Lo que hoy se vive en las provincias de Herrera y Los Santos no es una sorpresa. Es la crónica de una crisis ambiental anunciada. Miles de personas no cuentan con agua apta para el consumo del grifo, debido a la grave contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, dos fuentes importantes para el abastecimiento humano y la vida en la región de Azuero.

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La organización Ciencia en Panamá, que reúne a científicos y científicas de todas las disciplinas del país, ha alzado la voz: “Estamos ante una emergencia que evidencia años de abandono, decisiones mal tomadas y falta de acción en la gestión de nuestros recursos hídricos”.

Los expertos advierten que la situación actual no es un hecho aislado, sino el resultado de décadas de contaminación continua: vertido de desechos, uso excesivo de agroquímicos, deforestación sin control y la alarmante ausencia de plantas de tratamiento eficientes.

“El río La Villa no solo lleva agua a los hogares. También sostiene la biodiversidad, regula el clima, recarga acuíferos y sostiene la agricultura que alimenta a miles”, subraya la organización.

Durante años, investigadores han documentado la degradación progresiva de estos ecosistemas clave. Sin embargo, la falta de voluntad política, el débil monitoreo ambiental y la escasa inversión en infraestructura hídrica han dejado a la región vulnerable. Hoy, esa negligencia pasa factura.

Seis acciones urgentes para frenar la crisis

Frente al panorama alarmante, Ciencia en Panamá propone un plan de acción inmediato:

  1. Monitoreo científico permanente en toda la cuenca del río.

  2. Saneamiento integral, con plantas potabilizadoras adaptadas al contexto local.

  3. Restauración de zonas de recarga hídrica, mediante reforestación y protección activa.

  4. Participación de expertos científicos en el diseño y evaluación de políticas públicas.

  5. Transparencia y acceso ciudadano a la información ambiental.

  6. Educación ambiental comunitaria para fomentar prácticas sostenibles.

La organización reitera su compromiso de colaborar con autoridades, comunidades e instituciones para aportar soluciones técnicas, basadas en evidencia, que permitan recuperar los ríos y asegurar un futuro sostenible.

“Proteger nuestros ríos es proteger nuestra salud, nuestra economía y nuestro derecho al agua. Lo que está en juego es el bienestar de toda una región”, concluyen.