Se eleva la cantidad de gerentes, directivos y personal allegado al Partido Revolucionario Democrático (PRD) que ha sido favorecido con un mutuo acuerdo por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), a pocos días del cambio de gobierno.
Ahora son al menos 14 los funcionarios que serán liquidados en Etesa y que recibirán una indemnización que, en conjunto, suma $1,639,477.53 millones.
Hasta la semana pasada, La Prensa había encontrado que Etesa esperaba el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) para el desembolso de $959,919.05, para pagar las liquidaciones de su gerente y subgerente general, Carlos Mosquera y Óscar Rendoll, respectivamente, y otros cuatro funcionarios de confianza.
Pero una búsqueda en el sistema de seguimiento, control, acceso y fiscalización (Scafid) de la CGR mostró que otros siete funcionarios también han sido favorecidos con liquidaciones por mutuo acuerdo, lo que representa un desembolso adicional de $602,463.48.
Ni una de estas liquidaciones ha sido refrendada hasta este viernes 28 de junio, último día hábil de la administración presidencial de Laurentino Cortizo. El presidente electo José Raúl Mulino, que toma posesión el próximo lunes, le ha pedido a la Contraloría General de la República que no lo haga.
El pariente y el suplente
Hasta ahora se desconocía que uno de los favorecidos es Guillermo Jaén, tío del vicepresidente y excandidato presidencial José Gabriel Carrizo Jaén. Su indemnización es por $66,083.71. El mutuo acuerdo fue firmado el 15 de mayo pasado, pocos días después de la derrota electoral del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La liquidación ingresó a la Contraloría el 20 de mayo. El salario mensual de Jaén (que fue contratado en octubre de 2019) es de $5,064.74.
Para las mismas fechas se firmó el mutuo acuerdo de Alexis Ayala, actual suplente del diputado perredista Raúl Pineda, quien acordó una liquidación por $78,912.93. Ayala era el director de Recursos Humanos en Etesa desde el 27 de julio de 2019. A la vez, Ayala participaba activamente en la Asamblea y en las actividades proselitistas de Pineda. Incluso, a finales de diciembre pasado, lo reemplazó en su función de secretario de la comisión legislativa de Presupuesto, presidida por Benicio Robinson, durante la discusión del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2024.
Los Robinson
La hija del diputado Robinson, que se llama Mirbenis, llegó a Etesa en 2019, logrando un contrato indefinido de $3,000 al mes como especialista en riesgo y gestión activos, poco después de graduarse de la universidad. Además, aspira a recibir una compensación monetaria de esta empresa. En febrero pasado, firmó su carta de renuncia luego de acogerse a una licencia “sin sueldo” a mediados de 2020. Su liquidación se acordó por $1,075.08. Aunque su monto es inferior a otras liquidaciones que esperan refrendo de la Contraloría, Mirbenis solo prestó servicios por “un par de meses” en Etesa, antes de irse a España, según confirmó el gerente Mosquera, en una entrevista con La Prensa en enero pasado.
También está el caso de Katrina Ortiz, asistente de Mosquera. Ella firmó un mutuo acuerdo por $73,890.95. Ortiz devengaba un salario de poco más de $5,000 al mes. Etesa solicitó su liquidación a Contraloría en febrero pasado, un mes después de que una investigación de La Prensa revelara que en esa oficina nadie sabía quién era ella.
Cuestionado en su momento por la notable ausencia de Ortiz, Mosquera justificó que realizaba trabajos que “no necesariamente se hacen en oficina, sino de otro tipo, según considere que pueda hacer”.
Este medio detectó que Ortiz es tesorera en la sociedad Agroexport del Istmo (Agrodeisa), presidida por Mirza Gutiérrez de Robinson, esposa del diputado Robinson.
Más mutuos
El director de gestión comercial de Etesa, Celso Spencer, nombrado desde julio de 2019, acordó una liquidación por $110,205.45. Según la planilla estatal, Spencer recibe un salario mensual de $6,534.36. Aunque aparecía en ese cargo, se ubicaba en la dirección de Asesoría Legal de la empresa estatal. En el documento de terminación laboral que se encuentra en la Contraloría para su refrendo se indica que su último pago “será hasta el 30 de junio”, es decir, un día antes de que inicie el nuevo gobierno. El mutuo acuerdo de Mosquera también entra en vigencia ese mismo día.
También el próximo domingo se despide el director de Ingeniería, Lucas Halphen, quien mantiene un salario de $5,781.39 al mes. Su mutuo acuerdo contempla una indemnización de $134,396.63.
También serán liquidadas por mutuo acuerdo las coordinadoras de Seguridad Industrial y de Compras, Aidaliz Hing y Maruquel Franceschi, respectivamente. Hing reclama una indemnización de $66,216.23 y Franceschi, de $71,682.50.
Los documentos que ingresaron a Contraloría el 13 de junio pasado indican que Franceschi trabajó hasta el pasado día 15. Devengaba un salario mensual de $2,418.20 y estaba en la planilla desde julio de 2000.
La lista de beneficiados la completan el gerente de Compras, Daniel Castilla, que pide $77,095, y los directores Pablo Castrejón (de Finanzas), Ramón Palacios (de Asesoría Legal) y Zorina Carles (de Servicios Corporativos), cuyas indemnizaciones ascienden a $116,577, $119,366 y $91,068, respectivamente.
Algunos mantienen contratos de trabajo “con carácter indefinido”, pero todos pueden ser removidos por la junta directiva de Etesa, la cual será renovada a partir del otro mes, cuando José Raúl Mulino tome posesión como presidente de la República.
Todos los mutuos acuerdos fueron autorizados por la junta directiva de Etesa, que está bajo el control del Ejecutivo: los ministros Jorge Rivera Staff (de Comercio e Industrias) y José Simpson (de Presidencia) ejercen como presidente y secretario de la misma, y el viceministro de Economía, Carlos González, es el tesorero. Todos serán reemplazados el próximo lunes.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, le advirtió al ministro Rivera Staff que los mutuos acuerdos en las empresas mixtas (como lo es Etesa) son “jurídicamente inviables”.