La remodelación y adecuación del Centro Regional Universitario (CRU) de Colón, licitada en 2018 y valorada en unos $9.2 millones, enfrenta cuestionamientos por la demora en la culminación del proyecto y una disputa sobre quién tiene la responsabilidad legal del contrato.
Se trata del contrato N.° 89-18 suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la empresa Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., para ejecutar intervenciones en distintas instalaciones del CRU de Colón, perteneciente a la Universidad de Panamá (UP). Entre los trabajos están la remodelación de la biblioteca, adecuaciones a las facultades de Educación, Administración Pública, así como intervenciones en los edificios administrativos y la demolición de una piscina.
Originalmente, el proyecto fue impulsado por el Ministerio de la Presidencia. En 2018 fue licitado, adjudicado y refrendado, y se realizaron pagos correspondientes a facturas emitidas. Durante los años siguientes, la obra comenzó a ejecutarse y, hasta la fecha, registra un avance cercano al 70%, según las fuentes consultadas.
En 2022, durante la administración de Laurentino Cortizo, se suscribió un convenio interinstitucional entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Panamá para trasladar el proyecto a la institución universitaria.
El convenio fue firmado el 27 de mayo de 2022 y posteriormente recibió el refrendo de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el documento establecía que, después del refrendo, debía formalizarse una adenda de subrogación del contrato, mediante la cual la UP asumiría legalmente la posición contractual. Este trámite no llegó a concretarse.
En la actual administración, durante una reunión celebrada el 26 de enero de 2026, el Ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Carlos Orillac, manifestó a la Contraloría General de la República su decisión de proceder con el cierre administrativo y financiero del contrato mediante su liquidación.
Poco después, en una nota enviada por Orillac al rector de la UP, Eduardo Flores, fechada el 6 de febrero, se indica que la solicitud obedece a “la dilación y eventos adversos que no han permitido continuar con la adenda que se pretendía perfeccionar”. La misiva agrega que, en virtud de los mejores intereses de la Universidad de Panamá, se procederá a “fenecer el contrato”.
Flores aclaró que el proyecto de reconstrucción del centro regional no estuvo bajo responsabilidad directa de la universidad. Señaló que la empresa ha ejecutado menos del 70% de la obra y que los trabajos se han prolongado durante varios años. Además, mencionó que inspecciones realizadas, años anteriores han señalado posibles pagos a la empresa que no estarían plenamente respaldados por el avance de la construcción.
El director regional de la UP en Colón, Víctor Alexis, dijo que más de 8,000 estudiantes universitarios, entre los matriculados en el CRU y sus anexos, son los más afectados por no contar con una sede adecuada para sus estudios.
Explicó que, recientemente, la Facultad de Economía fue vandalizada y que varias obras ejecutadas por la empresa se han deteriorado con el paso del tiempo. Actualmente, alrededor del 15% de los estudiantes recibe clases presenciales, principalmente en carreras específicas, mientras que el resto continúa en modalidad virtual.
Faltó subrogar una adenda, destaca Chong
Para la diputada de Colón Yamireliz Chong uno de los principales problemas que ha impedido dar seguimiento y continuidad a esta obra es que, después del refrendo del convenio interinstitucional, debía formalizarse una adenda de subrogación del contrato mediante la cual la UP asumiría legalmente la posición contractual.
Según la diputada, esa subrogación no llegó a concretarse y ese punto se convirtió en el centro de una disputa institucional. “La Universidad de Panamá sostiene que, al no haberse formalizado la subrogación, no asumió plenamente la responsabilidad legal del contrato”.
En 2025, la diputada realizó una inspección al proyecto del CRU de Colón y encontró, según afirmó, una obra en estado de abandono. Señaló que el proyecto presentó problemas desde sus primeras etapas, entre ellos la falta de algunos permisos de construcción y de planos adecuados.
La diputada afirmó además que la obra fue ralentizándose hasta quedar prácticamente paralizada. Durante ese período, se produjeron robos de equipos y materiales, incluidos componentes de los sistemas de acondicionadores de aire.
La Contraloría realiza auditoría
La Prensa consultó al Ministerio de la Presidencia sobre la situación del CRU de Colón. La entidad informó que la Contraloría General de la República realiza una auditoría, luego de los análisis y evaluaciones efectuados por la actual administración.
“Se están realizando las investigaciones para determinar la verdad y actuar con las denuncias penales correspondientes si hubo delito, y analizar la mejor manera de ponerle fin a una promesa más incumplida”, indicó la entidad.
El Ministerio de la Presidencia informó que a la empresa Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., se le ha pagado el 79% del valor de la obra, y que la empresa no habría cumplido con lo prometido.
Agregó que “el Gobierno nacional, en virtud de la autonomía universitaria, ha sido muy respetuoso, pero también fiscalizador, porque se trata de recursos públicos”. La entidad añadió que “toda la demora y los incumplimientos hasta ahora solo la han pagado los alumnos de la ciudad de Colón”.
Eurox responde al anuncio de liquidación del contrato
Ante estos señalamientos, Carlos Isaza, gerente de Operaciones de la empresa Eurox, S.A., sostiene que la compañía no ha abandonado el proyecto de reconstrucción del CRU de Colón y atribuye la paralización de los trabajos principalmente a la falta de vigencia del contrato y a los cambios de responsabilidad entre distintas entidades del Gobierno.
Según el gerente de Operaciones, la empresa ha ejecutado obras por más de $6 millones, mientras que quedarían aproximadamente $1.8 millones en trabajos por realizar y $1.2 millones en cuentas por cobrar.
Isaza señaló que el principal problema es la falta de una adenda de tiempo que permita mantener vigente el contrato. La empresa asegura que solicitó la tercera adenda desde 2020, luego de que el contrato venciera durante el período de la pandemia, y que esta no ha sido resuelta.
La empresa afirma que, tras solicitar una reunión con las nuevas autoridades de la Universidad de Panamá, conoció que el expediente había sido devuelto al Ministerio de la Presidencia, específicamente a la Secretaría de Metas.
Eurox asegura que posteriormente —no precisó la fecha— envió una nota al secretario de Metas, con copia al ministro de la Presidencia, y que, más de 30 días después, no había recibido respuesta.
