Panamá graduará este año a más de 100 mil jóvenes entre primaria y media de escuelas oficiales, quienes arrastran un promedio de 2.5 años de clases presenciales perdidas a lo largo de su formación escolar.
Esa cifra equivale a unos 490 días de interrupciones escolares, según datos de Jóvenes Unidos por la Educación, y representa uno de los retrocesos más graves en el desarrollo formativo de una generación.
“Estamos hablando de una generación que llega al final de su etapa escolar sin haber pasado el tiempo suficiente en las aulas. Las consecuencias son profundas, y muchas de ellas aún no se ven”, advirtió Yair Velásquez, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
Las pérdidas comenzaron con la pandemia de covid-19 en 2020, se agudizaron con las huelgas docentes de 2022 y 2023, y se consolidaron con las protestas prolongadas contra el contrato minero y las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). El resultado: una interrupción inédita en América Latina. “Ningún otro país de la región perdió tanto tiempo lectivo en tan poco tiempo”, añadió Velásquez.
Estas interrupciones no solo significan menos horas frente al docente, sino también graves brechas en la adquisición de competencias clave, como comprensión lectora, matemáticas y habilidades digitales.
A ello se suma una seria afectación en la salud mental del estudiantado. El propio Ministerio de Educación (Meduca) lo evidenció en 2022, tras encuestar a más de 35 mil estudiantes: el 43% mostró algún grado de afectación emocional, desde leve hasta grave. Más alarmante aún: 800 estudiantes confesaron tener pensamientos suicidas.
El impacto emocional es una secuela directa del cierre prolongado de escuelas. Mientras se discute cómo recuperar aprendizajes académicos, especialistas advierten que el daño psicológico derivado del aislamiento, la incertidumbre y la desconexión social exige atención urgente.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 8 de cada 10 cuidadores panameños están preocupados por el bienestar emocional de niños y adolescentes.
Un alto costo para los jóvenes
Para Velásquez, las autoridades educativas sabían desde hace más de una década que el sistema requería cambios estructurales. “La prueba PISA de 2009 ya lo advertía. Lo dijeron también más de 17 diálogos nacionales. Pero las respuestas fueron parciales, improvisadas, y hoy lo estamos pagando caro”, lamentó.
La pérdida no se limita al plano educativo. Muchos de estos jóvenes se enfrentarán a un mercado laboral que no genera empleos formales suficientes y exige habilidades que el sistema educativo no supo brindar. Entre 2019 y 2024, mientras el país solo creó 3,520 nuevos empleos formales, más de 10,500 jóvenes perdieron los suyos. Hoy, el desempleo juvenil alcanza el 17.8%, y seis de cada diez jóvenes sobreviven en la informalidad.
La situación empeora si se considera el contexto económico: el costo mensual estimado para una familia panameña supera los $1,000, mientras que el salario promedio ronda los $734. Esta brecha obliga a muchos adolescentes a abandonar los estudios o aceptar empleos mal remunerados, perpetuando un ciclo de pobreza, exclusión y frustración.
“Una generación no puede cargar sola con los errores de un Estado que no supo garantizar su derecho a la educación. Si no actuamos ahora, lo que hoy es un problema educativo se convertirá en una crisis social y económica”, advirtió Velásquez.
El llamado es urgente: recuperar el tiempo perdido ya no es una opción, es una necesidad impostergable. Panamá debe replantearse su modelo educativo, garantizar estabilidad en las aulas y cerrar las brechas que han marcado a quienes hoy se gradúan sin haber tenido las oportunidades que merecían.
Sin embargo, los gremios docentes mantienen un paro indefinido hasta que se derogue la Ley 462, que reformó la CSS. El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que esa ley no será derogada, dejando en suspenso el futuro inmediato del calendario escolar.
Mientras que la ministra de Educación, Lucy Molinar, solicita a los docentes a las aulas de clases y promete que no habrá ningún tipo de represalias, pues no requieren finiquito de huelga.
Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, afirmó que el 95 % de los docentes sigue en las calles, organizando marchas, piquetes y concentraciones en todo el país.
“No nos vamos a rendir hasta que esta ley sea eliminada”, recalcó Montero, destacando también el apoyo de padres de familia, estudiantes y otros sindicatos.
Por su parte, Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), confirmó que las acciones de protesta continuarán y que mañana no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas.
“Aunque el gobierno haga llamados, los maestros seguimos firmes en nuestra lucha para defender nuestros derechos y la salud pública afectada por la reforma a la CSS”, señaló Abrego.
