gobierno) presentaron los acuerdos alcanzados con IBT al presidente Cortizo y al resto del Gabinete.
Primero habló Sucre. Explicó que, como parte de lo negociado, IBT “cederá” cuatro contratos que suman $237.1 millones, adjudicados en el gobierno de Martinelli, para diseñar, construir y equipar los hospitales de Metetí, en Darién; Bugaba, en Chiriquí; Anita Moreno, en Los Santos, y Manuel Amador Guerrero, en Colón. Los cuatro fueron adjudicados el mismo día, el 2 de julio de 2010.
Para estos trabajos, IBT se asoció con la española Eurofinsa Concesiones e Inversiones S.L. Juntos formaron el consorcio IBT Health.
Como ya se sabe, el consorcio nunca completó esas instalaciones.
Tan pronto como los contratos fueron firmados y refrendados, empezaron a surgir los incumplimientos, las adendas y las extensiones de tiempo. La entrega de dos de esos hospitales debió darse el 11 de octubre de 2012 y, un año después, la de los otros dos. Los cuatro fueron abandonados en 2014. El Minsa resolvió el asunto suscribiendo un “memorándum de entendimiento”, que sirvió de poco, ya que no se evidenció avance alguno en la construcción. Cuando Sucre llevó el acuerdo de negociación al Gabinete, las obras registraban un desarrollo de solo el 62%. Ahí también mencionó que el acuerdo pactado conllevaba “un ahorro significativo para el Estado”.
Cuando llegó su turno, la entonces ministra Tewaney contó que al Mingob le había ocurrido lo mismo con el contrato adjudicado al consorcio Cefere Panamá (liderado por IBT), para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo centro femenino de rehabilitación de la ciudad de Panamá, licitado en el gobierno de Varela por $27.6 millones. Para entonces ya era bastante conocido el historial de incumplimientos de IBT, pero Varela, en lugar de aplicar un castigo ejemplar, permitió que se le concedieran nuevas obras.
El contrato con Cefere entró en vigencia el 7 de junio de 2017. Como era de esperar, la poco escarmentada IBT incumplió y el 16 de enero de 2020, fue rescindido el contrato con Cefere. Esta vez, IBT ingresó a la lista de empresas inhabilitadas para celebrar contratos con el Estado panameño, por un término de tres años. La decisión fue avalada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El consorcio recurrió entonces al Ciadi, esperanzado en que un tribunal arbitral ordenara que se le devolviera su contrato, impidiera la ejecución de la fianza de cumplimiento y suspendiera la inhabilitación. Y perdió: después de dos rondas de argumentos y una audiencia de alegatos orales, el tribunal arbitral rechazó “por completo” las pretensiones de la empresa.
Pero IBT no se rindió.
Su socio Eurofinsa vino al rescate y presentó una segunda solicitud de arbitraje, invocando convenios bilaterales de protección de inversiones suscritos por Panamá con Estados Unidos y con España. Además, ya no se trataba solo del contrato con el Mingob, puesto que se añadieron al reclamo aquellos suscritos con el Minsa, el Miviot y la CSS. Es este el arbitraje de 2021 cuyo desistimiento fue negociado por las partes, con indemnización mediante.
Sin castigo
Luego de escuchar la sustentación de Sucre y Tewaney, el Gabinete no tuvo objeción y expidió las resoluciones número 123 y 124 del 1 de diciembre de 2021, autorizando la suscripción de los respectivos acuerdos transaccionales.
Ni en la resolución correspondiente ni en el acta que acredita todo lo ocurrido en la sesión del Consejo de Gabinete de ese día aparece anotado a cuánto asciende el monto de la indemnización. No obstante, en el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid) de la Contraloría, La Prensa encontró que, para poner fin a su relación con IBT, el Minsa desembolsó $44.3 millones. El pago fue refrendado por el contralor Gerardo Solís el 14 de marzo de 2022.
El Mingob, en cambio, no pagó indemnización, ya que se acogió a la fianza de cumplimiento. La obra fue cedida a otra empresa, llamada Ingeniería Hos, S.A., la cual tiene hasta el otro año para terminar la nueva cárcel de mujeres.
La CSS también es parte
La CSS fue conminada a negociar con IBT, ya que en la demanda de arbitraje fue incluido el contrato de construcción y operación de las salas para los pacientes de hemodiálisis. Originalmente, los trabajos debían concluir en 52 meses (a partir del año 2012), pero la prestación se extendió a través de varias adendas.
El 27 de junio de 2023, Cortizo y sus ministros autorizaron al entonces director de la CSS, Enrique Lau, a suscribir el acuerdo transaccional por un monto de $16.4 millones, a favor de IBT.
El servicio de hemodiálisis ahora lo presta Promed.
Lo que todavía falta: el Miviot
Si bien el gobierno de Cortizo pagó los reclamos respecto a los contratos del Minsa, el Mingob y la CSS, dejó pendiente el del Miviot. Se conoció que, en este caso, la indemnización que espera IBT a cambio de los cinco contratos que le fueron adjudicados en 2016 como parte de “Techos de Esperanza” (uno de los programas insignia de Varela) es de $28 millones.
El asunto está en que Mulino no parece estar por la labor.
La renuencia del presidente se evidenció el pasado 3 de septiembre. Ese día, el Miviot incluyó el tema en la agenda del Consejo de Gabinete. Hubo cortesía de sala para la asesora legal del ministerio, Idelcarmen Pérez de Palma. El presidente escuchó con atención los detalles y luego preguntó si acaso ya nadie se acordaba “quién es IBT”. Todos guardaron silencio y el borrador del acuerdo fue inmediatamente retirado, “a fin de ampliar la información suministrada que permita un análisis más detallado”, según el acta.
Con el Miviot, IBT repitió lo que ya parece su carta de presentación: una cadena de incumplimientos contractuales, poco avance de las obras, problemas de financiamiento y el persistente atraso en la ejecución del cronograma en los cinco contratos que se adjudicó en “Techos de Esperanza”. Tenía que construir 500 casas en Coclé, 500 en Herrera, 500 en Chepo, 500 casas en Los Santos y, por último, 5,000 en Veraguas. Nunca completó los proyectos.
[ Lea aquí la nota 'Admiten demandas por Techos de Esperanza'Opens in new window ]
Los cinco contratos sumaban poco más de $64 millones. Luego invocó el principio de equilibrio contractual, alegando afectaciones por la pandemia respiratoria de la covid-19. De hecho, IBT es cliente de la firma de Odila Castillo, la exasesora de la Contraloría e involucrada en un posible caso de “corrupción pública” y extorsión, según una nota que el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos envió en junio pasado al procurador Javier Caraballo.
Si al final, IBT le cobra al Miviot, habrá recibido en total $96.7 millones en indemnizaciones del Estado en menos de 10 años, sin haber llevado a término sus demandas arbitrales o, mucho menos, haberlas ganado.