El comisionado Louis Sola, presidente de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, utilizó la audiencia celebrada este martes en Washington sobre la influencia china en las operaciones del Canal de Panamá para defender sus inversiones familiares en el istmo.
La familia Sola pretende construir una marina, un rompeolas y varios locales comerciales en dos concesiones estatales (una de tierra firme y otra de fondo de mar) en isla Flamenco, donde antes -en la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014), para ser exactos- se proyectaba una estación aeronaval operada por el Ministerio de Seguridad Pública. El promotor es la sociedad Amador Marina, S.A., cuya representante legal y presidenta es Carolyn Sola, hija del comisionado federal.
Sola fue uno de los cuatro testigos en la audiencia celebrada este 28 de enero en la Comisión de Comercio, Ciencias y Comunicaciones del Senado de Estados Unidos, convocada por el republicano Ted Cruz, en medio de reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de recuperar el control del Canal.
Sobre la marina de los Sola, La Prensa publicó una investigación en octubre pasado, en la que se explicó cómo el comisionado aprovechó una visita oficial del FMC, en julio pasado, para participar en una reunión en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la que se discutió la compatibilidad del proyecto con las operaciones de la vía. Previamente, Sola y la misión del FMC se reunieron con el presidente José Raúl Mulino, un puñado de ministros y los administradores de la ACP y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ricaurte Vásquez y Luis Roquebert, respectivamente.
Aunque reconoció ante el Senado que el Canal ha sido manejado “eficientemente” y de forma independiente por la ACP, Sola resaltó la existencia de corrupción sistémica en el gobierno panameño en relación con los negocios con inversionistas privados.
El senador Cruz afirmó que un ejemplo de la influencia de China y de la corrupción sería la “influencia” para construir la sede de la embajada china en Amador, presuntamente donde los Sola quieren construir su proyecto privado.
“¿Puede describir su experiencia personal, incluyendo cómo Panamá ignoró los derechos de propiedad mientras buscaba apaciguar a China con una nueva embajada?”, preguntó Cruz.
El senador republicano, en ningún momento, precisó que se trataba de una concesión estatal sobre terrenos a nombre de la nación; el fondo de mar, además, es un bien inadjudicable. Sola no lo corrigió, sino que hizo un recuento de su “experiencia personal”.
“Hace unos 10 años, el negocio marítimo de mi familia se expandió enormemente y nos dieron una concesión para construir un puerto deportivo en la zona del Pacífico. También incorporamos un componente de cruceros. Trajimos las compañías de cruceros a Panamá. Este habría sido el primer puerto de cruceros en el Pacífico”, dijo Sola, incurriendo en otras imprecisiones: la primera marina de cruceros en la costa del Pacífico panameño es la que ya opera la sociedad Fuerte Amador Resort & Marina (FARM) en Isla Flamenco (en el lado opuesto al que estaría Amador Marina, S.A.). FARM fue uno de los primeros concesionarios de Amador e inauguró su proyecto en 1998.
“Nos dijeron que la concesión sería nacionalizada, y lo que hicieron fue reasignarla”, remarcó el comisionado.
Para poder recibir cruceros en su marina privada, la empresa tendría que presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al Ministerio de Ambiente y solicitar otro permiso de compatibilidad con las operaciones del Canal.
Otra inexactitud: Sola sostiene que la embajada china estaría en Flamenco, pero esa zona nunca fue considerada. El sitio exacto en Amador mencionado por la Cancillería panameña fue el espacio que ocupa el mausoleo de Omar Torrijos Herrera, que ni siquiera está en las islas de la calzada, sino en tierra firme. Finalmente, la embajada se ubicó en un edificio de alquiler en el corregimiento de San Francisco.
Sola tampoco mencionó que Amador Marina, S.A. obtuvo la concesión directa, sin licitación pública, por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), en 2018, en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019). Además, la concesión para rellenar fondo de mar le fue adjudicada el año pasado por la AMP, en la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024).
El comisionado siguió con su narrativa ante el Senado.
Aseguró que cuando el gobierno panameño adjudicó la construcción de otra marina en Amador a un “competidor chino”, quiso presentar una queja, pero el Departamento de Comercio de Estados Unidos no se lo permitió. “Así que traje mi asunto aquí”, dijo.
Escribió a los senadores Roger Wicker y Bill Nelson, quienes finalmente le ayudaron. “Pudimos resolverlo después de unos seis años. Panamá hizo lo correcto y le devolvió el terreno a mi familia”, remarcó.
Antes de entrar en la defensa directa de su proyecto particular, Sola pidió a los senadores más apoyo para los inversionistas estadounidenses en Panamá, para poder hacer frente a la presencia creciente de empresas chinas en el istmo, las cuales -según él- reciben contratos sin licitación.
Sola, en su intervención, soltó otra perla: le dijo a los senadores que Panama Ports Company (PPC) bloquea el Canal, cada vez que un barco ingresa a sus puertos.