La Universidad de Panamá manejará unos $379.4 millones en 2027 y tiene actualmente 9,389 funcionarios, pero durante la sustentación de su presupuesto ante la Asamblea Nacional no precisó cuánto cuesta su planilla ni cuánto ha aumentado ese gasto en los últimos cinco años.
El dato cobra relevancia porque $354 millones, equivalentes al 93.4% del presupuesto, estarán destinados al funcionamiento, mientras que solo $25 millones, el 6.6%, irán a inversión.
El diputado independiente Jhonatan Vega pidió al rector Eduardo Flores explicar cómo se justifica esa distribución y cuánto dinero absorbe el gasto de personal.
Flores respondió que el gasto de funcionamiento está relacionado principalmente con la actividad académica de la institución, que cuenta con 120 carreras de licenciatura, además de programas de maestría y doctorado, extensiones y centros regionales.
Cada nueva carrera, explicó, implica contratar especialistas para atender la demanda académica.
Casi 9,400 funcionarios
Flores detalló que de los 9,389 funcionarios, 4,674 son administrativos y 4,715 son profesores.
Vega había solicitado además conocer cuántos empleados tenía la universidad en 2024, 2025 y 2026, así como cuánto había aumentado la planilla durante los últimos cinco años.
Esos datos no fueron presentados durante la sesión. En su lugar, el rector expuso la evolución de la relación entre estudiantes y funcionarios.
Según Flores, en 2016 había 13 estudiantes por cada funcionario administrativo. Actualmente son 18.4. Entre los docentes, la relación pasó de 13.3 estudiantes por profesor a 18.7.
Con esas proporciones, la matrícula actual puede estimarse en más de 86 mil estudiantes. El rector utilizó estos indicadores para sostener que la matrícula ha crecido a un ritmo mayor que la cantidad de funcionarios.
Un presupuesto mayor al de 2026, pero menor al de 2025
Los $379.4 millones previstos para 2027 representan un incremento de aproximadamente $61.9 millones, equivalente al 19.5%, frente a los $317.5 millones asignados en 2026.
Flores recordó, no obstante, que la cifra sigue por debajo de los $395 millones recibidos en 2025.
De los recursos previstos para 2027, unos $25 millones serán destinados a inversión.
Flores aseguró que se priorizará la conclusión de obras pendientes antes que la incorporación de nuevos proyectos.
Entre las obras mencionó el Centro Regional Universitario de San Miguelito, el gimnasio de Bocas del Toro, el nuevo edificio del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y los laboratorios de Azuero, Colón y Coclé.
También se contempla el mantenimiento de los más de 200 edificios de la institución.
El vicerrector administrativo, Arnold Muñoz, detalló cuánto falta por pagar en algunos proyectos: unos $3.5 millones para el Centro Regional Universitario de San Miguelito y aproximadamente $200 mil para el gimnasio de Bocas del Toro.
En Panamá Oeste quedarían entre $500 mil y $550 mil, mientras que para los laboratorios de Azuero y Coclé faltarían aproximadamente $350 mil y $250 mil, respectivamente.
Vega preguntó si los $25 millones serían suficientes para concluir las obras.
Flores respondió que la mayoría está próxima a terminarse y que existen pocos proyectos nuevos.
El diputado advirtió que dará seguimiento a estos compromisos cuando la institución vuelva a sustentar su presupuesto ante la Asamblea Nacional.
Publicidad y viáticos
Vega también cuestionó varios renglones relacionados con publicidad.
En promoción y publicidad se contemplan $168,133; en anuncios y avisos, $85,520; y en otros gastos de información y publicidad, $35,960. En conjunto, suman $289,613.
Flores explicó que la promoción incluye actividades para divulgar las carreras en escuelas secundarias y medios de comunicación. Los anuncios y avisos corresponden principalmente a concursos de cátedra, mientras que el tercer renglón contempla actividades de relaciones públicas y mantenimiento de páginas web.
También fueron cuestionados $791,498 en viáticos, destinados a desplazamientos dentro del país, viajes al exterior y participación en actividades académicas.
Flores indicó que parte de esos recursos permite a los docentes presentar resultados de investigaciones en congresos.
Un millón para profesores por horas
Otro de los renglones cuestionados fue el de servicios personales, por $1 millón.
Inicialmente, los funcionarios que acompañaban al rector no pudieron precisar el destino de ese monto. Posteriormente, la administración aclaró que corresponde al aumento de horas de los profesores de tiempo parcial debido al crecimiento de la matrícula.
Estos docentes reciben un pago por hora, por lo que una mayor cantidad de estudiantes puede generar un incremento en las horas contratadas.
Además, se contemplan $356 mil para becas de estudio, dirigidas a estudiantes que cumplen criterios de rendimiento académico y necesidad económica.
En incentivos se presupuestaron $306,689, vinculados, según Flores, con aumentos salariales para funcionarios administrativos que obtienen nuevos títulos y mejoran su formación profesional.
Ante los cuestionamientos sobre la distribución de los recursos, Flores destacó los resultados de investigación de la institución.
Aseguró que las publicaciones en revistas de alto impacto aumentaron de 52 a 256 y que la cantidad de revistas de investigación pasó de 10 a 25.
Títulos y universidades bajo cuestionamiento
En la segunda parte de la comparecencia, Vega cuestionó al rector sobre la fiscalización de títulos provenientes de universidades extranjeras y de instituciones cuya acreditación ha sido cuestionada.
Flores explicó que el Consejo Académico decidió no aceptar ni validar títulos de universidades que no estén acreditadas en sus respectivos países.
Aclaró que la institución no determina por sí sola si una persona puede ejercer una profesión, ya que esa responsabilidad puede corresponder a otras instancias y colegios profesionales.
Para quienes aspiran a ingresar como profesores, la universidad sí evalúa los títulos presentados.
Flores también explicó que el Consejo Técnico de Desarrollo Académico (CTDA), integrado por las cinco universidades públicas, participa en la fiscalización de las universidades particulares, según el área de conocimiento y la ubicación de cada institución.
La sustentación terminó sin que quedaran precisados el costo de la planilla ni su evolución durante los últimos cinco años, dos de los datos solicitados por Vega durante la comparecencia.
