El pasado mes de enero se reportó un confuso incidente dentro del proyecto de la línea 3 del Metro, entre Panamá y Panamá Oeste, cuando trabajadores dieron a conocer amenazas de grupos organizados. En esa ocasión la Policía Nacional informó que no recibió denuncia formal.

Incluso, la Policía realizó una reunión con directivos del Consorcio HPH Joint Venture, encargado de la construcción del mencionado proyecto. Ahora, tres meses después, todo indica que lo ocurrido es una práctica sistemática a lo largo del país.

La nueva advertencia fue hecha por representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), durante una reunión que sostuvieron con autoridades del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.

Los puntos claves que se abordaron durante el encuentro fueron “seguridad” en los proyectos y “coordinar acciones” para reprimir la presencia de grupos delincuenciales que se dedican a extorsionar a empresarios en distintas obras en ejecución.

El problema específico es que hay grupos que se autodenominan “pacificadores del barrio”, los cuales son pandilleros que llegan a los proyectos de construcción a ofrecer supuesta seguridad, pero que en realidad lo que buscan es presionar a los ingenieros de las obras para que los contraten, por $800 mensuales, sin que eso implique ninguna responsabilidad laboral.

El encuentro

Carlos Allen, presidente de la Capac, subrayó que se trató de un encuentro para abordar la seguridad, puesto que se están dando situaciones de inseguridad en algunos proyectos.

“Tenemos algunas personas en las obras que tenemos que ir depurando y que están cometiendo actos ilícitos, extorsión, robos y precisamente eso es lo que originó esta reunión, para poder coordinar de manera directa con la Policía Nacional y así controlar estas situaciones”, puntualizó.

Por su parte, en el encuentro los representantes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público expresaron la importancia de presentar las denuncias, para que se pueda proceder con las investigaciones correspondientes y que exista la certeza del castigo.

Además del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en la reunión estuvieron John Dornheim, director de la Policía Nacional, y el procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

Según Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), abogan porque las empresas puedan trabajar con condiciones de seguridad necesarias.

“Es imperante la acción de las fuerzas de seguridad y garantizar que se pueda desarrollar la actividad de la construcción con las condiciones necesarias”, aportó.

En palabras del dirigente del sector empresarial, si no hay una acción rápida se pone en riesgo la continuidad de la actividad, ya que puede encarecer el valor de la inversión, teniendo que pagar por seguridad y esto no conviene al mercado.

Recuperación

La inquietud del dirigente empresarial es válida, si se toma en cuenta que la actividad viene saliendo a flote luego de ser una de las más golpeadas por la pandemia de covid-19.

En ese contexto, la inversión en nuevos proyectos de construcción, residencial y comercial, registró un crecimiento durante 2022, aunque el sector todavía no recupera los niveles previos a la pandemia.

Datos de la Contraloría General de la República indican que, entre enero y diciembre del año pasado, el costo de nuevos proyectos, sumado a la inversión destinada a reparaciones y modificaciones, alcanzó los $918.8 millones. La cifra supera los $722.6 millones reportados en 2021.

La Capac proyecta que en 2023 el sector registre un crecimiento de 10% y alcance los niveles previos a la pandemia.