Aunque han tenido que desistir (al menos por ahora…) a las jubilaciones especiales para jueces y magistrados, el personal del Órgano Judicial (OJ) ya goza de varios “derechos”, como una póliza privada de vida, salud, accidentes y lesiones personales.
Adquirir esa póliza colectiva (que actualmente está en proceso de contratación) representa un gasto de $15 millones.
Este beneficio está contemplado en la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial. Por tanto, es un derecho adquirido por ley para cada funcionario del OJ, al igual que gozar de descanso remunerado el día de su cumpleaños, ausentarse para atender diligencias personales “urgentes” y recibir una bonificación por antigüedad al momento de retirarse (ya sea por renuncia o jubilación).
El contrato de esa póliza colectiva ha sido adjudicado a Assa (aunque está pendiente su refrendo por parte de la Contraloría), por $15,050,583.32 (el precio de referencia de la licitación era de $15.8 millones), en un acto público en el que se utilizó el procedimiento de selección por mejor valor. Otras dos empresas presentaron propuestas: Mapfre Panamá y Compañía Internacional de Seguros, que ofertaron $15.04 millones y $15.03 millones, respectivamente.
Adjuntos
Adjudicacion a Assa.pdfEl periodo de cobertura es de tres años: del 12 de mayo de 2025 al 11 de mayo de 2028, para ser exactos. En el pliego de cargos, en el que consta el precio de referencia de la licitación por $15.8 millones, se desglosan los costos así: $3.3 millones por la cobertura mayo-diciembre 2025; poco más de $10.5 millones corresponden a 2026 y 2027 (casi $5.3 millones por cada año), y el resto (poco más de $1.9 millones) a los primeros cuatro meses y medio de 2028.
La disponibilidad de la partida presupuestaria, basada en los $15.8 millones del precio de referencia, fue certificada por la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial mediante una nota del 14 de noviembre de 2024.
Para el OJ, el incremento promedio anual es de “$1 millón, que está consignado en el presupuesto de funcionamiento y no es excluyente con los otros gastos e inversiones a los que se hace referencia”.
En total, la cobertura es para 6,988 personas; de estas, 330 superan los 62 años de edad.
El incremento
La nueva póliza representa un incremento de casi $5 millones respecto a la anterior, correspondiente a la cobertura de mayo de 2022 a mayo de 2025 (también por tres años).
Aunque fue originalmente adjudicado en $7.5 millones en 2022, sobre la marcha fue ajustado a $11 millones, a través de dos adendas.
El proveedor de aquel contrato (que estuvo vigente hasta el 11 de mayo de 2025) también fue Assa.
Ante una consulta de La Prensa, el OJ explicó que el alza de $7.5 millones a $11 millones se debió al incremento en el número de funcionarios y a un “aumento de la siniestralidad”, lo que “representa un incremento en relación con el contrato actual No. 59/2025 del 26.6 %”. El contrato 59/2025 es aquel adjudicado a Assa, que está pendiente de refrendo.
El OJ no tomó en cuenta en su cálculo que el 1 de agosto pasado, el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un desembolso por más de $581 mil al contrato 2022-2025 con Assa, lo que elevó el monto total a más de $11.6 millones.
Según documentos que maneja el CENA, este incremento responde a un ajuste “al valor original del contrato para brindar el servicio de emisión y cobertura de póliza de vida y salud para todo el personal del Órgano Judicial”, específicamente de la Corte Suprema.
Si el costo total de la póliza de 2022 a mayo de 2025 representa $11.6 millones, el incremento en relación al monto original de la adjudicación ($7.5 millones) sería de 47%.
Si se toma como referencia el monto final ajustado de $11.6 millones del contrato anterior, la póliza tendría un incremento de 29.3%.No obstante, el Órgano Judicial reportó un aumento de 26.6%, cifra que al parecer responde a una base de cálculo distinta empleada por la entidad para justificar este incremento sustancial en la póliza.
‘Prioridades equivocadas’
El exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, cuestionó duramente el elevado costo del seguro privado.
Considera desproporcionado destinar $15 millones a pagar una póliza privada cuando muchos juzgados carecen de recursos básicos. Esto refleja, dijo, “una prioridad equivocada. El presupuesto del Órgano Judicial debe destinarse primero a garantizar justicia rápida y eficiente para los ciudadanos”.
Molino Mola añadió que este tipo de beneficios personales contradicen la misión esencial de la institución.
“Los beneficios personales nunca deben anteponerse a las necesidades del servicio público. El presupuesto del Órgano Judicial debe responder a su misión esencial: garantizar justicia pronta, completa y eficaz”, y agregó que cualquier asignación que desvíe recursos “es éticamente cuestionable”.
Otro exmagistrado, que pidió mantenerse en el anonimato, coincidió en que la decisión refleja una “desconexión” con la realidad del país. “Evidentemente es una falta de conciencia social de los magistrados... ¿Dónde se enfoca la austeridad en la administración de justicia? Se debe priorizar el servicio público, no los beneficios personales de la Corte”.
