El debate por el pago del bono de fin de año en la Universidad de Panamá (UP) tomó un nuevo giro tras la reacción del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien enfatizó que la distribución interna del presupuesto universitario es responsabilidad exclusiva de la institución.
La universidad requiere un total de 2.2 millones de dólares para el bono de fin de año, que por lo general se paga el 15 de diciembre.
Consultado sobre la situación, Chapman declaró que “la Universidad de Panamá tiene su presupuesto y debe hacer una asignación dentro de él. Nosotros, en el ministerio, no entramos en esa asignación ni en cómo lo distribuyen. Eso es potestad de cada institución, incluida la universidad”.
La declaración surge en medio del reclamo de la UP, que insiste en que necesita la aprobación de traslados presupuestarios por parte del MEF para poder hacer frente al pago de la gratificación anual de fin de año, un derecho establecido en la Convención Colectiva 2024-2028.
El Consejo Administrativo de la UP envió recientemente una carta a la Dirección de Presupuesto de la Nación solicitando reconsiderar el rechazo a los traslados internos que permitirían ejecutar el pago del bono. El rector Eduardo Flores explicó que se han gestionado 20 partidas de 299,000 dólares cada una, pero todas —salvo una aprobada en abril— fueron rechazadas bajo criterios de contención del gasto.
La universidad sostiene que los fondos provienen de ahorros generados por licencias sin sueldo, jubilaciones, renuncias y fallecimientos, por lo que no representan incrementos en el gasto público ni contravienen las medidas de austeridad.
Además, la UP fundamenta su solicitud en la Constitución, su Ley Orgánica —que garantiza su autonomía administrativa y presupuestaria— y la Convención Colectiva vigente, la cual establece la obligación de pagar esta gratificación.
La persistencia de los rechazos del MEF ha generado inquietud entre los funcionarios, quienes temen un impacto negativo en el clima laboral y en la confianza institucional. El rector Flores advirtió que el retraso afecta directamente obligaciones laborales reconocidas por ley.
Pese a la presión de diversos sectores universitarios, el MEF no ha emitido comentarios adicionales sobre los traslados rechazados ni sobre la solicitud de reconsideración presentada por la UP.
Por ahora, la posición del ministro Chapman deja claro que, desde su perspectiva, la responsabilidad recae en cómo la universidad decide utilizar los recursos ya asignados dentro de su propio presupuesto.
