Un total de $19 millones le adeudan las juntas comunales de todo el país a la Caja de Seguro Social (CSS) en concepto de la cuota obrero patronales, según informó el director de Finanzas de la entidad, Félix Camargo Ardines, durante la comparecencia del director general, Enrique Lau Cortés, en la Asamblea Nacional, ayer jueves 19 de septiembre.
El director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, compareció este jueves ante la Asamblea Nacional, a 7 días de que culmine su administración.
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 19, 2024
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La respuesta del director de Finanzas de la CSS surgió luego de que el diputado José Antonio Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, cuestionara el seguimiento que hace la institución respecto a los cobros de las cuotas a los representantes y alcaldes del país. Citó, por ejemplo, la deuda de $300 mil que mantiene la junta comunal de Burunga, un corregimiento del distrito de Arraiján, Panamá Oeste.
Ante esta consulta, Lau Cortés pidió a Camargo Ardines que respondiera a la interrogante del diputado Pérez Barboni. “La deuda de todas las juntas es de $19 millones. A las entidades se les otorga un período de gracia de unos 60 días para que paguen, y a partir de ahí se establecen los recargos”, explicó el funcionario.
Un reporte al que tuvo acceso La Prensa en abril de este año revelaba una deuda acumulada de $36.7 millones. Esta deuda está liderada por entidades del gobierno central, con $20.3 millones, seguida por los municipios y juntas comunales con otros $16 millones, y $351 mil correspondientes a entidades descentralizadas. En el listado aparecen 103 juntas comunales.
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Planilla de la CSS
Durante la comparecencia en el pleno legislativo, Lau Cortés explicó también el tema de la planilla de la CSS, compuesta por 35 mil funcionarios. De este grupo, el personal de salud suma 27,393 funcionarios y 7,813 son administrativos.
Ante los cuestionamientos sobre el aumento de la planilla, Lau señaló: “solo se ha incrementado la planilla con 344 personas más, de las cuales el 85% son personal de salud y el 15% administrativo”, tomando en cuenta la apertura de la Ciudad de la Salud, que requirió de nuevo personal.
No obstante, el director de la CSS no mencionó el plan de retiro voluntario que la entidad implementó en 2022, a través del cual más de 5,817 funcionarios salieron de la planilla de la CSS en los últimos cinco años. Estas plazas fueron nuevamente ocupadas, según denunciaron en su momento los gremios.
“Se comenta que la CSS está llena de ‘botellas’”, preguntó el diputado Pérez Barboni. Ante este señalamiento, Lau indicó que ha preguntado por escrito a los directores del país si tienen algún funcionario que cobra sin trabajar, y le han informado que no tienen.
Además, Pérez Barboni cuestionó si en su administración los políticos pidieron nombramientos por motivos políticos, a lo que el director de la CSS respondió: “claro que sí, muchos, pero este director nombra a las personas por sus competencias”.
Querellas por retención de cuotas
Otro de los temas que surgió en el interrogatorio en el pleno legislativo fue si se ha dado alguna condena por el delito de retención de cuotas o incumplimiento de los acuerdos de pago, pregunta realizada por la diputada independiente Yarelis Rodríguez.
Según indicó Lau Cortés, en el período entre 2019 y 2024 se han presentado 3,762 querellas por un monto de $84.6 millones, de las cuales 262 son por manejo indebido de la administración pública.
Por su parte, el diputado independiente Eduardo Gaitán señaló que hay 116 mil asegurados de los que se desconoce la fecha en que se inscribieron en la Caja de Seguro Social. Además, mencionó que hay cotizantes en el sistema que tienen más de 120 años y no se han jubilado.
Ante este cuestionamiento, Lau señaló que “una de las grandes deficiencias que tiene la institución se debe a la desarticulación del sistema de información”.
Con respecto a los activos que maneja la CSS, el director general dijo que están por el orden de los $450 millones; sin embargo, esto no ha sido revaluado en muchos años. Dio como ejemplo el caso del terreno de la entidad ubicado en Amador, donde existe una iniciativa de alquilarlo al consorcio encargado de la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
Lau también se refirió a la deuda de $17 millones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene con la CSS por un terreno que fue utilizado para el proyecto del tramo marino en Amador.