En apenas un año, los resultados del examen de barra para obtener la idoneidad de abogado en Panamá dieron un giro radical. En 2023, durante la primera aplicación de la prueba, apenas 9 de los 150 estudiantes que completaron el curso fueron calificados como aptos para ejercer la abogacía, lo que representó una tasa de aprobación de apenas el 6%.
La cifra generó inquietud en sectores académicos y profesionales, que cuestionaron la efectividad del programa y reavivaron el debate sobre el rigor y la pertinencia de esta evaluación en el sistema legal panameño.
Sin embargo, los datos más recientes del Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial —conocido como la Escuela Judicial— muestran un panorama opuesto. En 2024, de 1,954 graduados de Derecho que participaron en la prueba, 1,774 aprobaron, lo que equivale a una tasa de aprobación del 90.8%. Solo 180 no lograron superar el examen.
El detalle por universidades refleja que la Universidad de Panamá (UP) encabezó la lista con 635 participantes y 571 aprobados; seguida por la Universidad ISAE (478 inscritos y 432 aprobados) y la Universidad Latina de Panamá (ULAT), con 177 inscritos y 167 aprobados. También destacaron la Universidad Santa María La Antigua (USMA), con 151 participantes y 134 aprobados; la Universidad del Istmo (UDI), con 122 inscritos y 110 aprobados; y la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), que registró 121 participantes y 115 aprobados.
La mayoría de las casas de estudio superó el 85% de aprobación, con casos como la UIP alcanzando un 95%, y universidades como la Metropolitana y la Autónoma de Chiriquí superando el 90%. Incluso centros con menor número de aspirantes, como la Universidad Americana, la Universidad de Hosanna y Columbus University, lograron resultados positivos.
Actualmente, según cifras del Órgano Judicial, Panamá cuenta con al menos 25,000 abogados activos. Este contexto se cruza con el debate generado por el proyecto de ley No. 168, que propone eliminar la obligatoriedad del examen. Sus defensores lo consideran una barrera burocrática que retrasa la incorporación de nuevos profesionales y dudan de que mida las competencias prácticas y éticas necesarias.
Por el contrario, académicos y especialistas advierten que suprimir la prueba podría debilitar la calidad de la formación jurídica y minar la confianza pública en la profesión. Para algunos, la tasa de aprobación del 90.8% en 2024 es prueba de que los aspirantes están mejor preparados; para otros, podría reflejar una reducción en el rigor del examen, manteniendo viva la controversia sobre su papel en la abogacía panameña.
Actualmente, los graduados en Derecho deben completar un programa de formación inicial en el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial y, posteriormente, presentar el examen final o de barra, que certifica su capacidad para ejercer la profesión y permite que la Corte Suprema de Justicia otorgue su idoneidad. En caso de reprobar, tienen la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones más.
El debate sigue abierto, y el futuro del examen de barra en Panamá podría marcar un antes y un después en la formación y regulación de los abogados en el país.
