Preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia ha generado el suceso ocurrido el jueves 2 de octubre pasado en el Colegio José Guardia Vega, ubicado en la provincia de Colón, donde estudiantes hirieron con arma blanca a otros cuatro alumnos.
De los cuatro estudiantes heridos, dos se mantienen hospitalizados y el resto fue dado de alta.
Mientras que a dos menores presuntamente vinculados al incidente en el Colegio José Guardia Vega se les declaró su aprehensión, informó la Fiscalía Superior de Adolescentes de la provincia de Colón y la comarca Guna Yala.
La medida se dio tras la formulación de imputación por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado en grado de tentativa. El tribunal ordenó la detención provisional de ambos adolescentes por un período de nueve meses mientras se desarrollan las investigaciones.
#Detención| Por solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala, se ordenó la detención provisional de 2 adolescentes, por el delito de tentativa de homicidio doloso agravado, relacionado a un hecho ocurrido ayer en un centro educativo de Colón. pic.twitter.com/f8nytzGxB2
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 3, 2025
Al respecto, Ariel Hughes Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), advirtió sobre una crisis estructural en los planteles educativos de Panamá, tras los recientes incidentes reportados en el Colegio José Guardia Vega y otros centros del país.
Hughes criticó la respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) respecto a los Comités Psicopedagógicos. “Las autoridades han optado por trasladar la responsabilidad exclusivamente a los padres de familia. Lo ocurrido evidencia una crisis estructural que no puede ser minimizada ni reducida a la simple recomendación de ‘revisar mochilas’”, afirmó.
El dirigente destacó que el pandillerismo y la delincuencia juvenil no son hechos aislados sino consecuencia de la ausencia de un sistema integral de prevención que incluya seguridad efectiva, programas de acompañamiento psicológico, planes de mediación escolar y vigilancia en los centros educativos de mayor vulnerabilidad, solicitudes que, según Hughes, fueron presentadas en 2024 y desatendidas por el Meduca.
“No basta con señalar culpables; se requiere un enfoque jurídico y pedagógico sostenible, con políticas públicas claras, evaluaciones periódicas y una respuesta coordinada entre Meduca, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y la comunidad educativa”, subrayó Hughes Garrido.
El presidente de Anpafa advirtió que la evasión de responsabilidades por parte de las autoridades no solo agrava la crisis sino que también erosiona la confianza de la sociedad en un sistema que debería garantizar protección, prevención y un entorno seguro para los jóvenes.
Las investigaciones continúan
Según la Procuraduría General de la Nación, las indagaciones continuarán con el compromiso de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Por su parte, las autoridades de la Dirección Regional de Educación de Colón indicaron que en las próximas semanas se reunirán con los padres de los jóvenes afectados para garantizar que no se interrumpa su educación.
Se prevé que reciban sus clases a través de módulos educativos mientras dure el proceso investigativo.
