El costo de los medicamentos volvió a ser un tema de debate tras el primer informe del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien se comprometió a erradicar lo que denominó “la mafia de la medicina” dentro de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa). Además, el mandatario instruyó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, a garantizar la disponibilidad de las 20 medicinas más utilizadas con un descuento significativo, aunque sin especificar el porcentaje exacto.
Frente a estas declaraciones, Elvia Lau, quien lideró la Dirección de Farmacia y Drogas del MINSA durante cinco años en la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), expresó su opinión en una entrevista con La Prensa. Lau afirmó que, si el Presidente tiene razones para hacer afirmaciones sobre malas prácticas, es fundamental que las respalde con evidencia sólida. También subrayó que, si se confirma la existencia de estas irregularidades, los responsables deben ser desvinculados de inmediato.
Lau destacó que durante su gestión la mayoría de los funcionarios de la Dirección de Farmacia y Drogas mantenía un nivel ejemplar de profesionalismo. No obstante, reconoció que en casos aislados fue necesario desvincular a personal por conductas inapropiadas que afectaban la eficiencia de la institución. Un ejemplo fue el caso de una funcionaria que, a pesar de no ser farmacéutica, despertó sospechas debido a su actitud. “Olía a botella”, comentó Lau, refiriéndose a los días en que la funcionaria faltaba al trabajo, especialmente los lunes y viernes después de días festivos. Este comportamiento fue intolerable, por lo que la funcionaria fue enviada a Recursos Humanos para su desvinculación inmediata.
Otro caso que mencionó Lau fue el de una trabajadora encargada de la gestión de registros sanitarios. Relató que esta funcionaria, de forma recurrente, enviaba registros incorrectos, lo que generaba complicaciones en la tramitación de documentos importantes. “Si le pedías el registro sanitario 0838, ella enviaba el 0737″, explicó Lau. Aunque estos errores fueron pocos, afectaron la eficiencia del proceso y la confianza en el sistema.
En resumen, Lau defendió la labor del personal en general, resaltando que la mayoría de los funcionarios trabajaron con dedicación y profesionalismo. Sin embargo, insistió en que los casos aislados de malas prácticas deben ser abordados de manera firme y sin demoras.
Avances en medicamentos y normativas
Lau explicó que, al iniciar su gestión, se propusieron ampliar la canasta básica de medicamentos, que originalmente incluía 40 moléculas. La extendieron a 153, con el objetivo de ofrecer más opciones a los pacientes. Esta canasta debe ser monitoreada por la Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia), y las farmacias deben contar con una lista actualizada de estas moléculas para que los pacientes puedan comparar y elegir el medicamento más adecuado.
Añadió que la normativa establece que los médicos deben prescribir medicamentos genéricos, con la opción de incluir una marca o medicamento innovador entre paréntesis. Sin embargo, es el paciente quien decide qué comprar, dependiendo de las opciones ofrecidas por el farmacéutico. Destacó que en Panamá existe una fuerte preferencia por los medicamentos innovadores, a diferencia de países como Estados Unidos, donde los genéricos son más comunes.
Otro aspecto que mencionó de su período fue la implementación de una política nacional de medicamentos cuyo objetivo es fortalecer la industria local, que aún es incipiente en Panamá, con pocos laboratorios dedicados a la fabricación de medicamentos. Al convertir esta política en ley, se logró darle mayor impulso a la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá, que adquirió más relevancia al ser designada oficialmente mediante un decreto.
También se modificó la Ley 1 del 10 de enero de 2001, que cumplió 24 años el 10 de enero. A lo largo de este tiempo, se implementaron reformas a través de la Ley 97 y otros decretos. Sin embargo, se decidió unificar todos estos cambios en una sola ley, lo que llevó a la creación de la Mesa Técnica de Medicamentos, compuesta por actores clave del sector, como la academia (incluyendo a las decanas de las facultades de Farmacia y Medicina), la Cámara de Comercio, distribuidores, pequeñas farmacias y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. El objetivo de esta mesa fue diseñar una ley sólida y su correspondiente reglamentación.
Aquí el informe de gestión de Lau
De esta manera, nació la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, que incluye elementos clave como el Observatorio Nacional de Medicamentos, el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos, la receta electrónica, el Centro Nacional de Negociación de Precios de Medicamentos y el Sistema Nacional de Negociación de Precios de Medicamentos. La parte regulatoria entró en vigencia el 1 de agosto de 2024, mientras que la parte de adquisición comenzó a operar el 1 de noviembre de 2024, por lo que tiene menos de dos meses de haberse puesto en marcha.
Es necesario permitir que la ley funcione y genere resultados concretos, dijo Lau. La finalidad principal no es solo reducir los precios, sino asegurar un abastecimiento oportuno en las instituciones públicas de salud. Si estas instalaciones de salud cuentan con el suministro adecuado, los pacientes no necesitarán buscar sus medicamentos en otros lugares.
Esta misma ley, junto con el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024, que reglamenta la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, establece de manera detallada todo lo relacionado con el registro sanitario. Se contemplan cuatro procedimientos específicos: el regular, el abreviado, el de reconocimiento mutuo y el prioritario.
El procedimiento prioritario está diseñado para agilizar la entrada de medicamentos innovadores provenientes de países con alto desarrollo en investigación, como Europa y Estados Unidos. Por otro lado, el procedimiento abreviado garantiza que el registro sanitario se otorgue en un plazo máximo de 20 días, acotó.
En el pasado, la tramitación de registros sanitarios podía tomar mucho tiempo. Para evitar que esto se repitiera, Lau aseguró que se implementaron medidas como la firma digital, que agilizaron el proceso. Al final de su gestión, un registro sanitario podía ser aprobado en un máximo de 30 días, siempre y cuando el tramitante presentara la documentación requerida de manera adecuada.
En última instancia, Lau insistió en que los cambios normativos y las mejoras en la gestión de medicamentos deben traducirse en resultados visibles para la población. “La prioridad no es solo reducir precios, sino asegurar que ningún paciente tenga que recorrer farmacias buscando medicamentos esenciales. Eso es lo que realmente marca la diferencia”, concluyó.
Perfil de la entrevistada
- Elvia Lau es una profesional con amplia formación en el ámbito farmacéutico, incluyendo una Maestría en Gestión de Servicios Farmacéuticos.
- Su experiencia incluye roles clave en el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) como directora nacional de Farmacia y Drogas (2019-2024) y previamente como asesora en asuntos regulatorios.
- Trabajo en la implementación de políticas en el sector farmacéutico y ha trabajado en la industria privada, además de ser parte activa de comités y congresos relacionados con la salud y la farmacología.
- Su trayectoria también incluye contribuciones a la prevención de productos falsificados y la promoción de la bioseguridad.