Panamá ya cuenta con datos frescos y confiables sobre su población con discapacidad, gracias a la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), realizada en el primer trimestre de 2024, tras 18 largos años de espera sin información oficial actualizada.
Este estudio, que costó 1.5 millones de dólares y fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representa un acto de justicia social, ya que visibiliza a una población históricamente olvidada y brinda insumos para el diseño de políticas públicas inclusivas.
El coordinador técnico de Accesibilidad y Discapacidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Miguel Atencio, explicó que la primera encuesta se realizó en 2006 y que este tipo de estudios debería llevarse a cabo cada cinco años. Sin embargo, la falta de recursos económicos impidió su continuidad, lo que generó una brecha de 18 años sin datos confiables.
La ENDIS-2 fue desarrollada con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Senadis, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el BID y contó con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como de la sociedad civil y personas con discapacidad, quienes validaron y enriquecieron el instrumento de medición.
18% de la población vive con discapacidad
Los resultados revelan que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en Panamá, lo que representa el 18% de la población, un incremento notable frente al 11.3% registrado en 2006.
Del total, el 58% son mujeres y el 42% son hombres, un hallazgo que evidencia un doble nivel de vulnerabilidad en la población femenina. Además, el 67% reside en áreas urbanas y el 33% en zonas rurales, siendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste las que concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad, lo que se explica por su alta densidad poblacional, según evidencia el documento.
Las provincias de Chiriquí, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé también presentan concentraciones significativas, especialmente en áreas rurales donde el acceso a servicios básicos es más limitado. La encuesta identificó que 23 de cada 100 viviendas albergan al menos a una persona con discapacidad, un dato que impulsa la necesidad de garantizar viviendas accesibles.
En este sentido, Atencio indicó que el Ministerio de Vivienda ya implementa políticas para que al menos el 10% de las viviendas sociales sean diseñadas con mayor espacio y adaptaciones para movilidad, incluyendo puertas más anchas, baños accesibles y pisos adecuados.
Asimismo, se promueve la colaboración con empresas privadas, arquitectos y la academia para garantizar que los nuevos proyectos habitacionales incorporen criterios de accesibilidad universal, que contemplen tanto la movilidad física como el acceso a la comunicación y la tecnología.
La ENDIS-2 incorporó, por primera vez, preguntas sobre las secuelas de la covid-19. De la población con discapacidad, un tercio fue impactado por la pandemia, lo que incrementó problemas respiratorios, de movilidad y emocionales.
Además, las discapacidades más frecuentes identificadas fueron las viscerales o de órganos y sistemas, seguidas por deficiencias físicas, intelectuales, visuales, comunicacionales, mentales y auditivas. Estos hallazgos permiten comprender no solo la magnitud de la discapacidad, sino también sus implicaciones en la salud y la vida cotidiana de las personas.
En el ámbito educativo, la encuesta revela brechas significativas en la inclusión de personas con discapacidad. La mayoría de los estudiantes con discapacidad se encuentra en la primaria, pero su participación disminuye progresivamente en secundaria, media, premedia y educación superior.
Para atender esta situación, se utilizan aulas de recursos que complementan la educación regular, además de programas del Instituto Panameño de Habilitación Especial para quienes requieren atención especializada. Se promueve también la inclusión en educación técnica y universitaria, reconociendo que no todas las personas con discapacidad seguirán estudios universitarios, pero tienen derecho a elegir su formación según sus intereses y capacidades, precisó Atencio.
Visibilización y planificación
El coordinador técnico enfatizó que la ENDIS-2 no solo genera estadísticas: visibiliza a las personas con discapacidad y permite al Estado planificar políticas públicas basadas en evidencia.
“Lo que no se cuenta no existe; al tener esta radiografía, el Estado debe delinear políticas a favor de esta población y tratarla con dignidad, no con lástima”, afirmó.
La población con discapacidad solicita oportunidades en salud, educación, empleo y participación comunitaria, y la ENDIS-2 proporciona información clave para responder a estas demandas.
En el país, además de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, se identifican concentraciones significativas en Chiriquí, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé. En estas áreas rurales, la población enfrenta mayor dificultad de acceso a servicios de salud, educación y empleo, lo que resalta la necesidad de políticas diferenciadas según el contexto urbano o rural.
La ENDIS-2 también permite medir la efectividad de los programas sociales existentes y orientar la planificación futura. La información recopilada será utilizada para monitorear políticas públicas cada cinco años, integrando la encuesta dentro de la hoja de ruta del INEC y asegurando la coordinación con la Senadis. Este mecanismo garantiza continuidad y actualización de los datos, fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en todas las acciones gubernamentales dirigidas a la población con discapacidad.
Un hallazgo central es que la discapacidad tiene rostro de mujer, ya que el 58% de las personas con discapacidad son mujeres, un dato que evidencia la necesidad de políticas específicas que atiendan sus vulnerabilidades.
También, se destaca la importancia de eliminar barreras actitudinales, consideradas la mayor limitación para la inclusión. Incorporar a las personas con discapacidad a la educación, el trabajo y la vida comunitaria fortalece a la sociedad y reduce la dependencia de subsidios.
Finalmente, la ENDIS-2 no solo aporta estadísticas: es una herramienta de justicia social, planificación y conciencia, que visibiliza a la población con discapacidad, impulsa políticas inclusivas y contribuye a construir un Panamá más accesible y equitativo para todos.
El Estado, la sociedad civil y los sectores públicos y privados deben coordinar esfuerzos para garantizar que cada persona con discapacidad tenga acceso a oportunidades dignas y pueda desarrollarse plenamente en su comunidad, con inclusión y respeto a sus derechos humanos.
