En las últimas semanas, la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) ha expresado su preocupación por la forma en que la Caja de Seguro Social (CSS) está llevando a cabo las licitaciones para la compra de medicamentos, especialmente los biotecnológicos y biológicos, por un monto de $84.6 millones.
Esta licitación ha puesto en evidencia una posible priorización del costo sobre la calidad y seguridad de los tratamientos, lo que podría poner en riesgo la salud de los panameños que dependen de estos medicamentos para controlar enfermedades crónicas y degenerativas.
En una entrevista con La Prensa, Enma Pinzón, presidenta de la Fenaeccd, detalló sus preocupaciones y urgió a las autoridades de salud a reconsiderar las licitaciones y adoptar un enfoque que priorice la calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos.
Según Pinzón, la CSS está tomando decisiones que podrían tener graves consecuencias para los pacientes al no exigir los estudios de comparabilidad e intercambiabilidad necesarios para los medicamentos biosimilares.
Durante las reuniones sobre la homologación de medicamentos, la Fenaeccd solicitó que se añadieran requisitos adicionales para garantizar la calidad y seguridad de los productos. Los medicamentos biotecnológicos, a diferencia de los fármacos convencionales, son proteínas complejas que pueden afectar significativamente el comportamiento celular. Al ser productos de alto riesgo, requieren pruebas rigurosas para asegurar que sean seguros y eficaces.
Sin embargo, Pinzón denunció que la CSS solo está exigiendo el certificado de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) o de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y el registro sanitario, pero no estudios de comparabilidad entre los productos.
“El hecho de que un medicamento lleve el mismo nombre no significa que tenga el mismo efecto”, advirtió Pinzón. Añadió que la única manera de garantizar que un biosimilar funcione de la misma forma que un producto original es mediante estudios de intercambiabilidad, los cuales no se están solicitando.
Pinzón también destacó los riesgos que enfrentan los pacientes cuando el costo se prioriza sobre la salud. En el caso de los pacientes con enfermedades reumáticas, estos tratamientos no son curativos, sino que controlan la progresión de la enfermedad. Si un medicamento no funciona adecuadamente, los pacientes pueden sufrir retrocesos en su tratamiento, lo que puede llevar a crisis graves, complicaciones y un deterioro en su salud.
“Es un riesgo para el paciente que tiene su enfermedad controlada, pero que ve cómo el medicamento que lo mantenía bien es sustituido por uno más barato. Si el tratamiento falla, el paciente retrocede en su control, lo que puede ocasionar crisis graves y la necesidad de intervenciones quirúrgicas, como el reemplazo de rodillas y caderas”, expresó Pinzón con tono firme.
La presidenta de la Fenaeccd también alertó que este tipo de decisiones pone en peligro la calidad de vida de los pacientes, quienes podrían verse obligados a recurrir a terapias de urgencia y perder días laborales debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad.
La ausencia de un marco regulatorio claro
Otro punto crítico señalado por Pinzón fue la falta de un marco regulatorio claro para los biosimilares en Panamá. A pesar de la promulgación de la Ley 419 de medicamentos en febrero de 2024, que definió por primera vez los biosimilares y los medicamentos biocomparables, aún existen vacíos legales en su reglamentación.
Esta laguna ha permitido la entrada al mercado de productos provenientes de países con normativas débiles, como India y China, cuyos controles para la fabricación y comercialización de medicamentos no son tan estrictos como los de países con altos estándares.
Pinzón explicó que los productos provenientes de India y China entran al país a través del sistema denominado “Fast Track”, que permite que un producto fabricado en esos países sea registrado y vendido en Panamá sin cumplir con los estándares exigidos en otros países. “Este proceso pone en riesgo la calidad de los productos que llegan a los pacientes”, advirtió Pinzón.
Además, denunció que, aunque el gobierno ha permitido la entrada de estos productos, no existen garantías suficientes de que cumplan con los requisitos de seguridad y eficacia necesarios.
Licitaciones con criterios limitados
Pinzón también se mostró frustrada por el manejo de las licitaciones de medicamentos en Panamá, que, según ella, se evalúan principalmente en función del precio. Aunque la Ley 419 establece una tabla de ponderación que debería considerar no solo el costo, sino también la calidad y seguridad de los productos, las instituciones responsables siguen optando por procedimientos tradicionales que no garantizan una evaluación científica adecuada.
Enma Pinzón, presidenta de la Fenaeccd
El costo no debe ser la única variable a la hora de elegir un tratamiento. Si un medicamento falla, los pacientes enfrentan retrocesos graves en su salud, lo que pone en riesgo su bienestar y calidad de vida.
“La ley ya establece mecanismos para mejorar la compra de medicamentos, pero las autoridades siguen ignorándolos. Es más fácil seguir por el camino conocido y comprar por precio, sin tomar en cuenta la evidencia clínica”, afirmó Pinzón.
Señaló que los pacientes no deberían ser sujetos de experimentos, sino que deben ser priorizados en la toma de decisiones sobre los medicamentos que recibirán.
A pesar de sus preocupaciones, Pinzón expresó su esperanza de que la nueva administración de la CSS sea más receptiva a las inquietudes de los pacientes. Sin embargo, lamentó que, hasta la fecha, no se haya tomado ninguna acción concreta en respuesta a las solicitudes realizadas en reuniones previas.
Pinzón también enfatizó que las organizaciones de pacientes seguirán luchando por la calidad de los medicamentos y por asegurar que los pacientes no sean utilizados como conejillos de indias.
“No estamos pidiendo nada por capricho, sino porque tenemos evidencia científica que respalda nuestras preocupaciones”, concluyó Pinzón, reafirmando que no se oponen a los biosimilares ni a los genéricos, siempre que se garantice que estos productos sean seguros y eficaces.
La situación planteada por la Fenaeccd no es un problema menor. El costo de un medicamento no debe ser la única variable a la hora de elegir un tratamiento para enfermedades que afectan a miles de personas. La seguridad, calidad y eficacia deben ser las prioridades.
Si no se toman medidas inmediatas para mejorar los procesos de licitación, las autoridades de salud podrían comprometer la salud pública y poner en riesgo la vida de los pacientes que confían en el sistema para su tratamiento.
El llamado es claro: es hora de poner la salud de los pacientes por encima del costo económico.
Perfil del entrevistado
Farmacéutica. Gerenció El Boticario. Presidió la Fundación de Artritis Reumatoidea. Fue miembro del Colegio Nacional de Farmacéuticos y de la Comisión de Desabastecimiento Crítico de Medicamentos y presidenta de la Federación de Asociación de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.
